El Estado colombiano fue condenado por ‘falsos positivos’ contra exintegrantes de las AUC en Santander

El Tribunal Administrativo de Santander condenó al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial de tres exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a manos del Ejército Nacional. Según la decisión judicial en segunda instancia, las víctimas fueron asesinadas mientras dormían y posteriormente presentadas como bajas en combate.

Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2004 en la vereda Rubí, municipio de La Belleza, Santander. Mario Arturo Marín, Víctor Alfonso Rodríguez y Manuel Franco Pinzón, exparamilitares en proceso de desmovilización, fueron sorprendidos en la vivienda donde se alojaban por miembros de un batallón del Ejército Nacional, quienes los ejecutaron mientras dormían. Luego, los militares manipularon la escena para simular un enfrentamiento armado.

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El abogado Javier Villegas Posada, representante de las familias de las víctimas, explicó cómo se intentó encubrir el crimen. “Estos fueron cargados con dos granadas y un fusil que lo accionaron después de estimarlos para simular el combate. La sentencia del Tribunal Administrativo de Santander condena al Estado a indemnizar a los familiares y a hacer una publicación en un periódico de amplia circulación nacional y local, donde se expresa específicamente que estas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Ejército Nacional y que su muerte no se dio en un combate”, detalló el abogado.

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación confirmó que no hubo combate y que se trató de un caso de ejecución extrajudicial. Según el expediente, los militares alteraron la escena colocando armas junto a los cuerpos y simulando un enfrentamiento con grupos ilegales.

El caso se esclareció en parte por las confesiones de algunos de los uniformados implicados. Uno de los testigos reveló que el comandante José Halman Rojas ordenó manipular la escena. “Entregó su fusil y ordenó disparar y poner las armas al lado de los muertos”, indicó el testimonio. Además, otro militar colocó dos granadas en los bolsillos de Manuel Franco Pinzón para reforzar la versión de un supuesto combate.

El Tribunal Administrativo de Santander señaló en su fallo que los hechos constituyeron “una falta o falla en el servicio y/o daño especial y/o riesgo excepcional, pues configuraron un daño antijurídico de conformidad con el Artículo 90 de la Constitución Política”.

En ese sentido, el tribunal ordenó al Estado colombiano indemnizar a los familiares de las víctimas. Además, como parte de las medidas reparativas, el Ejército debe realizar una publicación en un periódico de circulación nacional y local de Santander en la que se declare oficialmente que las muertes de los tres exintegrantes de las AUC no fueron producto de un combate, sino de una ejecución extrajudicial perpetrada por miembros del batallón de Infantería N.º 2 Mariscal Sucre.

Este caso se suma a los miles de casos relacionados con los llamados “falsos positivos” documentados en Colombia, en los que miembros de la Fuerza Pública asesinaron a civiles o combatientes desmovilizados para presentarlos como bajas en combate y así inflar las cifras de éxito militar.

En medio de las investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en febrero, el tribunal presentó cargos contra más de cuarenta miembros de las Fuerzas Militares por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre los señalados se encuentran cuatro generales del Ejército Nacional, acusados de su presunta responsabilidad en 442 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia entre 2004 y 2007.

Uno de los implicados es el general en retiro Óscar Enrique Peña, que formó parte de la Cuarta Brigada del Ejército. Según la JEP, los altos mandos retirados habrían estado involucrados en la desaparición forzada y asesinato de civiles, quienes posteriormente fueron presentados como bajas en combate mientras operativos militares en la región.