
José Raúl Mulino Quintero, presidente de Panamá, anunció el jueves 13 de marzo de 2025 el cierre de los centros migratorios que se encontraban en el paso del Darién, un tramo que conecta a ese país con Colombia, por donde cientos de miles de migrantes intentan llegar hacia los Estados Unidos.
Esta decisión se toma luego de casi 10 años de funcionamiento de los centros de Chiquito y Canaán Membrillo, que operaban bajo la supervisión del Gobierno panameño, brindando atención a los migrantes que transitaban por esa ruta, otorgándoles alimentación y medicamentos. Esta operación contó con la supervisión de cerca de 20 organizaciones internacionales para salvaguardar los derechos humanos de este grupo poblacional.
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“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016 (...) Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, explicó Mulino durante su intervención semanal ante los medios de comunicación.

Con la implementación de estos puestos, el Gobierno panameño ha invertido más de 50 millones de dólares en esta operación humanitaria. En 2024, se registraron 36.841 migrantes que cruzaron el Darién, y entre enero y marzo de 2025 solo se atendió a 112 personas, lo que representa una reducción del 97% y 98% de esta actividad, destacando la exitosa operación para las autoridades de migración y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRON), como afirmó el mandatario panameño.
La instalación de estos puestos se produjo en respuesta a la evidente crisis migratoria del 2016, cuando 30.055 cubanos cruzaron esa peligrosa selva con rumbo hacia los Estados Unidos, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá.

Hasta el 2020, las cifras se mantenían estables, pero en 2021 se dispararon, alcanzando los 133.726 migrantes. En 2022, se registraron 248.284 casos y en 2023, 520.000 personas pasaron por la selva. Para 2024, el flujo comenzó a disminuir, con 300.000 casos, debido a las estrategias implementadas por el Gobierno y al temor de los migrantes al endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos, especialmente ante la posibilidad de que Donald Trump regresara al poder.
Colombia y Panamá buscaron establecer una ruta legal para migrantes en el Tapón del Darién
En un esfuerzo por combatir las redes de tráfico de personas y garantizar un tránsito más seguro para los migrantes, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y de Panamá, José Raúl Mulino, se reunieron en septiembre de 2024 para acordar explorar la creación de una ruta legal y controlada a través del Tapón del Darién. Según informó el mandatario colombiano, esta iniciativa busca ofrecer una alternativa segura y supervisada por ambos gobiernos, con el objetivo de reducir la influencia de grupos mafiosos en esta región clave para el tránsito migratorio en América Latina.
De acuerdo con declaraciones de Gustavo Petro, la propuesta consiste en diseñar un corredor que sea gestionado de manera conjunta por los gobiernos de Colombia y Panamá. Este paso legal estaría orientado a disuadir a los migrantes de utilizar rutas clandestinas, actualmente controladas por organizaciones criminales. “Ellos quieren construir una sola ruta legal, digamos, controlada por los dos gobiernos. Es que debe tener estímulos para que quienes quieran pasar escojan esa vía y no queden en manos de las mafias”, afirmó el presidente colombiano.

El Tapón del Darién, una densa selva que conecta a Colombia con Panamá, se ha convertido en un punto crítico para el tránsito de migrantes que buscan llegar a América del Norte. Según detalló Petro, esta región alberga múltiples rutas ilegales que son manejadas por redes de tráfico de personas, lo que expone a los migrantes a riesgos significativos, como extorsión, violencia y condiciones extremas. En este contexto, la propuesta de una ruta legal busca no solo proteger a quienes cruzan esta peligrosa zona, sino también debilitar el control que estas organizaciones ejercen sobre el flujo migratorio.
Según el Boletín sobre dinámicas de movilidad humana forzada en Colombia 2024, presentado por la Defensoría del Pueblo aborda el fenómeno de los movimientos migratorios mixtos en la región de Urabá-Darién, donde se registró un flujo de 400.612 personas migrantes y con necesidad de protección internacional durante 2024. Este corredor, que conecta a Colombia con Centroamérica, se ha convertido en una de las rutas más transitadas por migrantes provenientes de diversas nacionalidades.
Entre las principales nacionalidades identificadas, destacan los migrantes de Venezuela (302.185 personas), Ecuador (22.785), Colombia (17.103), Haití (17.329), China (12.214), India (6.927), Vietnam (4.517) y Afganistán (2.616). Además, el informe señala que 17.529 colombianos utilizaron esta ruta para dirigirse hacia Centroamérica, lo que evidencia que no solo se trata de un fenómeno de tránsito internacional, sino también de migración interna.
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