Migrantes venezolanos que no actualicen sus datos personales podría quedarse sin EPS: necesitan especificar el domicilio para seguir accediendo a servicios

Los migrantes venezolanos que tienen un estatus oficial en el país deberán apresurarse para actualizar sus datos en las entidades prestadoras de salud, si no quieren quedar fuera de la adquisición de los servicios.

Uno de los profesionales de las entidades prestadoras de salud conversó con City TV y explicó las razones por las que se debe realizar la acreditación de domicilio, como se denomina este proceso, para que miles de ciudadanos del vecino país puedan continuar recibiendo atención médica por parte de Capital Salud.

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“Para Capital Salud hay más de 24,000 personas que tienen pendiente la acreditación de domicilio y, en todo Bogotá, son más de 33,000. El llamado es a toda la población migrante venezolana que tiene regularizada su situación migratoria y que pertenece al régimen subsidiado. Es una obligación que tienen de acreditar domicilio”, comentó el funcionario público.

Esta población debe acogerse a esta medida de acuerdo con el Decreto 064 de 2020, en el que se afirma que es obligatorio acreditar el domicilio tres veces al año, con la necesidad de ratificar que los ciudadanos continúan asentados en territorio nacional para que puedan gozar de estos derechos.

Esta actualización se puede hacer a través de la página web de Capital Salud, portal.capitalsalud.gov.co , en la que se ha dispuesto un espacio para acreditar el domicilio. Quienes deseen pueden ingresar al buscador de Google y poner “Comprobador de derechos”. De allí se desplegará la página que, de inmediato, confirmará si requiere la actualización. El usuario debe llenar un par de campos solicitados y enviar nuevamente la información para que quede actualizada.

“Ahí se abrirá una página en la que le solicitarán el número de su documento, sea el salvoconducto o el PPT. Al ingresarlo, inmediatamente les anunciará si tienen pendiente la acreditación de domicilio”, explicó el funcionario.

También está la opción de hacerlo de manera presencial para quienes lo prefieran. La Secretaría de Salud ha dispuesto sus oficinas en la calle 13 con carrera 32. Además, ha desarrollado una herramienta tecnológica que facilita la acreditación de domicilio.

Quienes no se acojan a la actualización en el plazo mencionado anteriormente, la Secretaria de Salud suspenderá sus servicios, por lo que todo procedimiento médico o cita que haya sido asignada con anterioridad no podrá cumplirse, solo podrán acceder a los servicios por urgencias que por ley son para todos.

La controversia en torno al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un componente clave del sistema de salud colombiano, ha escalado tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Según informó el medio La Silla Vacía, el mandatario acusó a funcionarios del Ministerio de Salud de estar alineados con los intereses de las EPS (Entidades Promotoras de Salud), lo que generó una fuerte reacción de expertos y exfuncionarios del sector. Entre ellos, Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social durante el gobierno de Iván Duque, calificó como “irresponsable” el manejo del ajuste de la UPC por parte de la actual administración.

El conflicto se originó tras la decisión del Ministerio de Salud de desvincular a varios técnicos que habían advertido sobre las implicaciones del aumento de la UPC para 2025. Estos especialistas habían recomendado un ajuste de entre el 10 % y el 15 % para cubrir el déficit del sistema de salud, pero la administración de Petro optó por un incremento del 5,4 %. Esta decisión, según el medio, generó tensiones con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y derivó en la salida de los funcionarios que participaron en los cálculos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Petro afirmó: “Si el equipo que calculaba la UPC por más de diez años había dejado que por más de 10 años se robaran la UPC sobredimensionándola, pues ese equipo no le sirve al país, sino a las EPS”. Estas palabras fueron interpretadas como una crítica directa a los técnicos que habían trabajado en el cálculo de la UPC durante administraciones anteriores.

La exviceministra Diana Cárdenas respondió a las declaraciones del presidente, señalando que el manejo actual de la UPC pone en riesgo el derecho a la vida de los colombianos. Cárdenas cuestionó la decisión de desvincular a los técnicos que habían trabajado en el cálculo de la UPC durante más de una década, argumentando que su experiencia era fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.