Qué ha pasado con la Ley de Utilidad Pública que, según Gustavo Petro, podría sacar a Epa Colombia de la cárcel: menos del 3% de mujeres han podido beneficiarse

Luego de dos años de la implementación de la Ley de Utilidad Pública, 128 mujeres cabeza de familia lograron sustituir sus condenas de prisión por servicios comunitarios, según cifras del Ministerio de Justicia.

Esta normativa, que busca ofrecer una alternativa restaurativa para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, ha sido aplicada de manera limitada, beneficiando a una fracción de las cinco mil mujeres que inicialmente se proyectaba alcanzar.

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El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, reavivó el debate sobre los alcances y limitaciones de esta ley.

El presidente Gustavo Petro mencionó recientemente esta ley en relación con la situación de Barrera Rojas, que cumple una condena de cinco años y dos meses por los daños ocasionados a una estación de Transmilenio durante las protestas sociales de 2019.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que, como madre cabeza de familia, Barrera Rojas podría acogerse a esta normativa.

Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la aplicación de este beneficio depende exclusivamente de un juez, que debe evaluar la solicitud presentada por la persona interesada.

La Ley de Utilidad Pública, sancionada el 8 de marzo de 2022, en el desarrollo del Día Internacional de la Mujer, representa un hito en la política criminal de Colombia al ser la primera normativa de este tipo con enfoque de género en la región.

Esta ley permite que mujeres condenadas por delitos menores, cuya pena no supere los ocho años de prisión, puedan cumplir su sanción a través de actividades de servicio comunitario. La medida busca reconocer las condiciones de pobreza y desigualdad que llevan a muchas mujeres a cometer delitos, especialmente aquellas que son responsables del sustento económico, social y afectivo de sus familias.

Para acceder a este beneficio, las mujeres deben cumplir con varios requisitos. Además de ser cabeza de familia, deben haber sido condenadas por delitos relacionados con su situación de marginalidad y vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, es necesario que exista una plaza disponible para realizar el servicio comunitario, lo cual depende de convenios establecidos entre el Ministerio de Justicia y diversas entidades y empresas.

Desde la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Justicia ha firmado acuerdos que permitieron habilitar 2.549 plazas para la prestación de servicios comunitarios en diferentes regiones del país.

Sin embargo, según cifras oficiales con corte al 13 de marzo de 2025, solo 134 mujeres recibieron el beneficio, de las cuales 128 ya se encuentran en libertad. Este número, aunque significativo para las mujeres y sus familias, está lejos de los objetivos iniciales de la normativa.

La investigadora Kelly Giraldo Viana, de la organización Dejusticia, en declaraciones recogidas por El Espectador, que la implementación de la ley enfrenta desafíos importantes. Según Giraldo, aunque cada mujer que recupera su libertad representa un avance, muchas otras no han podido acceder al beneficio debido a interpretaciones restrictivas o errores en la aplicación de la normativa. Esto pone de manifiesto la necesidad de una implementación más amplia y efectiva para garantizar que la ley cumpla con su propósito original.

“Cada mujer que sale de prisión por esta medida cuenta, pero cada mujer que se queda en prisión por una aplicación errónea o injusta de la Ley, importa también. Y muchas mujeres hoy no estarían accediendo a un beneficio que inicialmente fue pensado para ellas”, señaló Giraldo.

El caso de Epa Colombia ha generado un debate público sobre los alcances de la Ley de Utilidad Pública y su aplicación en situaciones específicas. Según lo expresado por el presidente Gustavo Petro, Barrera Rojas podría acogerse a esta normativa debido a su condición de madre cabeza de familia.

Sin embargo, la ministra Ángela María Buitrago recordó que el proceso debe seguir los canales legales establecidos, lo que implica que un juez de conocimiento o de ejecución de penas evalúe la solicitud y determine si cumple con los requisitos.

Este caso puso en evidencia el desconocimiento que persiste sobre los detalles y alcances de la ley, incluso entre las autoridades. Aunque el presidente Petro destacó la importancia de la normativa, sus declaraciones reflejan una comprensión limitada de los procedimientos necesarios para su aplicación. Esto resalta la necesidad de una mayor difusión y comprensión de la ley, tanto entre los funcionarios públicos como entre la ciudadanía.

A pesar de los avances logrados, la Ley de Utilidad Pública enfrenta retos significativos para alcanzar su pleno potencial. La normativa fue concebida como una herramienta para transformar la vida de miles de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pero su impacto ha sido limitado hasta ahora.

La falta de plazas suficientes para el servicio comunitario, las interpretaciones restrictivas por parte de los jueces y la falta de información sobre la ley son algunos de los obstáculos que deben superarse.

En este contexto, el caso de Epa Colombia podría servir como un punto de inflexión para reflexionar sobre la implementación de la ley y su capacidad para cumplir con los objetivos de justicia restaurativa y equidad de género. Mientras tanto, las historias de las 128 mujeres que han recuperado su libertad gracias a esta normativa son un recordatorio del impacto positivo que puede tener una política pública bien diseñada y ejecutada.