Vicepresidenta de la Cámara presentó la que aseguró es la ‘prueba reina’ que hundiría la reforma a la salud: “No tiene otro camino que caer”

Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, reiteró que la reforma a la salud, uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, podría quedar sin efectos constitucionalmente, de llegar a ser aprobada en su totalidad en el Congreso de la República.

En su cuenta de X, la congresista de Cambio Radical publicó la respuesta de la Imprenta Nacional a un derecho de petición sobre los tiempos en los que fue expuesto la convocatoria a las sesiones extraordinarias de la Cámara, al principio de febrero de 2025.

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“¡Que suene el pasodoble! Aquí va: LA ESTOCADA FINAL a las sesiones extraordinarias de la @CamaraColombia en las cuales se aprobó la #ReformaalaSalud de @petrogustavo. Con esta PRUEBA REINA, la #ReformadelaMuerte NO tiene otro camino que CAER”, escribió la vicepresidenta en la red social.

La parlamentaria araucana aseguró que la entidad publicó los decretos de convocatoria a sesiones extras, así como la designación de Gustavo García como ministro del Interior encargado, los cuales se efectuaron fuera del tiempo límite establecido por la ley, por lo que sostuvo que la propuesta está viciada y perdería validez una vez llegue a manos de la Corte Constitucional.

“Me CONFIRMAN que el Decreto que convocó a sesiones extraordinarias, y el Decreto de encargo del ministro del Interior, Gustavo García fueron publicados el 11 de febrero de 2025 a las 20:58 horas (8:58 PM). Es decir, se CONFIRMA el VICIO en la convocatoria de las sesiones extraordinarias y, además, se evidencian delitos graves: FALSEDAD en documento y FRAUDE PROCESAL, como resultado de la manipulación del Diario Oficial, en el cual VIOLANDO la ley, se atrevieron a poner como fecha de publicación el 10 de febrero de 2025: ¡TRAMPOSOS!”, expuso la representante de oposición en X, antes conocido como Twitter.

Del mismo modo, Lina Garrido recalcó que, si el Gobierno hubiera cumplido los tiempos establecidos, “estos decretos quedarían en firme el 12 de febrero de 2025, según el artículo 87 de la ley 1437 de 2011”, pero agregó que hubo otro acto que dejaría la reforma con vicios de trámite.

“El memorando que certifica la hora real de publicación de los decretos fue expedido el 12 de febrero de 2025. Sin embargo, en la respuesta que la Imprenta me envió el 14 de febrero de 2025, afirmaron que “la hora de cargue será certificada por la oficina de sistemas”, cuando en realidad ya estaba certificada desde el 12 de febrero. ¡Otra vez TRAMPOSOS!”, explicó.

Finalmente, la congresista de oposición sostuvo que, con estas nuevas pruebas, el Gobierno Petro se queda sin opciones para avalar su propuesta en el legislativo, pese a que no ha arrancado su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. “Señores, ¡no hay nada más que hablar! ¡Las sesiones extraordinarias! ¡SON NULAS!”, afirmó Garrido en X.

En diálogo con Caracol Radio, la parlamentaria araucana enfatizó en que el Gobierno priorizó tener las mayorías en el Congreso que efectuar el debate con las disposiciones legales.

“No hace solo convierte viciada la convocatoria, sino que había un ministro que no estaba en la competencia y no estaba ejerciendo las funciones (...) El afán del gobierno de querer discutir y ver cómo estaban las bancadas en ese entonces a favor de sus iniciativas, hizo que se viciara todo el proceso de las sesiones extraordinarias y todo el debate que se dio en la Cámara de Representantes”, comentó al medio citado.

Además, recordó que en diciembre de 2024, ya se había advertido sobre la inconstitucionalidad de la reforma a la salud, debido a que la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa de la Cámara emitió un concepto en el que aseguró que el proyecto del Gobierno Petro debió tramitarse como una ley estatutaria y no ordinaria.

“Las tipologías de las leyes estatutarias exigen ser votadas en una sola legislatura, con la mayoría absoluta de los congresistas; precisa control previo de constitucionalidad, y cualquier ciudadano puede intervenir para defenderla o impugnarla”, se lee en el documento.