Un caso de explotación infantil que involucró la posesión de material explícito concluyó con la condena de un ciudadano colombiano en Estados Unidos, que tendrá que pagar nueve años de cárcel tras declararse culpable de los cargos imputados.
Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fabio Murillo Sánchez, de 51 años, fue sentenciado por un tribunal federal en St. Louis, Misuri, al aceptar su responsabilidad por el delito de posesión de pornografía infantil.
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La investigación que llevó a esta condena inició en 2023, cuando un detective del Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis (Csam, por sus siglas en inglés) descargó material de abuso sexual infantil desde una dirección IP localizada en St. Louis.
Dicho contenido fue obtenido a través de la red de intercambio de archivos BitTorrent, como se conoce a un sistema de intercambio de datos entre pares. De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Justicia, las autoridades rastrearon la dirección IP hasta la residencia de Sánchez, donde se llevó a cabo una entrevista que resultó en su confesión.
Durante el interrogatorio, Sánchez admitió poseer material de abuso sexual infantil y entregó de forma voluntaria tres dispositivos electrónicos a los investigadores. Además, reconoció que había estado accediendo a este tipo de contenido desde el año 2009.
Miles de archivos explícitos fueron hallados en los dispositivos electrónicos
Según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), encontró un total de 686 videos y 1.392 imágenes que contenían material de abuso sexual infantil. Además, se identificaron más de 19.000 imágenes clasificadas como “erótica infantil y modelaje de niños desnudos”.
Estos hallazgos fueron fundamentales para sustentar la acusación y la posterior condena de Sánchez. Este caso, destacó el departamento ejecutivo federal, es de extrema gravedad debido a la magnitud del material encontrado, como parte de las acciones que se realizan por parte de las autoridades de ese país para combatir este tipo de delitos en la lucha contra la explotación infantil.
Este caso fue investigado de manera conjunta por el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis y el FBI, con la colaboración del fiscal federal adjunto Michael Hayes, que lideró la acusación.
Hayes explicó que este resultado hace parte de las acciones que se realizan como parte del Proyecto Safe Childhood, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El Proyecto Safe Childhood tiene como objetivo combatir la creciente problemática de la explotación y el abuso sexual infantil.
Para ello, coordina recursos federales, estatales y locales con el fin de localizar, detener y procesar a los responsables de estos delitos. Además, busca proteger a las víctimas y prevenir futuros casos mediante campañas de concienciación y educación.
Colombiano fue condenado en España a más de 20 años de prisión por explotación infantil en Internet
Un caso que comenzó con la denuncia de una joven en España culminó con la condena de un ciudadano colombiano a veinte años y nueve meses de prisión por delitos de explotación sexual infantil a través de Internet.
Esta sentencia, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, marca un precedente en la lucha contra este tipo de crímenes en el ámbito digital en ese país.
El procesado utilizaba redes sociales y otras plataformas en línea para contactar a adolescentes españolas. Una vez que lograba ganarse su confianza, las persuadía para que le enviaran fotografías y videos íntimos. Luego, empleaba este material para ejercer control sobre las víctimas, generándoles un impacto devastador en sus vidas.
La investigación que llevó a su captura inició en 2022, cuando una de las jóvenes afectadas decidió denunciar los hechos, lo que permitió a las autoridades rastrear al responsable hasta su ubicación en Barranquilla, Colombia.
La detención del ciudadano colombiano fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, a través del Centro Cibernético Policial de la Dijín, y la Policía Nacional de España. Este trabajo de cooperación internacional resultó en la emisión de una orden de captura con fines de extradición, y permitió trasladar al acusado al territorio español para enfrentar la justicia.
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