El 19 de febrero de 2025, los campesinos de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) recibieron la notificación de que debían abandonar los predios El Amparo, El Porvenir y San Ignacio, ubicados en el sur del departamento del Cesar.
Estas tierras les fueron entregadas en diciembre de 2023 como parte de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, pero ahora podrían volver a manos de Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, un narcotraficante condenado.
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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) respondió a la situación afirmando que su compromiso es proteger los derechos de los campesinos y garantizar que los predios destinados a la reforma agraria no se vean comprometidos por procesos judiciales en curso.
La entidad explicó que, tras la firma de la promesa de compraventa y el inicio del año fiscal 2025, se han adelantado los trámites para efectuar el pago de las tierras, utilizando recursos aprobados a través del PAC por el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no ha emitido una comunicación oficial sobre la devolución de los predios, por lo que la ANT sigue adelante con el proceso de adquisición.
En cuanto a las familias campesinas afectadas por casos como el de la hacienda Bellacruz, la ANT aclaró que las actas de entrega provisional establecen que cualquier mejora en los terrenos debía ser consultada con la entidad y que estas actas tienen una vigencia de tres meses, tras los cuales los predios se entregan a título de tenencia.
Además, desmintieron que se hayan firmado 36.000 promesas de compraventa con la SAE, explicando que esa cifra corresponde al total de hectáreas vinculadas a los procesos, mientras que en 2024 se suscribieron 23 promesas que abarcan 174 predios, actualmente en fase de saneamiento y escrituración.
La orden de desalojo provino de la Fiscalía 50, que levantó el secuestro de los terrenos administrados por la SAE y devolvió la administración a Urrego Contreras, pese a que las fincas están en proceso de extinción de dominio.
Según reveló el portal Rutas del Conflicto, esta decisión permitió a Edwin Álvarez Garcés, abogado de Urrego Contreras, llegar a los predios con maquinaria y candados para notificar a los campesinos del desalojo, argumentando abandono por parte de la SAE.
Aunque esto no detiene el proceso de extinción de dominio, sí deja a las familias en una situación de incertidumbre.
Los campesinos de Asocadar llevan décadas luchando por su derecho a la tierra. Su historia se remonta a los años sesenta, cuando trabajaban en la hacienda Bellacruz, luego convertida en la hacienda La Gloria, propiedad del empresario Germán Efromovich.
A pesar de una sentencia de la Corte Constitucional en 2016 que ordenaba recuperar los baldíos de la nación para adjudicarlos a campesinos, demandas y medidas cautelares han frenado la entrega definitiva de los predios.
En noviembre de 2024, durante un evento en el Cesar, el presidente Petro anunció la entrega de más de siete mil hectáreas a familias campesinas, incluyendo las de Asocadar, quienes ya habían trabajado las tierras durante un año cumpliendo con los requisitos de la SAE, como el pago de una póliza de ocho millones de pesos.
El caso de Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, es complejo. Según documentos judiciales, entre 2003 y enero de 2005, adquirió aviones privados y contrató pilotos en nombre del narcotraficante Fabio Enrique Ochoa Vasco, utilizando las aeronaves para transportar cocaína desde Colombia hasta México, para luego distribuirla en Estados Unidos.
En enero de 2005, Urrego organizó la compra de un Beechcraft King Air en Florida, que intentó recoger 2.000 kilogramos de cocaína en Colombia, pero fue interceptado y arrestado en Venezuela.
Urrego Contreras fue detenido en Bogotá el 28 de octubre de 2010 y, tras colaborar con las autoridades estadounidenses, fue procesado por el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA bajo la Operación Panama Express.
A pesar de su condena, la decisión de la Fiscalía de devolverle las tierras que ya estaban siendo trabajadas por los campesinos ha encendido las alarmas sobre los avances de la reforma agraria y la seguridad jurídica de las familias rurales.
Mientras tanto, la ANT insiste en que seguirá trabajando para asegurar que los campesinos puedan recuperar las tierras que históricamente les han sido arrebatadas por la violencia y el despojo.
La situación en el Cesar refleja las tensiones entre los procesos judiciales, la lucha contra el narcotráfico y los esfuerzos por saldar la deuda histórica con el campesinado colombiano.
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