
Una denuncia envuelve a la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, después de que uno de sus escoltas la acusara de hacer uso indebido de su esquema de seguridad, pese a que la congresista ha sido una de las principales denunciantes contra los privilegios de la clase política.
Según la información revelada por la revista Cambio, el funcionario identificado como Julio César Carvajal Lara, escolta de la Unión Temporal Andina y asignado a Carrascal, presentó quejas formales en las que detalló irregularidades relacionadas con el uso de una camioneta blindada proporcionada por el Congreso.
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De acuerdo con las denuncias, el escolta reportó que el pasado 26 de enero, al inspeccionar el vehículo asignado a Carrascal, notó la ausencia de la llanta de repuesto.
Tras informar del hecho a la congresista, el reporte indica que Carrascal le respondió que discutirían el tema en la ciudad de Bucaramanga, donde se encontrarían días después. En esa reunión, el escolta señaló que el hermano de Carrascal había sido quien utilizó el vehículo durante los ocho días previos, lo que provocó un enfrentamiento verbal entre ambos.

Según la carta presentada por el escolta y revelada por Cambio, Carrascal le habría sugerido no informar del incidente a sus superiores y gestionar la reposición de la llanta a través del Congreso.
“Se molesta y me dice que si estoy diciendo que el hermano fue quien se la robo a lo que reacciono y respondo que no estoy diciendo eso que por favor solicite videos de grabación del conjunto donde pernocta el vehículo para saber quién a realizado movimientos de este (sic)”, se lee en el documento escrito a mano por el escolta.
Además, el escolta denunció que la misma camioneta fue utilizada para un trasteo de objetos personales, lo cual está prohibido por el decreto 1066 de 2015. Este reglamento establece que los vehículos asignados a esquemas de protección no pueden emplearse para actividades personales, familiares o comerciales, ni para transportar personas ajenas al esquema de seguridad.
Como prueba, el escolta anexó fotografías en las que se observan cajas y una mesa de planchar dentro del vehículo. Sin embargo, se supo que después de presentar los reportes, Julio César Carvajal Lara fue removido de sus funciones por petición de la congresista, aunque se desconoce si la solicitud tuvo relación con las denuncias.
El caso ha generado reacciones dentro del sector de seguridad asignado a los congresistas. Giovanny Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señaló a Cambio que se ha vuelto común que los legisladores soliciten el cambio de escoltas cuando estos no acceden a realizar tareas ajenas a sus funciones.

Gallo enfatizó que los escoltas no deben ser tratados como empleados personales ni permitir el abuso de los esquemas de protección.
Frente a las denuncias, María Fernanda Carrascal defendió su decisión de solicitar el cambio del escolta, argumentando que es un derecho de cualquier persona protegida.
Según explicó, el escolta en cuestión habría incurrido en fallas como conducir el vehículo con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vencido y no verificar adecuadamente el estado de la camioneta antes de usarla.
Carrascal admitió que su hermano utilizó la camioneta y reconoció haber empleado el vehículo para un trasteo de elementos personales. Sin embargo, aseguró que, durante el traslado, el vehículo fue conducido por el escolta y que este estaba al tanto de la actividad, porque se trataban de elementos delicados que no podían ir en el vehículo de carga contratado por ella para realizar el trasteo.

“En días anteriores al viaje al Catatumbo trasladé en el vehículo asignado a mi esquema, y no en el camión de mudanza, algunas cosas muy delicadas, como lo hace cualquier persona que quiere cuidar sus objetos de valor. El traslado de estas pertenencias no se hizo en más de dos viajes, uno de ellos conducido por la persona del esquema en mención, y en el que iba yo en compañía de mi hermano. Y otro en el que iba esta persona junto a mi hermano porque yo tenía un compromiso laboral”, señaló la congresista a Infobae Colombia.
Además, afirmó que, tras informarle al escolta sobre su intención de cambiarlo, este habría amenazado con divulgar fotografías para denunciar el uso indebido del vehículo.
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