Fotografías recientes y testimonios de padres de familia han puesto en evidencia presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de La Calera, Cundinamarca.
Según informó Alexandra Vásquez, representante a la Cámara por ese departamento, las raciones entregadas a más de seiscientos estudiantes no cumplen con los estándares nutricionales establecidos, lo que ha generado preocupación por la salud y el bienestar de los menores.
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De acuerdo con las denuncias, los alimentos suministrados no solo son insuficientes en cantidad, sino que también presentan deficiencias en calidad.
En algunos casos, los productos entregados han provocado malestares estomacales en los niños, como ocurrió con la leche en polvo incluida en las raciones industrializadas.
Estas irregularidades han llevado a la congresista Vásquez a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, exigiendo investigaciones y medidas correctivas inmediatas.
El contrato para la operación del PAE en La Calera fue adjudicado a la Unión Temporal Cundipae 25, integrada por las empresas Hub Integral Colombia y la Asociación Desarrollo Integral, por un valor de 19.195 millones de pesos. Esta unión temporal también tiene a su cargo el suministro de alimentos en otros 51 municipios de Cundinamarca.
El convenio, que inició operaciones el 25 de enero de 2025, fue gestionado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y contó con una inversión de 9.995 millones de pesos provenientes del municipio de La Calera, en colaboración con la Gobernación de Cundinamarca.
Sin embargo, según detalló Vásquez, no se han encontrado informes mensuales que den cuenta del cumplimiento del contrato ni del seguimiento a las entregas, lo que incrementa el riesgo de irregularidades.
Menús prometidos Vs. realidad
Mientras el menú aprobado incluía carne de res en salsa criolla, arroz esmeralda, papas a la francesa, remolacha, zanahoria y jugo de mango con leche, en la práctica los estudiantes recibieron una pequeña porción de pollo desmenuzado con puré de papa y jugo.
“¿Dónde están los recursos invertidos en este proyecto si las raciones que se entregan son de tan baja calidad y cantidad?”, cuestionó Vásquez.
No obstante, los estudiantes de las instituciones educativas Concentración Urbana Antonia Santos y Concentración Urbana Juan XXIII recibieron una porción mínima de pollo desmenuzado, acompañada de una cucharada de puré de papa y un jugo.
Además, advirtió que los alimentos no cumplen con los lineamientos de la Resolución 00335 de 2021 del Ministerio de Salud, que exige al menos cuatro componentes diarios en las porciones.
En las últimas horas, Vásquez reveló otro dato que genera dudas sobre la ejecución del contrato: las empresas a cargo del PAE en La Calera tienen domicilio en Cartagena.
“Lo que nos llama la atención es que las empresas de este consorcio tienen domicilio en Cartagena. Y yo pregunto si desde allá se realizará el control de la entrega de alimentos”, expresó.
También insistió en la ausencia de informes sobre la interventoría del contrato y pidió a las autoridades mayor vigilancia.
“Hacemos el llamado a las autoridades correspondientes para que coloquen los ojos sobre el PAE y la alimentación de los niños, niñas y adolescentes del municipio de La Calera”, concluyó.
La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su preocupación ante los retrasos en la entrega de recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el año 2025.
Según informó el organismo, un total de $230.712.733.016, equivalentes al 12% del presupuesto total asignado al programa, aún no ha sido entregado a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en educación.
Esta situación podría comprometer la continuidad del programa, considerado esencial para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo colombiano.
De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, el presupuesto total del PAE para la vigencia 2025 asciende a $1.977.657.739.000.
Sin embargo, los saldos pendientes, que representan una porción significativa de estos recursos, han generado inquietud en el Ministerio Público, que ha solicitado explicaciones tanto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA).
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