Proyecto para prohibir productos de Pablo Escobar tiene problemas de técnica legislativa y excepciones para políticos

Debido a que el representante a la Cámara Cristián Avendaño está promoviendo un proyecto de ley con el que busca que se prohíba la venta de productos alusivos a Pablo Escobar y otros criminales condenados, la atención de los medios internacionales está en Colombia.

Antes de que el proyecto sea discutido en el Congreso de la República, Avendaño ha realizado charlas con los comerciantes de estos productos; además, ha recibido el apoyo de varias figuras políticas, incluyendo al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez.

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Debido a esta razón, Sergio Morales, coordinador de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, analizó por completo el proyecto y entregó un análisis al respecto a Infobae Colombia.

En primer lugar, Morales indicó que la iniciativa tiene problemas de técnica legislativa, puesto que está enfocado en el Código de Policía, pero tiene más intereses de comercio y consumo.

“Este proyecto tiene una finalidad que es aportar a la cultura de paz, la reconciliación y los derechos de las víctimas; sin embargo, hay incongruencias con la finalidad del Código de Policía, este proyecto se enfoca en ello, que tiene como propósito crear condiciones para la convivencia pacífica, garantizar el respeto por los derechos fundamentales y fomentar la seguridad ciudadana, pero la nueva regulación parece estar más enfocada en regular la actividad económica más que la convivencia”.

El experto explicó los problemas que encontró en el proyecto, comenzando con la proporcionalidad de las sanciones, ya que se habla de productos alusivos a condenados, no específicamente a Pablo Escobar.

“Las sanciones, uno de los principios es la proporcionalidad, la ley impone multas, esto es muy problemático, porque no distingue entre un delito menor y un delito grave. Solo si lo cometió se sanciona. No es lo mismo vender un producto con un político condenado, que uno con un narcotraficante o un criminal, o alguien que no cumplió con su pago alimentario”, indicó Sergio Morales.

Otro lunar encontrado por Morales es que el proyecto tiene una excepción para figuras políticas condenadas, pero que ya han cumplido con el castigo que les haya otorgado la justicia colombiana.

“El proyecto propone una excepción llamativa, que permite la promoción política de personas condenadas que ya hayan cumplido con su pena, esto crea un doble estándar; es decir, que si una persona fue condenada, pero ya pago, puede hacer uso de su imagen, pero si es para algo comercial será sancionado”.

Enfocándose en los comerciantes, Morales indicó que el proyecto no explica si solo se prohibirá la venta de productos de condenados en Colombia, o si incluirá a personalidades internacionales que podrían ser desconocidos por los vendedores.

“La carga desproporcionada, a mí me preocupa que impone una carga contra los comerciantes, que no todos están en capacidad de identificar si un personaje en una imagen ha sido condenado o no. Un vendedor será sancionado así desconozca, no dice nada si solo aplica delitos en Colombia”.

Por último, el experto indicó que, al ser una ley colombiana, esto no evitará que los productos sobre Escobar sigan siendo comercializados en el exterior, lo que no permitirá que la imagen del capo siga siendo expuesta a nivel internacional.

“Desde una perspectiva, este proyecto puede chocar con la libertad de expresión, existen muchas formas para utilizar imágenes de personas condenadas, no es claro que criterios utilizarán, esto tiene un riesgo de censura previa. Uno de los argumentos es que prohibir esto ayudará con la “narcocultura”, pero la historia nos ha mostrado que la cultura no se cambia con prohibiciones, lo mejor es con educación y el fomento de narrativas alternativas. Esta prohibición aumentará el interés de estos productos en el mercado negro o internacional. Sería mejor incentivar iniciativas educativas y sociales. La cultura no se cambia con sanciones”.