Colombiana fue hallada muerta en una cárcel de México: la madre de la víctima denunció negligencia de las autoridades

La muerte de una mujer de nacionalidad colombiana, identificada como Jheraldine Marcela Pantoja Botero, de 30 años, obligó a su madre de 55 años, Mónica Botero, a emprender un tortuoso viaje desde Cali, Valle del Cauca, hasta el estado de Morelos, en el centro de México, lugar donde su hija se hallaba recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16 (Cefereso 16).

Sin embargo, el aviso que les dieron de su muerte tomó por sorpresa a la familia, pese a que desde el penal les aseguraron que todo habría sido producto asfixia por ahogamiento. En otras palabras, dijeron que la joven colombiana se había quitado la vida, pero para la mamá de Marcela esta versión no es del todo confiable, y aseguró en diálogo con Telepacífico Noticias que su hija falleció en extrañas circunstancias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este centro reclusorio, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, ha sido noticia en varias ocasiones debido al número de muertes de reclusas extranjeras que se han presentado. Según los registros del colectivo de mujeres Artículo 20, desde 2022 hasta lo corrido de 2025, se cuentan 20 casos documentados de reclusas que se han suicidado.

Además, desde 2016, habrían ocurrido otros nuevos casos, sobre los cuales Viridiana Molina, activista, integrante del colectivo y exinternada en el mismo centro penal (del cual fue liberada en 2019), precisó que las muertes ocurrieron “por negligencia médica, porque no se les dio la atención que necesitaban”, según lo que conversó con el medio Omnia Noticias.

A través de un reportaje divulgado por el portal informativo mexicano el domingo 9 de marzo de 2025, y las entrevistas concedidas a varios medios de comunicación en ese país, Mónica Botero, tras las honras fúnebres que se realizaron en la tierra natal de Pantoja Botero el sábado 1 de marzo, mencionó en una charla con El País de Cali que a su hija “la mataron allá”. “Quiero que se investigue todo, porque todo está muy raro. Ella (Marcela) estaba feliz, sabía que iba a obtener su libertad”, afirmó su madre.

Los hechos se remontan hasta el 6 de febrero de 2025, día en que se reportó la muerte de la colombiana dentro del Cefereso 16, y pese a que en este tipo de casos (cuando un connacional muere en el exterior), los gastos son acarreados por parte de los familiares de las víctimas.

“A la señora (Mónica Botero) las autoridades del Cefereso no le dieron información, y su consulado prácticamente la dejó sola. Yo me comuniqué al Cefereso y la directora (Adriana Villeda Salazar) me dijo que ya se le había informado al abogado lo que había pasado con Jheralding (sic) y que él se había comunicado con su hermano. Pero él murió hace un año, ¿cómo era eso posible? También me dijeron que el reconocimiento se haría vía Zoom, de manera remota”, relató Viridiana Molina al portal mexicano.

Esta activista estuvo al lado de la mamá de Marcela brindándole acompañamiento en México, junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh), desde el momento en que esta mujer llegó hasta el país en el norte del continente, y como la misma progenitora le dijo al noticiero vallecaucano, “en el momento que me dan la noticia del deceso de mi hija, yo no tengo recursos para viajar, y entre familiares, los amigos y conocidos de mi hija me ayudaron”.

Pero en este caso, como explicó Molina, “lo que querían las autoridades y el consulado era que la señora se hiciera cargo de la repatriación. Cuando se reconoció el cuerpo en la Fiscalía General de Justicia de Morelos, los empleados de la funeraria que presta servicio al Cefereso, y que ya me conocen, me dijeron que tenían autorización para llevar el cuerpo hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo les dije que nos lo entregaran en ese momento y que yo lo llevaría a Palacio Nacional. Jheralding murió bajo custodia del Estado; tenían que asumir su responsabilidad”.

Uno de los detalles que más ha puesto en duda la versión de las autoridades del Cefereso 16 por parte de la familia de Marcela en Colombia, es que ella estaba próxima a quedar en libertad, según lo que hablaron con ella en una de las últimas conversaciones que tuvieron con la caleña en vida, madre de dos menores de 12 y 14 años, y con quien había acordado que los iba a llamar (videollamada), pero esa comunicación no se logró, pese a que la misma reclusa pidió a su familia que hicieran la solicitud ante el Consulado de Colombia en México.

