
A finales de enero el Gobierno nacional expidió el decreto 0069 con el aplazó el giro de recursos para poder “cuadrar caja” bajo el argumento de que en 2024 no le aprobaron la reforma tributaria en el Congreso de la República, por lo que congelaron hasta los giros de las vigencias futuras, rubros que por ley se asignaron a varios proyectos para 2025, entre ellos 770.000 millones de pesos para la primera línea del metro de Bogotá, que va en un 50 % de avance.
Si bien la decisión provocó incertidumbre por el futuro sistema de transporte público en la capital colombiana, por el momento solo se trata de una postergación, por lo que el alcalde Carlos Fernando Galán, indicó que las obras no se paralizarían y que el Distrito asumiría el costo, en el entendido de que esa suma se girará en el segundo semestre de este año.
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Infobae Colombia consultó con Ángela María Orozco, ministra de Transporte en el Gobierno de Iván Duque y que, además, se encargó de todo el tema del metro durante el empalme de la administración Galán con la de saliente alcaldesa Claudia López, y de entrada señaló que se trataría de una decisión inédita en la historia colombiana si el Establecimiento no honra su compromiso con el Metro.
“No tendría precedentes que el Estado incumpliera los convenios de cofinanciación con las entidades territoriales. Los sistemas de transporte masivo de todas las ciudades del país, salvo el metro de Medellín, se han cofinanciado por la Nación a través de convenios con vigencia futuras. Eso es un contrato entre el Estado, el Gobierno Nacional y el Gobierno Territorial”, explicó.
Sin embargo, recordó que por el momento se trata de un aplazamiento, es decir que el recurso, en principio, se le tiene que girar obligatoriamente a la ciudad.

También indicó que era el Ministerio de Hacienda el que definiría “cómo va girando los recursos que están en el presupuesto del año” y desde esa cartera se tendría que definir cómo los asumirían.
“Hay momentos en que el Estado no está bien de caja, pero igualmente puede buscar alternativas de financiación como la emisión de títulos de deuda. En todo caso el Estado siempre se ha caracterizado por honrar sus compromisos”, indicó.
No obstante, si se llegará a dar un rompimiento con esa tradición de pago responsable, sí habría graves consecuencias, no solo para la capital colombiana, si no también para el país entero, ya que provocaría que el Estado no sea confiable ante la banca internacional y la -privada a nivel nacional, a las que se han recurrido para financiar grandes proyectos como el metro.
“Sé que tenemos calificación positiva, pero si no cumplen con el giro de los recursos comenzaría a encarecerse de manera importante la financiación para el Gobierno colombiano porque bajo cualquier punto de vista todos estos proyectos han sido financiados por entes multilaterales. En la medida en que los hemos honrado, el país tiene credibilidad”, señaló.

Insistió en que hasta ahora se han cumplido con las vigencias futuras que “ha sido la manera para poder asumir proyectos de largo plazo que no pueden costearse con el flujo de caja de una vigencia fiscal”.
“El cumplimiento ha significado la credibilidad del Estado colombiano para el pagador, pero en la medida en que comience a incumplir sus compromisos, vamos a sufrir todos los colombianos, porque garantizo que se va a encarecer el endeudamiento para el sector público y para el sector privado colombiano”, agregó.
No había plata para un metro subterráneo

Orozco, cuando encabezó la cartera de Transporte, estuvo al frente del proceso con el que se continuó con la consolidación de la vigencia futura para costear el proyecto de la primera línea del metro de la capital colombiana que finalmente se decidió que fuera elevado, ya que el que propuso en su momento el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, era inviable financieramente.
“Técnicamente se podía hacer un metro subterráneo, claro que sí, pero costaba el triple, y si no había recursos...”, detalló.
Criticó que el jefe de Estado mantenga un discusión alrededor del futuro sistema de transporte masivo, porque su propuesta no fue la que finalmente se escogió.
“Hay un debate ideológico y el presidente lo señala siempre como algo muy desafortunado que el metro no es el que él quería. La gente puede preferir una modalidad u otra, ese es otro tema, pero en realidad solamente se pudo contratar cuando hubo estudios y diseños definitivos. Eso fue con la Alcaldía de Enrique Peñalosa”, afirmó.

Detalló que “el primer convenio de cofinanciación se firmó” con el Gobierno de Juan Manuel Santos y que para fuera viable se tenía que invertir también en “troncales alimentadoras” que se firmaron en la administración del expresidente Iván Duque.
“En su momento quienes tomaron la decisión, lo contrataron. Nuestro rol fue el de honrar los contratos que habían asumido gobiernos anteriores, eso es lo serio, eso es lo responsable. Colombia no es una finca para gustos personales, los funcionarios son representantes temporales de los ciudadanos para honrar los compromisos que como Estado tenemos”, añadió.
El problema con las vigencias futuras

En este primer trimestre de 2025, el presidente Petro ha cuestionado constantemente las vigencias futuras, porque le deja poco margen de maniobra a nivel financiero para nuevos proyectos, ya que los recursos quedaron comprometidos.
Orozco señaló que esto ha ocurrido en todos los gobiernos, y que en su momento frente al Ministerio de Transporte, fue hasta la segunda mitad de la administración Duque en que finalmente se pudo hacer nuevas contrataciones.
“Se trata de sentarse a buscar alternativas como nos ha tocado a todos cuando hemos llegado al Estado. Cuando llegué al sector, pase por dos años en los que no tenía la posibilidad de hacer proyectos de ninguna clase porque tenía el marco fiscal copado con la vigencias futuras de los proyectos de cuarta generación que ya estaban asignados”, rememoró.
La exministra expresó que durante ese tiempo se concentraron en contratar estudios y diseños para nuevos proyectos, mientras se cumplían con los de la administración anterior, mientras se lograba el “espacio fiscal y los recursos”, algo que es una realidad “que enfrentan los ministros de Transporte de todos los gobiernos”.
“Los proyectos de infraestructura trascienden las vigencias fiscales de un Gobierno, usualmente mientras se diseña, se estructura, consigue los recursos, se licita y se adjudica se van tres años y se ejecutan en el mismo tiempo. Estamos hablando de que es un sector donde es importante entender que son políticas de Estado y no de Gobierno, porque si no hacemos eso, simplemente el país nunca va a tener obras”, reiteró.

Finalmente Orozco calificó de responsable que el alcalde Galán continúe con las obras, pese al revés del aplazamiento del rubro que tenía que girar el Gobierno nacional en este 2025.
“Me parece que es lo que le toca a uno como funcionario, porque, además, incurriría en una responsabilidad personal también. Construir el metro implica esa obligación de hacer exigir los compromisos que se han asumido y con base en los cuales inclusive las entidades se han endeudado con la banca multilateral. En este sentido el alcalde hizo lo que se tenía que hacer”, señaló.
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