Tribunal ordenó la suspensión del trámite de la resolución del Ministerio de Ambiente para la Sabana y Bogotá

En la tarde del viernes 14 de marzo de 2025, se conoció la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de ordenar la suspensión del trámite de una resolución emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la cual se pretende regular la organización ambiental de la Sabana de Bogotá.

Esta decisión se tomó luego de una solicitud presentada por la Empresa de Acueducto de Bogotá, que expresó reparos sobre el proceso liderado por la cartera ambiental.

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La determinación fue adoptada por la magistrada Nelly Villamizar, que instruyó al ministerio para que reinicie el procedimiento, garantizando así la participación activa de entidades clave para la región como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

En ese sentido, la magistrada Villamizar ordenó la medida cautelar provisional para que los documentos y pruebas técnicas del borrador de resolución sean revisados por entidades que no tuvieron oportunidad de controvertirlos.

Es de recordar que, la resolución en cuestión se planteó durante la gestión de la anterior ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lo que generó controversia desde su anuncio debido a la falta de socialización y consenso con la autoridades administrativas de la ciudad y el departamento.

Tanto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresaron su preocupación por los posibles impactos que podría tener en el desarrollo urbanístico y las actividades económicas en la región, al señalar que los lineamientos de la medida podrían afectar significativamente proyectos estratégicos para la metrópolis y su zona circundante.

El proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, publicado el 28 de febrero de 2025, tendría impactos directos en 40 municipios de la Sabana y Bogotá.

Así las cosas, el Ministerio de Ambiente deberá convocar a las entidades territoriales, autoridades ambientales y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para analizar los documentos que sustentan el proyecto de resolución.

Al respecto, el alcalde Galán celebró la decisión del tribunal y destacó la importancia de trabajar de manera articulada entre las diferentes entidades para proteger el medio ambiente. Según declaraciones recogidas por El Tiempo, Galán enfatizó la necesidad de construir lineamientos participativos que involucren a la ciudadanía de toda la región. Asimismo, criticó el borrador de resolución, calificándolo de ilegal por no haber sido concertado como lo exige la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La propuesta para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá presentada por el Ministerio de Ambiente está estructurada en torno a cuatro puntos principales, con el objetivo de proteger los ecosistemas críticos de la región y abordar la creciente crisis hídrica que afecta tanto a la capital como a las áreas circundantes.

El primer punto se centra en las Áreas de Importancia Ecológica Especial, definiendo lineamientos específicos para la conservación y manejo de zonas clave como recarga de acuíferos, bosques andinos y secos, humedales y aquellas con alta vulnerabilidad frente a amenazas naturales.

El segundo punto aborda las áreas rurales, priorizando las prácticas agrícolas y forestales sostenibles. Estas incluyen la conservación de suelos, aguas y biodiversidad, además de prevenir cambios no planificados en el uso del suelo que puedan comprometer los recursos naturales y los medios de vida locales.

En el ámbito urbano, el tercer punto plantea una apuesta por fomentar la biodiversidad en las ciudades. Los lineamientos propuestos sugieren la incorporación de infraestructura verde en el diseño urbano de los municipios, además de potenciar los servicios ecosistémicos y generar espacios que integren la naturaleza en las comunidades urbanas.

Por último, el cuarto punto tiene como finalidad regular las áreas destinadas a actividades mineras, estableciendo pautas para proteger las fuentes de agua, humedales y bosques durante y tras dichas actividades. El proyecto insiste en la importancia de la restauración ambiental y el cumplimiento de estándares que equilibren la explotación de recursos con la sostenibilidad.

En defensa del proyecto, la exministra Muhamad argumentó que la crisis hídrica en la región es alarmante: ocho de las nueve cuencas de la sabana están en riesgo de agotamiento, mientras que Bogotá ya lleva un año enfrentando racionamiento de agua, por lo que se hace necesario tomar medidas al respecto.