“El mismo (día) 6 (febrero), alrededor del mediodía, mi hija menor recibió una llamada del reclusorio para avisarnos que estuviéramos pendientes, que a las cinco de la tarde se haría el enlace de la videollamada”, explicó la mamá de Marcela en entrevista con Proceso.

“Yo no estaba en casa porque ese día trabajaba. Llegó la hora y no se comunicaron. Pensamos que algo había pasado, alguna falla. Pasada la medianoche, mi hija recibió una llamada rápida. Le preguntaron si era familiar de Jheralding Marcela Pantoja. Cuando mi hija le dijo que sí, le informaron que Jheralding había fallecido ese día a las tres de la tarde. Mi hija empezó a gritar. Yo me acerqué a preguntar, pero la señora me dijo que no estaba autorizada a dar información y colgó”, añadió Mónica Botero.

Sin embargo, el otro detalle que no le cuadró a esta madre de familia fue una llamada que recibió por parte de una de las dos jóvenes que viajó con ella desde Colombia el 14 de febrero de 2018. Pero antes de mencionarlo, la mamá de Marcela precisó lo que pasó cuando ellas tres fueron detenidas.

“Mi hija me contó que, cuando las detuvieron, a ella y a sus compañeras las violaron. Nunca denunciaron por miedo. Ya interna en la cárcel, supe que la golpearon. En videollamadas le veía moretones; en una ocasión, la golpearon cuando se defendió de una custodia que la hostigaba, y me mostró una herida en la cabeza. ‘¡Es un infierno!’, me decía mi hija”, dijo Mónica, que en medio de los preparativos y la consecución de recursos para poder viajar a México, recibió una llamada que refuerza su teoría, en la que su hija no se suicidó, sino que habría más personas involucradas. Por esto piden que se investigue a fondo.

“Fue una llamada de casi 20 minutos para pedirme que no viniera a México, que parara el circo, así me dijo. Yo la veía cómo leía un papel y miraba a alguien frente a ella. Me decía que Jheral no había podido superar la muerte de su hermano, que se golpeaba y se arañaba, que en la cárcel le habían dado terapia; me dijo que no le hiciera caso a Viridiana, que me pusiera en contacto con su papá, que él me iba a ayudar. Yo le mandé mensaje a ese señor, pero nunca respondió”, indicó la madre de la colombiana.

“¿Por qué no atentó contra su vida hace un año? Sé que sufrió mucho. Yo le pedí que me prometiera que nunca se iba a hacer daño. Tampoco me hace sentido que, si lo hizo, lo hubiera hecho el mismo día que iba a tener una videollamada con sus hijos. Al menos se habría despedido de ellos”, agregó la mamá de Jheraldine Marcela Pantoja Botero, que dejó otro punto que apoya las sospechas.

“Es más, ese mismo día (6 de febrero) habría una audiencia, que se pospuso, y Jheral estaba muy confiada en que iba a salir libre. Me había dicho que estuviera lista para prepararle su comida favorita, porque pronto iba a salir. ¿Cómo iba a atentar contra su vida?”, cerró Mónica, que solo espera que los hechos no queden impune y que, como ha denunciado Artículo 20, las autoridades tomen medidas sobre las condiciones de reclusión y el apoyo (psicosocial) que deben recibir las internas, que en más de una ocasión ha sido puesto en tela de juicio.

Incluso, el Cndh emitió en 2023 la Recomendación 276, dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs) y a la Fiscalía de Morelos (donde quedaron documentados 13 presuntos suicidios), en la que los exhorta a “actuar con debida diligencia en estos casos, a fin de evitar que otras mujeres atenten contra su vida, realizando las acciones necesarias, oportunas y articuladas para brindar acompañamiento y atención urgente a la salud mental de las mujeres”. Esto se agregó en el comunicado que se conoció por parte de la Comisión el 9 de febrero de 2025, tres días después de la muerte de la colombiana.

Al final el Oadprs, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solventó los gastos de traslado del cuerpo hasta Cali, en un vuelo que llegó a la capital de Valle del Cauca el viernes 28 de febrero. Las honras fúnebres se desarrollaron entre el 1 y 2 de marzo.

Sin embargo, y desde Colombia, la familia de Marcela dejó un mensaje contundente: “No nos vamos a quedar callados. Queremos saber la verdad y que los responsables paguen”.