
Para el 18 de marzo de 2025 se decretó día cívico desde del Gobierno nacional, pues para esa fecha hay convocadas manifestaciones en favor de la reforma laboral, cuya aprobación dependería, como lo ha dicho el propio presidente Gustavo Petro, de una consulta popular que está planificando como mecanismo de validación o rechazo del articulado propuesto desde el Ejecutivo.
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A través de su cuenta en X, el exalcalde Daniel Quintero se refirió a las críticas que varios alcaldes han hecho al presidente, señalando que no van a adherir a la jornada.
“Si yo fuera el Alcalde mandaría a mis funcionarios a marchar por los contratistas que hoy viven en la incertidumbre diaria de levantarse sin trabajo y el dolor en Diciembre de no tener vacaciones sino hambre. Pero estos Alcaldes que van a saber de eso”, escribió Quintero.
Petro convoca a la movilización y algunos alcaldes rechazan la medida
El presidente Gustavo Petro anunció que el martes 18 de marzo será día cívico, justificando la medida como el inicio de la campaña en favor del “sí” en la consulta popular que busca rescatar las reformas laboral y de salud, ambas obstaculizadas en el Congreso de la República. La declaración del mandatario generó una inmediata reacción en el ámbito político y administrativo, con varios alcaldes y gobernadores expresando su desacuerdo y confirmando que sus ciudades operarán con normalidad.
Uno de los primeros en manifestar su oposición fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que en la capital antioqueña no se suspenderán actividades. De manera similar, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, explicó que el comercio de su ciudad no podía permitirse dos jornadas sin actividad, dado que el lunes ya se había registrado un paro convocado por comerciantes que generó afectaciones económicas.
“Mañana en Medellín trabajaremos con normalidad. Garantizaremos el acceso a la Educación para 310 mil niños, niñas y jóvenes en nuestras 421 sedes educativas, de igual forma garantizaremos el funcionamiento de Buen Comienzo para más de 80 mil niños y niñas, funcionarán toda la Alcaldía, EPM, El Metro y todas las entidades en completa normalidad. Respetamos y garantizamos la protesta pacífica”, señaló Gutiérrez.
La postura de estos mandatarios no fue bien recibida por el presidente Petro, quien respondió desde su cuenta en X con duras críticas, llamándolos “alcaldes de la miseria” y argumentando que para “trabajar hay que parar”. Además, acusó a algunos mandatarios de centrarse en reprimir habitantes de calle y vendedores informales en lugar de frenar a quienes especulan con la tierra y el agua.

El mandatario también lanzó advertencias a los empleadores, asegurando que cualquier trabajador despedido por participar en la jornada de movilización recibiría el respaldo de la justicia. “Mañana, el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana”, señaló en otro mensaje en redes sociales.
Otro foco de tensión se generó con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien indicó que el personal a cargo del bienestar infantil en la ciudad debía cumplir con sus labores, pues la falta de asistencia podría afectar su remuneración. Petro reaccionó con una nueva crítica, acusando a los alcaldes de estar al servicio del “dinero” en lugar de su pueblo y asegurando que los maestros de Bogotá se sumarían a la movilización.

El debate se extendió al gabinete presidencial, donde el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali de actuar en función de los intereses de la clase empresarial y de oponerse a los derechos colectivos. Según Benedetti, estos mandatarios están más alineados con organizaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que con las mayorías trabajadoras que los eligieron.
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