En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación determinó la destitución e inhabilidad por 10 años y tres meses del exgerente general de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Regional del Magdalena Medio, Armando Adolfo Segura Evan, tras comprobarse que incurrió en conductas de acoso laboral contra una funcionaria de la institución.
Según informó la Procuraduría, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2019 y estuvieron marcados por un comportamiento reiterado y deliberado que vulneró la dignidad de la entonces subgerente administrativa y financiera.
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De acuerdo con el ente de control, Segura Evan utilizó expresiones verbales humillantes y despectivas hacia la funcionaria en diversas ocasiones, especialmente durante reuniones y comités. Estas acciones, que no fueron aisladas ni accidentales, tenían como objetivo descalificar el desempeño profesional de la víctima y afectar su integridad moral.
Según consignó la Procuraduría, los comentarios ofensivos se realizaron en presencia de otros empleados y contratistas, lo que generó un ambiente laboral hostil y de incomodidad para la afectada.
La Procuraduría destacó que el comportamiento del exagérente transgredió el principio de moralidad que rige el actuar de los servidores públicos. Este principio exige que los funcionarios mantengan un trato respetuoso y leal hacia sus colegas y subalternos.
En este caso, el organismo concluyó que Segura Evan incumplió con las expectativas de conducta decorosa y virtuosa que se espera de quienes ocupan cargos públicos.
El fallo también calificó la falta como gravísima, cometida con dolo, al considerar que el exgerente actuó con pleno conocimiento de sus acciones y con la intención de maltratar verbalmente a la funcionaria.
Según detalló la Procuraduría, estas conductas no solo afectaron el ambiente laboral, sino que también generaron un entorno de vergüenza y menosprecio hacia la víctima, lo que constituye una grave violación a los derechos laborales y humanos.
El caso pone de relieve la importancia de garantizar entornos laborales libres de acoso y maltrato, especialmente en instituciones públicas donde los servidores tienen la responsabilidad de actuar con ética y respeto hacia sus compañeros.
La Procuraduría subrayó que este tipo de comportamientos no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también deterioran la confianza en las instituciones y en quienes las lideran.
La sanción impuesta a Armando Adolfo Segura Evan refleja el compromiso del organismo de control con la protección de los derechos de los trabajadores y con la promoción de un ambiente laboral saludable en el sector público. Según informó la Procuraduría, este tipo de decisiones buscan enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia cualquier forma de acoso o abuso de poder en el ámbito laboral.
El caso también evidencia la necesidad de fortalecer las políticas internas de las instituciones públicas para prevenir y sancionar conductas de acoso laboral.
La Procuraduría reiteró que los servidores públicos tienen la obligación de actuar con integridad y respeto, y que cualquier incumplimiento de estas normas será investigado y sancionado con rigor.
Con esta decisión, el ente de control reafirma su compromiso con la defensa de los principios de moralidad y respeto en el servicio público, así como con la protección de los derechos de los trabajadores frente a conductas abusivas.
La sanción contra Segura Evan se convierte en un precedente importante para futuros casos de acoso laboral en el país.
La Procuraduría General de la Nación permite a sus funcionarios decidir sobre su participación en el día cívico convocado por Gustavo Petro
La Procuraduría General de la Nación anunció que sus funcionarios tendrían libertad para decidir si participarían o no en las movilizaciones programadas para el martes 18 de marzo, en el marco del día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro.
Según informó el medio Infobae, esta jornada fue organizada para respaldar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno, generando reacciones divididas entre las instituciones públicas y los gobiernos locales.
El decreto presidencial, que otorgó permisos laborales para asistir a las marchas, provocó controversia desde su anuncio. Varias alcaldías, gobernaciones y entidades estatales manifestaron su desacuerdo con la medida, argumentando que no apoyarían lo que consideraron un evento político promovido por la administración nacional.
En este contexto, la Procuraduría optó por no emitir un pronunciamiento oficial sobre su operación durante el día cívico, limitándose a una breve publicación en su cuenta oficial de la red social X, donde señaló que sus funcionarios estaban “listos para acompañar la jornada, dentro de su misionalidad”.
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