Avanza proyecto de ley sobre porte y tenencia de armas en Colombia con aprobación en primer debate

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes en Colombia aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca actualizar los permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego en el país. La iniciativa obtuvo 17 votos a favor y 6 en contra, y ahora pasará a ser discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes. Este proyecto tiene como objetivo principal establecer criterios claros para que el Gobierno nacional pueda suspender dichos permisos en situaciones excepcionales que representen riesgos para la seguridad pública.

De acuerdo con el representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador y ponente del proyecto, la propuesta busca equilibrar el derecho individual a la seguridad con las necesidades de orden público. Wills explicó que el presidente de la República no podrá prohibir el porte de armas de manera arbitraria, sino únicamente en circunstancias específicas, como jornadas electorales, emergencias de seguridad en regiones afectadas por violencia, o fechas como el Día de la Mujer, señalado como uno de los días más violentos en el país.

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El proyecto también propone modificar el Decreto 2535 de 1993, que regula actualmente los permisos de porte y tenencia de armas en Colombia. Según detalló Wills, esta actualización busca fortalecer el Departamento de Control y Comercio de Armas, permitiendo que quienes ya cuentan con permisos puedan hacer uso efectivo de ellos. Actualmente, debido a un decreto presidencial emitido tras el Acuerdo de Paz, el porte de armas está restringido en todo el territorio nacional, lo que ha generado problemas de corrupción, según denunció el congresista.

Wills señaló que, bajo las restricciones actuales, quienes desean portar armas deben recurrir a permisos especiales que, en algunos casos, se obtienen de manera irregular, con costos que oscilan entre 10 y 15 millones de pesos colombianos. El proyecto pretende eliminar estas prácticas y garantizar un proceso más transparente y accesible para los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales.

Además, el representante explicó que quienes no cuentan con permisos deberán someterse a los exámenes rigurosos establecidos por el Departamento de Control y Comercio de Armas. Si cumplen con los requisitos, podrán obtener la autorización correspondiente para portar armas.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la propuesta de extender el derecho a portar armas a todos los miembros de la fuerza pública, no solo a oficiales y suboficiales, como ocurre actualmente. Según el articulado, esta medida busca garantizar que todos los integrantes de las fuerzas armadas puedan acceder a este derecho en igualdad de condiciones.

Asimismo, el proyecto incluye disposiciones para mejorar el manejo de las armas decomisadas, asegurando que su disposición quede bajo la supervisión del Comando General de las Fuerzas Militares. Esta medida pretende evitar que las armas incautadas terminen en manos equivocadas y garantizar su correcta administración.

El debate en torno a esta iniciativa ha generado posiciones encontradas en el Congreso. Mientras que algunos legisladores, como Wills, defienden el proyecto como una forma de proteger el derecho a la seguridad personal, otros consideran que podría poner en riesgo la seguridad pública.

Desde el Pacto Histórico, el representante Heráclito Landinez argumentó que portar armas no constituye un derecho fundamental, sino una potestad que el Estado otorga bajo condiciones específicas. Landinez recordó que la Corte Constitucional ya ha emitido decisiones en este sentido, subrayando que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.

Por su parte, el también representante del Pacto Histórico, Pedro Suárez, expresó su preocupación por las posibles implicaciones del proyecto en términos de derechos humanos y seguridad ciudadana. Suárez afirmó que, aunque se lograron modificar algunos artículos clave durante el debate, la iniciativa sigue representando un riesgo para la protección de los derechos fundamentales. “Reitero nuestra oposición a este proyecto de ley y reafirmo nuestro compromiso con una regulación responsable que priorice la protección de la ciudadanía”, declaró.

El proyecto de ley surge en un contexto en el que el porte de armas ha sido un tema controvertido en Colombia, especialmente tras la implementación del Acuerdo de Paz, que incluyó la prohibición temporal del porte de armas en todo el país. Según los defensores de la iniciativa, esta restricción deja a muchos ciudadanos, como ganaderos, empresarios y comerciantes, sin la posibilidad de utilizar armas para su protección personal, a pesar de contar con permisos legales.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto ahora deberá ser discutido en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde enfrentará un nuevo escrutinio. De ser aprobado, representaría un cambio significativo en la regulación del porte y tenencia de armas en Colombia, con implicaciones tanto para los ciudadanos como para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.