La concejala Diana Diago denunció presuntas irregularidades en la contratación de programas destinados a prevenir la violencia contra la mujer y promover su empoderamiento en las alcaldías locales de Bogotá. Según las denuncias, durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se han suscrito 32 contratos por un valor cercano a los 35.000 millones de pesos (aproximadamente 8,7 millones de dólares).
Sin embargo, Diago cuestionó que parte de los recursos se estarían utilizando en actividades y elementos que, según ella, no contribuyen a los objetivos planteados, como paseos lujosos, visitas a spa, kits de masajes y artículos promocionales.
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Durante un debate sobre la gestión de las alcaldías locales, la concejala destacó casos específicos que, según su análisis, evidencian un uso inadecuado de los recursos públicos. Entre ellos, mencionó un contrato en la localidad de San Cristóbal, donde se destinaron 1.100 millones de pesos (aproximadamente 274.000 dólares) para adquirir kits de ‘Dora la Exploradora’ con el supuesto propósito de empoderar a las mujeres. Diago calificó estas acciones como una “cachetada” para las mujeres víctimas de violencia, argumentando que no abordan de manera efectiva las problemáticas que enfrentan.
Caso Sumapaz: recursos para paseos y artículos recreativos
Uno de los contratos más polémicos, según las denuncias de Diago, corresponde a la localidad rural de Sumapaz, donde se suscribió el contrato CPS 680 de 2024 por un valor de 834 millones de pesos (aproximadamente 208.000 dólares). Este contrato tiene como objetivo prestar servicios logísticos para actividades como salidas recreativas, intercambio de saberes entre víctimas del conflicto armado y estrategias de bienestar para las mujeres de la localidad.
La concejala cuestionó que el contrato, firmado con la unión temporal Aventura Activa, no detalla de manera específica las actividades a realizar, lo que, según ella, otorga al contratista una amplia discrecionalidad en el uso de los recursos. Entre los gastos previstos, se incluyen 21 millones de pesos (aproximadamente 5.200 dólares) para la compra de morrales, libretas, binoculares, bloqueador solar y repelente de insectos. Diago criticó que estos elementos no contribuyen a prevenir la violencia de género ni a empoderar a las mujeres.
Además, la concejala denunció presuntos sobrecostos en los tiquetes aéreos incluidos en el contrato. Según su análisis, el contratista pretende cobrar aproximadamente 1.500.000 pesos (unos 375 dólares) por cada tiquete, cuando las rutas aéreas hacia los destinos mencionados, como Bogotá-Barrancabermeja o Bogotá-Medellín, tienen un costo promedio de entre 500.000 y 773.000 pesos (125 a 193 dólares) incluso en temporada alta. Diago calificó esta situación como un “descaro” y afirmó que los recursos públicos están siendo malgastados en actividades que no abordan de manera efectiva la violencia de género.
Caso Kennedy: pañoletas y transporte cuestionado
Otro contrato señalado por la concejala es el convenio interadministrativo CIA-1158-2024, firmado el 15 de febrero de 2024 en la localidad de Kennedy. Este acuerdo, suscrito entre la alcaldía local y la Corporación Colombiana Internacional, tiene como objetivo implementar acciones en el marco de los proyectos ‘Kennedy por los Derechos de las Mujeres’ y ‘Kennedy Cuidadora’.
Diago cuestionó la idoneidad del contratista, cuyo objeto principal es el desarrollo del sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario, y planteó dudas sobre su experiencia en la prevención de la violencia de género en contextos urbanos.
Además, denunció que parte de los recursos del contrato se destinarán a la compra de pañoletas como estrategia para prevenir el feminicidio, así como al alquiler de vehículos tipo van para movilizar a las beneficiarias, a pesar de que la alcaldía local cuenta con un bus eléctrico que permanece sin uso.
La concejala calificó estas decisiones como inaceptables y solicitó a los entes de control que investiguen el manejo de los recursos en esta localidad. “Esto es inaceptable. ¿A quién le están entregando los recursos de la contratación de las alcaldías locales? Es urgente que los entes de control tomen cartas en el asunto”, precisó Diago.
Caso Rafael Uribe Uribe: contratación sin requisitos
En la localidad de Rafael Uribe Uribe, Diago denunció irregularidades en el contrato 725 de 2024, suscrito con la fundación Fundesco. Ese convenio busca vincular a 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en actividades relacionadas con la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual, así como con la promoción de la salud.
Según la concejala, el contrato incluye sesiones de hipoterapia (terapia con caballos) como parte de las actividades, pero Fundesco no cuenta con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), un requisito indispensable para ofrecer este tipo de servicios. Diago recordó que la Contraloría de Bogotá ya había emitido un concepto sobre la necesidad de cumplir con este registro y exigió que se respeten las normativas vigentes.
La concejal también señaló que no es la primera vez que la contratación en Rafael Uribe Uribe genera controversia. En años anteriores, denunció sobrecostos, presunto direccionamiento de contratos y nepotismo, lo que llevó al retiro del entonces alcalde local Eduard Quintana.
Ante esas denuncias, Diago exigió al alcalde Carlos Fernando Galán una supervisión rigurosa de los contratos en las alcaldías locales y solicitó a los entes de control que investiguen las presuntas irregularidades. Según la cabildante, los recursos públicos deben destinarse a soluciones reales y efectivas para las problemáticas de las mujeres, en lugar de actividades que, en su opinión, representan un despilfarro.
Las denuncias de Diago han puesto en el centro del debate la gestión de los recursos públicos en Bogotá y la necesidad de garantizar que los programas destinados a prevenir la violencia de género y empoderar a las mujeres cumplan con sus objetivos de manera transparente y eficiente.
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