Un grupo de más de quinientas personas, entre campesinos, agricultores, pequeños mineros y líderes sociales, se congregó en Bogotá para exigir la suspensión de la Resolución 0221 de 2025, que establece una Zona de Reserva Temporal (ZRT) de 75.000 hectáreas en la provincia de Soto Norte, Santander.
Según informó el medio fuente, los manifestantes entregaron un documento respaldado por ocho mil firmas al Ministerio de Ambiente, solicitando la apertura de mesas de concertación con la nueva ministra, Lena Estrada, y la revisión de la medida que, según ellos, afecta gravemente a más de 35.000 habitantes de la región.
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La resolución, firmada por la exministra Susana Muhamad en el último día de su gestión, ha generado un amplio rechazo entre las comunidades locales y diversas instituciones.
Según detalló el medio, la medida fue criticada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander, los alcaldes de los seis municipios afectados, y organizaciones como la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Los opositores argumentan que la decisión fue tomada sin consultar a las comunidades, vulnerando derechos fundamentales como la participación ciudadana, el trabajo digno y el arraigo cultural.
La Zona de Reserva Temporal, que se encuentra fuera del Páramo de Santurbán, ha sido señalada como una amenaza para la economía y el sustento de miles de familias en los municipios de California, Suratá, Matanza, Tona, Charta y Vetas, así como en la ciudad de Bucaramanga.
Según el medio fuente, los habitantes de estas localidades dependen en gran medida de la minería legal y otras actividades económicas que ahora se ven restringidas por la resolución.
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y de la Fundación Dignidad Minera, expresó su preocupación por las consecuencias de la medida.
“La exministra Muhamad firmó una resolución inconsulta e inconstitucional. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya señalaron que la decisión carece de sustento técnico y violó nuestros derechos”, afirmó González, quien también pidió a la ministra Estrada que reconsidere la aplicación de la medida.
Por su parte, Fabio Maldonado, presidente del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, destacó que los habitantes de la región desean continuar con sus actividades mineras de manera legal y regulada. “No queremos irnos de nuestro territorio ni permitir que nos obliguen a dejar de ser mineros. Nosotros queremos vivir en la legalidad, ser formales y hacer nuestras actividades por fuera del páramo y bajo toda la vigilancia del Estado”, señaló Maldonado, quien advirtió que la prohibición podría fomentar la inseguridad y la llegada de grupos ilegales.
De acuerdo con el medio fuente, las comunidades afectadas han denunciado que la resolución fue expedida sin cumplir con los requisitos de consulta previa establecidos en el Acuerdo de Escazú y en tres sentencias de la Corte Constitucional. Esto, según los manifestantes, constituye una violación a los derechos fundamentales de participación y consulta de las comunidades.
El acto de entrega de las firmas contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones, como el Gran Pacto Social por California (GPS), Firmes Santurbán,
Dignidad Minera, Asomineros, Asomical, Asomar, Calimineros, Asomiprosoto, Los del Boquete y la Asociación Minera de Suratá, entre otras. Estas agrupaciones han reiterado su disposición al diálogo y su compromiso con una minería responsable y sostenible, pero exigen que cualquier decisión sobre su territorio sea tomada con su participación y basada en estudios técnicos rigurosos.
Las comunidades de Soto Norte han solicitado a la ministra Lena Estrada que cumpla con su compromiso de promover un ministerio abierto al diálogo y la participación. Según el medio fuente, los habitantes proponen la instalación de mesas de concertación en las que participen la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander, los alcaldes de los municipios afectados, la Contraloría delegada para la participación ciudadana, la CDMB y otros garantes institucionales.
Además, los manifestantes han pedido que se finalice el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, una tarea ordenada por la Corte Constitucional en 2017 y que, según ellos, sigue sin completarse después de más de ocho años. “La delimitación es clave para definir con certeza qué zonas deben protegerse y cuáles pueden destinarse a actividades económicas sostenibles”, afirmó Ivonne González, quien también criticó los retrasos en este proceso.
Las organizaciones han advertido que, si no reciben una respuesta del Ministerio de Ambiente en los próximos días, intensificarán sus acciones legales y de protesta social. Entre las medidas contempladas se encuentra la convocatoria de una consulta popular en los territorios afectados para rechazar las restricciones a la minería legal.
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