
La Corte Suprema de Justicia se enfrenta a una decisión de gran relevancia en el caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que solicitó cambiar su domicilio debido a razones de salud. Desde su regreso a Colombia el 27 de febrero de 2023 y tras cumplir una condena de 17 años en Estados Unidos, Mancuso ha permanecido en Bogotá; sin embargo, ha manifestado su intención de trasladarse a Montería, Córdoba, generando un debate judicial sobre qué sala debe resolver su petición.
En ese sentido, la determinación sobre el asunto recae ahora en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá esclarecer si la responsabilidad de las investigaciones es de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá o de Barranquilla.
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La defensa del exparamilitar ha insistido en que la solicitud sea resuelta en Barranquilla, argumentando que “allí se han proferido las dos últimas sentencias contra su cliente” y que los magistrados de esa sala poseen un conocimiento más profundo de su caso. En un documento presentado ante la justicia, se expresa: “La solicitud del cambio de domicilio se encontraba justificada y fundamentada, en el conocimiento con el que en este momento cuenta la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en tanto adelanta juicios contra su representado con ocasión a los crímenes que cometió con la estructura paramilitar que comandó en la costa del país”.

No obstante, la jueza Luz Marina Zamora, encargada del seguimiento a las penas de los exparamilitares, negó el traslado el 27 de enero. Su decisión se basó en la orden previa de que Mancuso no regrese a las regiones donde operaron los bloques paramilitares que lideró, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas.
Posturas de la Fiscalía y la Procuraduría
Ante este panorama, la Fiscalía ha manifestado que acatará la decisión de la magistratura, aunque coincide en que la solicitud debe resolverse en Bogotá. La Procuraduría también ha reforzado el argumento de la jueza Zamora, subrayando que “siendo coherente con sus propios pronunciamientos, el Juzgado debe mantenerse en sus decisiones de no permitir al postulado el cambio de domicilio porque de lo contrario estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica”.
Mancuso acumula cuatro sentencias dentro del sistema de justicia transicional, con fallos emitidos el 31 de octubre y 20 de noviembre de 2014, el 29 de noviembre de 2022 y el 7 de octubre de 2024. La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, compuesta por los magistrados Alexandra Valencia, Álvaro Moncayo y Oher Hadith Hernández, ha insistido en que debe ser esa sala la que decida el domicilio del exparamilitar, ya que ellos dictaron la primera sentencia en su contra y han resuelto apelaciones previas.

Por su parte, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá respondió a la solicitud de la Procuraduría sobre investigar al abogado defensor de Mancuso, Nelson Menjura, por supuestas acusaciones temerarias contra la jueza de ejecución de penas. No obstante, la magistratura optó por un llamado de atención, advirtiendo que “en tanto dichas expresiones sean recurrentes, las mismas podrían promover la acción disciplinaria reclamada”.
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia será determinante no solo para definir el lugar de residencia del exjefe paramilitar, sino para fijar un precedente en la aplicación de la justicia transicional. El dilema entre el respeto a los derechos de las víctimas y la garantía de condiciones adecuadas para el procesado es un tema central en este caso, el cual podría sentar bases para futuras decisiones similares dentro del sistema judicial colombiano.

En paralelo a este proceso, Salvatore Mancuso está citado como testigo de la Fiscalía en el juicio que se adelanta en Bogotá contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. La comparecencia está programada para el lunes 17 de marzo y se realizará de manera virtual, precisamente, debido a su estado de salud.
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