Una iniciativa ciudadana respaldada por diversos colectivos y organizaciones sociales busca reducir las desigualdades laborales en Colombia al proponer una prima especial para los trabajadores vinculados mediante contratos por prestación de servicios.
Esta propuesta, que ya fue presentada al Congreso de la República, pretende beneficiar a millones de colombianos que laboran bajo esta modalidad contractual, caracterizada por la ausencia de prestaciones sociales y estabilidad laboral.
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La prima propuesta equivaldría al 25% de los honorarios mensuales de los contratistas que hayan trabajado durante al menos un año con el mismo empleador.
Este beneficio, que actualmente no está contemplado para los trabajadores por prestación de servicios, busca equiparar parcialmente las condiciones de estos empleados con las de aquellos vinculados mediante contratos laborales tradicionales.
En Colombia, los contratos por prestación de servicios son una modalidad de vinculación laboral de naturaleza civil, diseñada para tareas específicas y por un tiempo determinado.
Según el Ministerio de Trabajo, este tipo de contrato permite a las partes acordar las condiciones de la prestación de un servicio a cambio de honorarios, sin que exista subordinación ni obligaciones como el cumplimiento de horarios o la recepción de órdenes constantes.
Sin embargo, en la práctica, muchas empresas exigen a los contratistas responsabilidades similares a las de un empleado con contrato laboral directo, sin otorgarles los beneficios correspondientes.
Esto incluye la ausencia de derechos como vacaciones, cesantías, auxilios de transporte y, especialmente, la prima de servicios, que es un pago adicional reconocido a los trabajadores dependientes como compensación por su esfuerzo y contribución a la productividad empresarial.
La prima de servicios, según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, corresponde a 30 días de salario por año y se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Este beneficio aplica para empleados con contratos a término fijo e indefinido, así como para trabajadores domésticos y otros roles formales.
Sin embargo, los contratistas por prestación de servicios no están cobijados por esta normativa, lo que los deja en desventaja frente a otros tipos de contratación.
Cristian Sinisterra, abogado y miembro del colectivo El Avispero, explicó que esta iniciativa surge de la necesidad de evidenciar y reducir las desigualdades que enfrentan los trabajadores bajo esta modalidad. Según sus declaraciones, recogidas por el medio fuente, la falta de acceso a prestaciones sociales afecta especialmente a los jóvenes, quienes representan una gran proporción de los contratistas en el país.
“Las juventudes tenemos sueños de tener un apartamento propio, una casa, y alcanzar metas que son comunes para todos. Pero estas desigualdades contractuales recargan el bolsillo y dificultan cumplir esos objetivos”, afirmó Sinisterra por medio de un comunicado.
La propuesta de prima para contratistas cuenta con el respaldo de los colectivos Incidir para Existir, Colombia Resuena, Movilizatorio y El Avispero, que trabajaron en conjunto para visibilizar esta problemática y promover un cambio legislativo.
El 29 de agosto de 2024, la senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Catherine Juvinao radicaron un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores por prestación de servicios.
El proyecto será debatido inicialmente en la Comisión Séptima del Senado, donde se espera que reciba el apoyo necesario para avanzar en el proceso legislativo. Los promotores de la iniciativa hicieron un llamado a la ciudadanía para respaldar esta propuesta mediante la recolección de firmas en la página oficial prestacioncomprima.com.
“La proposición prácticamente ya está incluida dentro del proyecto, pero sí necesitamos apoyo ciudadano. Por eso estamos recogiendo firmas para demostrar que hay una necesidad y un respaldo social a esta iniciativa”, agregó Sinisterra.
De ser aprobada, esta prima del 25% representaría un avance significativo en el reconocimiento del trabajo de los contratistas, quienes actualmente deben asumir de manera independiente el pago de su seguridad social y no cuentan con derechos como vacaciones remuneradas o estabilidad laboral. Según los colectivos que impulsan la propuesta, el objetivo no es eliminar esta modalidad contractual, sino dignificarla y reducir las brechas existentes.
“Se pretende acercar un poco a la reivindicación del trabajo por medio de la prestación del servicio y no satanizar este tipo de contratación que también tiene sus beneficios”, señalaron los promotores de la iniciativa.
Desde 1993, la contratación por prestación de servicios es legal en Colombia y ha sido ampliamente utilizada tanto por empresas privadas como por el sector estatal. Según cifras del portal de empleo Elempleo, aproximadamente 2,5 millones de colombianos trabajan bajo esta modalidad, lo que evidencia su relevancia en el mercado laboral del país.
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