DAS, paramilitares y corrupción: ministra de Justicia habló de las revelaciones que permitieron exponer una “cloaca interinstitucional”

Durante la conmemoración de los 20 años de la Ley de Justicia y Paz, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, realizó contundentes declaraciones en un evento organizado por la Contraloría General de la República. En su intervención, afirmó que esta legislación permitió destapar una “cloaca interinstitucional” que reveló diversas prácticas de corrupción y abuso de poder dentro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su relación con el denominado ‘Pacto de Ralito’.

Buitrago explicó cómo operaba el DAS durante el periodo en cuestión, al asegurar que desde esta institución se orquestaban asesinatos y masacres en contra de quienes eran considerados enemigos del Estado. “Asesinatos, masacres y homicidios eran concertados desde el Departamento Administrativo de Seguridad para acabar con los supuestos enemigos del Estado”, afirmó la alta funcionaria, al señalar la gravedad de las acciones ejecutadas bajo el amparo de organismos estatales.

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El ‘Pacto de Ralito’ —un acuerdo firmado entre grupos paramilitares y sectores políticos en 2001 con el objetivo de consolidar una influencia sobre el Estado—, también fue mencionado por la ministra. Según su análisis, la Ley de Justicia y Paz facilitó la revelación de vínculos entre actores políticos y grupos armados ilegales, sacando a la luz estructuras criminales que operaban en diversos niveles de la administración pública.

Buitrago se refirió a las dificultades que enfrentó la implementación de esta ley, al resaltar la falta de infraestructura y recursos adecuados: “Cuando se entregó esta ley no había ni la capacidad instalada en la Fiscalía General de la Nación, ni el procesamiento adecuado para manejar la cantidad de personas involucradas. Esto significa que cualquier proyecto de ley debe contar con una planificación adecuada para evaluar su efectividad a largo plazo”.

A pesar de estas deficiencias, la ministra destacó el papel crucial que desempeñó la Ley de Justicia y Paz en la reconstrucción de la verdad y en el reconocimiento de víctimas. En su balance, reconoció que este mecanismo legislativo permitió conocer detalles fundamentales sobre el conflicto armado, así como llevar ante la justicia a actores responsables de graves crímenes.

El evento en la Contraloría General sirvió de escenario para reflexionar sobre los aprendizajes y desafíos que dejó la implementación de esta ley. Según Buitrago, uno de los mayores aportes de la legislación fue la posibilidad de documentar crímenes que de otra manera hubieran permanecido ocultos. Sin embargo, también señaló que el país debe seguir avanzando en el fortalecimiento de la justicia transicional para garantizar la no repetición de estos hechos.

Cabe mencionar que, el DAS fue disuelto en 2011 debido a múltiples escándalos relacionados con violaciones a los derechos humanos, interceptaciones ilegales de comunicaciones, persecuciones políticas y vínculos con el crimen organizado. Investigaciones posteriores revelaron que dicho departamento había realizado espionaje a magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, lo que llevó a la pérdida de confianza en la institución. Además, se comprobó su infiltración por grupos paramilitares y su participación en actividades ilícitas.

Además, dicha entidad tuvo una relación indirecta con el ‘Pacto de Ralito’. Aunque el Das no fue firmante del pacto, investigaciones posteriores revelaron que altos funcionarios de la entidad colaboraron con grupos paramilitares, brindándoles información y apoyo logístico.

Uno de los casos más relevantes fue el de Jorge Noguera, director del DAS entre 2002 y 2005, que fue condenado por haber facilitado información a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), permitiendo el asesinato de sindicalistas y opositores. Documentos y testimonios demostraron que, bajo su dirección, la entidad eliminó antecedentes judiciales de paramilitares y les proporcionó información sobre operativos de las fuerzas de seguridad.

Este vínculo con las AUC, que promovieron y se beneficiaron del ‘Pacto de Ralito’, evidencia cómo el DAS fue utilizado para fortalecer la influencia paramilitar en la política colombiana. Esta infiltración y sus consecuencias fueron una de las razones que llevaron que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos decidió eliminar el DAS y trasladar sus funciones a otras entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Policía Nacional.