Qué pasará con los estudiantes de los colegios públicos por el día cívico en Bogotá y otras ciudades: el alcalde Galán advirtió a los profesores con no pagarles y Petro les dijo que no vayan a clase

El anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de no acoger en la capital del país el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro para el 18 de marzo ha generado tensiones en el sector educativo de la ciudad.

Galán fue enfático en que los maestros inscritos al Distrito que no asistan a dar clases verán descontado su día de salario y se les podrían imponer medidas administrativas.

“Aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, niñas y adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en su pago”, determinó el alcalde de Bogotá en su intervención, subrayando la importancia de garantizar la continuidad educativa.

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Esta decisión recibió respaldo por parte del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien desde su cuenta en la red social X anunció que hará seguimiento a la jornada laboral de los docentes.

“A todos los profesores de Bogotá que no den clase mañana y que prefieran ir a hacer política al lado de Gustavo Petro, se les debe descontar el día de salario e iniciar las acciones administrativas del caso. Desde nuestra curul en el Concejo de Bogotá haremos ese seguimiento”, enfatizó Briceño.

En declaraciones de la mañana del 17 de marzo, Carlos Fernando Galán destacó que cerca de 710.000 estudiantes de colegios públicos en Bogotá deberán asistir con normalidad a sus clases presenciales, asegurando que también continuará en funcionamiento el programa de alimentación escolar.

La ciudad, según el alcalde, no se acogerá a la medida del día cívico en ninguna de sus instituciones oficiales. Su decisión busca garantizar que los estudiantes cumplan un horario regular y continúen recibiendo educación de manera ininterrumpida.

Estas declaraciones contrastan directamente con el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que “ningún patrón puede despedir a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violaría la ley”.

La reacción de Gustavo Petro en X no se hizo esperar, el mandatario dijo: “Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño, es la de la dignidad que no tienen los alcades, porque sirven al dinero y no a su pueblo.”

Uno de los actores principales en esta controversia es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que confirmó que este martes 18 de marzo los docentes que participen en las manifestaciones solo cumplirán con media jornada escolar.

En diálogo con Mañanas Blu, Willy Carmona, integrante del comité ejecutivo de Fecode, explicó que no se está convocando a un paro, sino una movilización. “Los niños en Bogotá asisten a sus jornadas escolares en la mañana, y hacia las 9:00 de la mañana los profesores salen. Para quienes están en la jornada de la tarde, las clases iniciarán más tarde”, detalló Carmona.

Según señaló, la decisión de media jornada obedece a garantizar que los docentes puedan ejercer su derecho a la movilización. “La jornada escolar de los niños en Colombia es de seis horas, y al hablar de jornada intermedia nos referimos a la mitad de ese tiempo, no solo a una o dos horas. Es un componente significativo”, aclaró. Además, exhortó a los padres de familia a estar atentos a las comunicaciones de cada colegio sobre los horarios modificados.

Sin embargo, el dirigente sindical lamentó la postura de la Alcaldía de Bogotá frente a la situación, calificándola como una “amenaza” al derecho constitucional de la movilización. “Nuestra orientación sindical es salir a movilizarnos pese a las amenazas”, afirmó. Según Carmona, esta movilización no es un apoyo incondicional al Gobierno, sino parte de un esfuerzo histórico por asegurar derechos sociales para todos los colombianos.

Mientras Bogotá mantiene su postura contra el Día Cívico, en otras ciudades como en Barranquilla se anunció que los maestros sí participarán de manera activa en las movilizaciones. José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba), aseguró a El Heraldo que el magisterio llevará a cabo jornadas pedagógicas en las calles.

“El magisterio estará en las calles porque el maestro marchando también está educando”, afirmó Jiménez. Esta decisión afectará las clases de aproximadamente 206.000 estudiantes en colegios oficiales de Barranquilla, quienes no tendrán actividades académicas este martes.

La presidencia de Colombia trinó en su cuenta de X la invitación a las movilizaciones en Medellín:

“¡Di #SíALasReformasSociales y únete a la lucha por un futuro más justo para todos! Este 18 de marzo, acompañamos a Medellín desde las 9:00 a.m. en Adida (Asociación de Institutores de Medellín) a movilizarse en un acto legítimo para construir una sociedad con justicia social.”

En el sector educativo privado, tanto colegios como universidades tienen la autonomía de decidir si suspenden actividades académicas en el marco del Día Cívico. Por lo mismo, se recomienda a estudiantes y padres de familia contactar directamente con las instituciones para confirmar si habrá o no clases.

En el caso de las universidades públicas, aunque cuentan con autonomía administrativa, es más probable que algunas suspendan actividades para permitir la participación en las manifestaciones. Por su parte, universidades privadas podrían optar por no adherirse a la medida y mantener sus cursos de manera habitual, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

El Día Cívico decretado por Gustavo Petro ha abierto un debate nacional sobre el balance entre derechos laborales y el cumplimiento de las responsabilidades educativas y laborales. Mientras algunos sectores defienden la jornada como un espacio para la expresión democrática, otros critican su implementación por las posibles afectaciones a estudiantes y ciudadanos.

El martes 18 de marzo será un día clave para observar el impacto de esta medida en Bogotá y otras regiones del país, donde las decisiones sobre la suspensión de actividades dependerán en gran medida del contexto político y administrativo de cada territorio.