Cathy Juvinao hizo un llamado al diálogo entre el Gobierno Petro y el Congreso para salvar la reforma laboral

El panorama político colombiano se sacudió el 11 de marzo de 2025, cuando la Comisión Séptima del Senado solicitó el archivo del proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno Petro.

Esta decisión, que el mandatario calificó de “traición” a las promesas de cambio, desencadenó una serie de reacciones dentro y fuera del Congreso.

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Mientras el presidente hizo un llamado a la ciudadanía a salir a las calles y planteó la posibilidad de someter las reformas a una consulta popular, la representante a la Cámara Cathy Juvinao Clavijo ofreció una postura alternativa que, si bien respalda varios de los objetivos de la reforma, solicitó mayor voluntad de diálogo y modificaciones puntuales antes de cualquier iniciativa de participación directa.

La congresista del partido Alianza Verde, por medio de su cuenta de X, afirmó que la reforma laboral aún podría ser rescatada si el Ejecutivo y el Legislativo se sientan a concertar.

No obstante, advirtió que, de insistir el Gobierno nacional en un mecanismo de participación ciudadana que podría costar entre 300.000 y 500.000 millones de pesos, debería incluirse la reducción del salario de los congresistas como parte esencial de la consulta, pues la representante considera que ese sí es un proyecto de ley que no será aprobado en el Congreso.

Para Juvinao, esa sí sería una medida de “justicia social” que uniría a la población en un punto que le permitiría alcanzar el umbral de los 14 millones de votos.

En un video compartido en redes sociales, la congresista expuso que la propuesta de reforma laboral del Gobierno Petro no es completamente negativa, tal como afirman algunos sectores, ni es la “panacea” en términos de modernización o protección de los trabajadores, como la defienden sus impulsores.

Desde su perspectiva, el proyecto posee elementos valiosos y “bastante nobles”, entre los que resaltó el restablecimiento de los recargos nocturnos y dominicales, una política que, en su criterio, reconoce derechos laborales que habían sido recortados con el paso de los años.

Asimismo, la representante respaldó la extensión de la licencia de paternidad y las garantías para los trabajadores de plataformas digitales, quienes a menudo se encuentran en condiciones de informalidad o sin mayor protección en materia de seguridad social.

En el metraje, también valoró la disposición de flexibilizar las jornadas laborales para personas cuidadoras, un sector históricamente poco atendido por la legislación.

No obstante, Juvinao expresó su oposición a ciertos apartados de la reforma que, a su juicio, generaría los mismos requisitos y costos laborales a las micro y pequeñas empresas que a las grandes compañías, lo cual podría agravar la situación de desempleo e informalidad en el país.

Para la congresista, se requiere un enfoque diferencial: si bien es justo que las empresas de gran envergadura asuman los costos de la reforma, en el caso de los micronegocios y pymes se debería adoptar una aplicación gradual.

El riesgo, advirtió, es que imponer exactamente las mismas cargas de inmediato podría llevar a la quiebra a estas unidades de negocio, que representan el 90% del tejido empresarial y la mayor fuente de empleo en Colombia.

Ante la posibilidad de que el presidente Petro convoque a una consulta popular para impulsar la reforma tras el archivo en el Senado, Juvinao sugirió que es preferible agotar antes todas las vías de concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según sus estimaciones, la consulta tendría un costo de entre 300.000 y 500 mil millones de pesos y requeriría la participación de casi 14 millones de votantes para alcanzar el umbral, un escenario complejo de materializar en un país con altos niveles de abstencionismo.

Sin embargo, en caso de que el Gobierno nacional decida seguir adelante con este mecanismo, la representante propone incluir en las preguntas a la ciudadanía la rebaja del salario de los congresistas.

“Si usted quiere de verdad que la ciudadanía decida sobre un asunto de justicia social y de justicia laboral, incluyan la rebaja del salario de los congresistas”.