Exalcalde Daniel Quintero será imputado por tres delitos, anunció la Fiscalía: peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato

La Fiscalía General de la Nación imputará formalmente al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con el predio conocido como Aguas Vivas.

El lunes 17 de marzo se confirmó que el ente acusador alista una serie de cargos contra Quintero, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares, todos señalados de participar en la modificación irregular del uso del suelo de dicho terreno para beneficiar a privados.

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De acuerdo con datos recopilados por Caracol Radio, los delitos imputados contra el exalcalde y los demás implicados son peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

Entre las personas señaladas se encuentran varios antiguos miembros del gabinete de Quintero, cuyos nombres han sido revelados por la Fiscalía. Según el medio mencionado, los exfuncionarios involucrados incluyen a Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Fabio Andrés García Trujillo e Ingrid Vanessa González Montoya, quienes ocuparon cargos como secretarios de despacho.

También figuran Alethia Carolina Arango Gil, exdirectora de Gestión del Riesgo; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación; y las exsubsecretarias Leidy Jiménez Echavarría y Yina Marcela Pedroza Gómez.

Al listado se suman José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y Juan Manuel Villegas Márquez, propietarios del lote Aguas Vivas, ubicado en la zona alta de El Poblado en Medellín.

Conocidas las imputaciones en su contra, el exalcalde Daniel Quintero se ha pronunciado públicamente, negando las acusaciones y denunciando una persecución política. Argumenta que el proceso judicial en su contra está viciado por intereses políticos desde el interior de la Fiscalía, incluso señalando directamente a Yuri Milena Medina, exdirectora de Fiscalías en Medellín y actual funcionaria de la Alcaldía de la ciudad.

“Se evidencia el uso político de las investigaciones. Por razones de seguridad, he debido retirar a mi familia de Medellín ante el acoso y la violencia ejercidos por el alcalde y sus seguidores. Considerando la politización de los funcionarios de la entidad, solicito de manera enfática que todos los procesos sean trasladados a Bogotá”, declaró Quintero.

Además, aseguró que la modificación del uso del suelo del lote Aguas Vivas se realizó conforme a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado previamente por el Concejo de Medellín, rechazando cualquier ilegalidad en el procedimiento.

El pasado viernes, 14 de marzo, la Fiscalía radicó ante un juez la solicitud de imputación de cargos, detallando las presuntas irregularidades atribuidas al exalcalde Daniel Quintero y los demás acusados. Según lo informado, ya se programó una audiencia preliminar para el próximo 25 de marzo, día en que Quintero y las otras doce personas implicadas deberán comparecer ante la justicia.

En documentos judiciales se señala que la administración del exalcalde modificó el uso del suelo del predio Aguas Vivas mediante un decreto, incrementando su valor considerablemente. La intención, según las investigaciones, era que el Distrito adquiriera el terreno por un precio cercano a los 50.000 millones de pesos para la construcción de un proyecto denominado “Valle del Software”. Dicha acción, al parecer, habría favorecido económicamente a los propietarios, quienes en 2019 habían acordado entregar el lote sin costo alguno como parte de una obligación urbanística para construir un parque.

El lote Aguas Vivas, ubicado en la comuna de El Poblado, tiene aproximadamente 142.000 metros cuadrados, de los cuales el 70 % está en una zona rural sujeta a restricciones como reserva forestal. Dichas limitaciones afectan su capacidad para proyectos urbanísticos, reduciendo en consecuencia su valor.

El predio ya había estado bajo revisión en 2019, cuando se acordó su cesión gratuita como parte de una obligación urbanística destinada a construir un parque público. Sin embargo, en 2020, durante la administración de Quintero, esta decisión fue revertida y el lote devuelto a los propietarios. Posteriormente, la Alcaldía modificó el uso del suelo mediante un decreto, incrementando su valor comercial de manera significativa.

Los presuntos actos irregulares fueron denunciados inicialmente por la administración de Federico Gutiérrez, quien dejó documentados 650 supuestos hallazgos de irregularidades que fueron trasladados a la Fiscalía. En el caso de Aguas Vivas, se argumenta que el decreto emitido por Quintero se hizo sin la autorización requerida del Concejo Distrital, lo que, según las investigaciones, abrió la puerta para una negociación que favorecería a los propietarios originales del terreno.