La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció la decisión de aplicar medidas correccionales contra el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González Mancilla, ante la falta de disposición para entregar información clave en relación con la atención a población desplazada del municipio, perteneciente al caso 08 del tribunal de paz.
De acuerdo con la JEP, la Sala de Reconocimiento solicitó a la Alcaldía municipal, a través del Auto MPVG-323 del 5 de noviembre de 2024, copia digital de los planes de desarrollo de María La Baja, entre el periodo de 1998 hasta el 2010.
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Asimismo, solicitó copia de las resoluciones emitidas por el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada de María La Baja desde su puesta en funcionamiento hasta 2010, así como copia digital de las actas expedidas por el mencionado comité desde su primera sesión hasta 2010, sin que la entrega de la información hubiera sido efectiva.
Para el 20 de diciembre de 2024, la Sala de Reconocimiento emitió el Auto Mpvg-407, solicitando los planes de ordenamiento territorial relacionados con el municipio de María la Baja desde 1998, del que tampoco se obtuvo respuesta.
“(...) preocupa que el alcalde González no haya aportado información sobre la ejecución de las acciones ordenadas ni reportado avances o planeaciones para su cumplimiento”, aseveró la JEP ante la falta de respuestas del mandatario local.
Así las cosas, el tribunal procede a contar tres días para que el alcalde exponga las razones de su oposición al mencionado trámite, garantizando su derecho de defensa y contradicción.
“La apertura de este trámite correccional se justifica en la importancia de asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia y con él la garantía de los derechos de las víctimas. Vale la pena recordar que las órdenes dadas al alcalde municipal de María La Baja en el departamento de Bolívar, Ramiro González Mancilla, requieren de su estricto cumplimiento con urgencia”, indicó la decisión del tribunal de paz.
Esta es la decisión completa contra el alcalde de María La Baja, Bolívar:
JEP reconoció a comunidad de El Aro como víctima colectiva
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció el reconocimiento de la comunidad del corregimiento de El Aro, en Ituango (Antioquia), como víctima colectiva tras la masacre perpetrada en octubre de 1997 por grupos paramilitares del Bloque Mineros de las AUC.
La masacre fue ejecutada bajo un contexto de violencia sistémica, con la presunta complicidad de la Fuerza Pública, según la documentación presentada a la JEP. Durante el ataque, fueron asesinados al menos 15 campesinos, entre ellos Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zabala, Arnulfo Sánchez Álvarez, el menor Wilmar de Jesús Restrepo Torres y otras víctimas identificadas en el expediente.
Además de las muertes, los paramilitares incendiaron viviendas, destruyeron cultivos y robaron ganado, sumiendo a la población en una crisis humanitaria que provocó el desplazamiento masivo de sus habitantes. Según la comunidad, bajo el argumento de que El Aro era un bastión guerrillero, los victimarios también generaron estigmatización sobre sus pobladores.
El colectivo Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) de El Aro presentó una solicitud formal ante la JEP argumentando que, como comunidad, sufrieron múltiples afectaciones, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios, agresiones sexuales y la destrucción casi total de su territorio.
El documento resaltó que muchas de las familias desplazadas nunca regresaron debido a la falta de garantías de seguridad, mientras que aquellas que sí lo hicieron enfrentaron secuelas de carácter físico, emocional y social. “La masacre, el desplazamiento masivo, las agresiones sexuales y los otros actos cometidos provocaron intensos sentimientos de miedo, rabia, tristeza... Condicionando también los vínculos entre las personas de la comunidad, los cuales se ven teñidos por estas emociones”, señala el expediente del tribunal.
Tras un análisis detallado de la evidencia, la JEP dictaminó el reconocimiento de El Aro como víctima colectiva, un estatus que permite a la comunidad participar activamente en el Caso 08. Este derecho incluye la posibilidad de presentar observaciones, interponer recursos y acompañar el curso de la investigación.
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