
El Congreso de Colombia dio un paso adelante en el debate sobre la seguridad ciudadana al aprobar en primer debate el proyecto de ley conocido como “seguridad personal”.
Este proyecto, impulsado por el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina, del Partido Conservador, busca garantizar el derecho de los ciudadanos a portar armas como una medida para protegerse en situaciones de vulnerabilidad.
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Según declaraciones del congresista en La Fm, esta iniciativa responde a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los colombianos, lo que ha llevado a muchas personas a sentirse desprotegidas frente a la delincuencia.
De acuerdo con las declaraciones de Juan Carlos Wills, recogidas en redes sociales y medios de comunicación, el proyecto tiene como objetivo principal permitir que quienes tienen derecho a portar armas puedan ejercerlo de manera efectiva.

El proyecto de ley ha generado un amplio debate en el país, ya que propone que el porte de armas sea una herramienta para disuadir a los delincuentes.
Según Wills, la posibilidad de que los ciudadanos porten armas podría actuar como un elemento disuasorio frente a la criminalidad. “Si los bandidos saben que hoy hay posibilidad de porte de armas en el país, seguramente lo pensarán antes de cometer un delito”, aseguró el representante.
La iniciativa obtuvo 17 votos a favor y 6 en contra en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. De acuerdo con las declaraciones del representante Juan Carlos Wills, recogidas por La Fm, la propuesta no busca flexibilizar el acceso a las armas, sino garantizar el derecho constitucional que ya permite el porte de estas bajo ciertas condiciones.
Wills explicó que, desde 2016, un decreto presidencial ha restringido de manera continua el porte de armas, lo que ha dejado a muchos ciudadanos con permisos vigentes sin la posibilidad de utilizarlos. “El Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y hoy mucha gente en estado de vulnerabilidad, con derecho a portar armas, no puede hacer uso de ese derecho”, afirmó el congresista en diálogos con el medio mencionado.

El proyecto de ley surge en un momento en el que la inseguridad es uno de los principales problemas en Colombia, tanto en áreas urbanas como rurales. Según detalló Juan Carlos Wills, la iniciativa busca eliminar la corrupción asociada a los permisos especiales de porte de armas, los cuales, aunque deberían ser gratuitos, han dado lugar a prácticas irregulares y cobros indebidos.
“Hoy estamos limitando la potestad del presidente de la República para decretar la prohibición del porte de armas de manera permanente. Solo en estados de excepción o cuando el orden público esté alterado, el presidente podrá tomar esa decisión”, explicó el representante.
El congresista también destacó que el proyecto incluye requisitos rigurosos para quienes deseen portar armas, como exámenes psicológicos, físicos y de seguridad, además de un curso obligatorio de manejo y control de armas. “No se trata de entregar armas a cualquier ciudadano. Es un proceso que garantiza que solo quienes realmente lo necesiten y cumplan con los requisitos puedan acceder a este derecho”, aseguró Wills.
En respuesta a estas inquietudes, Juan Carlos Wills argumentó que el proyecto no busca incentivar la compra masiva de armas, sino regular el uso de las que ya están en manos de ciudadanos con permisos vigentes. “Hoy los delincuentes no necesitan permisos para portar armas, mientras que los ciudadanos de bien están indefensos. Este proyecto busca equilibrar las fuerzas en la sociedad”, afirmó el congresista.

Sin embargo, algunos críticos señalaron ejemplos internacionales, como el caso de Estados Unidos, donde el acceso a armas ha generado problemas graves, incluyendo tiroteos masivos. En este sentido, se planteó la necesidad de garantizar que quienes porten armas en Colombia estén dispuestos a usarlas de manera responsable y únicamente en situaciones de legítima defensa.
Uno de los puntos clave del debate es cómo afecta esta propuesta a las diferentes regiones del país. Según explicó Juan Carlos Wills, la inseguridad se vive de manera distinta en las áreas urbanas y rurales. Mientras que en las ciudades el porte de armas genera más rechazo, en las zonas rurales, donde la presencia del Estado es limitada, muchos ciudadanos ven en las armas una herramienta para protegerse de los grupos armados ilegales y la delincuencia.
“En la ruralidad colombiana, donde el flagelo de la inseguridad es más evidente, el uso de armas legales podría ser una solución para quienes no cuentan con esquemas de protección del Estado”, señaló el representante. No obstante, reconoció que descentralizar esta discusión es un desafío, ya que las decisiones suelen estar influenciadas por las perspectivas de las grandes ciudades.
Otro de los objetivos del proyecto es centralizar el control y la emisión de permisos de porte de armas en el Departamento de Control y Comercio de Armas (Dcae), una entidad que, según Wills, debe fortalecerse para combatir la corrupción y garantizar un manejo más eficiente de la información. Actualmente, los permisos son emitidos por diferentes jurisdicciones, lo que ha generado desorden y falta de supervisión.

“Hoy lo que estamos proponiendo es que el Dcae sea la única entidad encargada de emitir permisos, con una inversión en tecnología que permita agilizar los trámites y evitar que los ciudadanos recurran a tramitadores corruptos”, explicó el congresista. Además, destacó la importancia de actualizar el registro de armas en circulación, ya que muchas de ellas no han sido renovadas debido a las restricciones impuestas por el decreto presidencial.
Con la aprobación en primer debate, el proyecto de ley ahora pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde continuará el análisis y la discusión. Según La Fm, esta es una de las discusiones más importantes en el Congreso, dado el impacto que podría tener en la seguridad y la convivencia en el país.
El representante Juan Carlos Wills concluyó que el proyecto no pretende resolver todos los problemas de inseguridad, pero sí ofrecer una alternativa para quienes buscan protegerse en un contexto donde el Estado no siempre puede garantizar su seguridad. “No estamos diciendo nada distinto a lo que ya permite la Constitución. Solo queremos que quienes tengan un permiso vigente puedan usarlo para defenderse y vivir tranquilos”, afirmó.
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