
El departamento de Santander enfrenta un escenario complejo en cuanto a la definición de sus límites territoriales. Una disputa administrativa, en el marco de un proceso de deslinde liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), podría derivar en la pérdida de 75.8 kilómetros cuadrados a favor de Norte de Santander.
Esta controversia no solo involucra cuestiones técnicas y legales, sino también tensiones políticas entre ambas regiones.
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De acuerdo con Blu Radio, el proceso administrativo afecta principalmente a los municipios santandereanos de Guaca y Santa Bárbara, los cuales comparten límites con Silos, municipio perteneciente a Norte de Santander.
Según un informe preliminar emitido por el Igac, el concepto técnico habría favorecido a Norte de Santander, lo que generó profundas discrepancias y encendió la alerta en la dirigencia del departamento de Santander.

El caso ha tomado relevancia tras las declaraciones del representante a la Cámara por Santander, Álvaro Rueda, quien ha manifestado su preocupación frente a este posible reajuste territorial.
“Me parece absurdo que en la comisión de ordenamiento territorial tuviese que declararse impedido e inclusive salirse de la discusión un representante del departamento en el cual se está presentando a controversia sobre los límites” dijo Álvaro Rueda al momento de su intervención.
Rueda cuestionó la imparcialidad del funcionario encargado de emitir el informe del Igac, insinuando que el análisis podría haberse basado más en criterios subjetivos que en indicadores técnicos e institucionales. De acuerdo con el congresista, de las siete variables que establece la Ley 1447 de 2011 para este tipo de procedimientos, seis favorecen a Santander, mientras que solo una beneficiaría a Norte de Santander.
“Y no quiero participar de manera directa cuando la comisión entre a la discusión para evitar impases a futuro relacionados con una eventual conflicto de interés, que jurídicamente estoy tranquilo de que no existe, porque en ultimas no hay un interés personal sino general, como bien lo podría ser el representante Cristo para abanderar los intereses de su departamento de norte de Santander” Puntualizó.
Desarrollo del proceso en el Congreso
El asunto llegó a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, instancia encargada de analizar el concepto del Igac y tomar decisiones al respecto.
Sin embargo, la designación del representante nortesantandereano Jairo Humberto Cristo como ponente inicial del caso generó desconfianza entre algunos legisladores santandereanos, quienes consideraron que esta elección podría inclinar la balanza en favor de su departamento vecino.
En respuesta a esta preocupación, Álvaro Rueda pidió replantear la designación del ponente. La intervención del congresista permitió que finalmente se asignara a un nuevo encargado para evaluar la controversia, aunque todavía persisten dudas sobre si el proceso será totalmente equilibrado.
Rueda hizo un llamado a la unión de la bancada parlamentaria santandereana para defender los intereses del departamento y garantizar que no se ceda territorio sin un análisis rigoroso y transparente.

Durante las sesiones, la comisión revisó la ponencia principal sobre el deslinde en los territorios disputados entre Silos, Guaca y Santa Bárbara, pero el caso permanece abierto, a la espera de una decisión definitiva que podría determinar el futuro de la delimitación territorial entre ambos departamentos.
El conflicto limítrofe entre Santander y Norte de Santander no es un caso aislado en el país. Según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Colombia enfrenta al menos 20 disputas territoriales activas entre departamentos y municipios que requieren de resolución administrativa.
En muchos casos, los desacuerdos se deben a interpretaciones distintas de mapas históricos, falta de acuerdos sobre linderos naturales o documentales, e incluso intereses económicos o políticos asociados al control de recursos estratégicos de los territorios en disputa.

Los problemas limítrofes con Norte de Santander se suma otro frente territorial para Santander, esta vez con el departamento de Boyacá. Aunque los detalles de esta disputa aún no han alcanzado el mismo nivel de exposición mediática, las autoridades han confirmado que existe un litigio administrativo vinculado a la posesión de ciertos territorios reclamados por ambas partes.
Este tipo de conflictos no solo tiene implicaciones legales y políticas, sino que también afecta directamente a las comunidades locales, cuyos derechos pueden verse vulnerados en medio de decisiones que a menudo son percibidas como ajenas o lejanas a sus realidades. Las tensiones derivadas de estos desacuerdos refuerzan la importancia de encontrar soluciones definitivas y consensuadas para los problemas limítrofes en Colombia.
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