Por falsificar sus diplomas universitarios, cuatro profesores adscritos a la Secretaría de Educación de Bogotá fueron inhabilitados

La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a cuatro docentes adscritos a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá por presentar títulos académicos falsos con el propósito de obtener sus nombramientos.

Dos de ellos fueron destituidos e inhabilitados por 10 años, mientras que los otros dos recibieron una sanción de cinco años tras aceptar su responsabilidad en los hechos.

Los sancionados con mayor severidad fueron Pedro David Becerra Buitrago y César Alonso Delgado Benavides, quienes presentaron documentación fraudulenta para acreditar sus estudios universitarios.

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Según la investigación de la entidad, que comunicó a través de un comunicado oficial, Becerra Buitrago falsificó un diploma de Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás, así como una Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Por su parte, Delgado Benavides entregó dos títulos inexistentes: uno de Profesional en Mercadeo y otro de Gerente de Mercadeo, ambos supuestamente otorgados por la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Los otros dos docentes involucrados, Luis Alejandro Aguirre Neira y José Luis Muñoz Castrillón, también recurrieron a documentación falsa, pero confesaron su implicación en el fraude. Por esta razón, la Procuraduría les impuso una sanción de inhabilidad por cinco años.

De acuerdo con la Procuraduría Distrital de Juzgamiento, los cuatro docentes incurrieron en faltas gravísimas a título de dolo, al vulnerar los principios de moralidad y transparencia en el ejercicio de su labor como servidores públicos.

Un caso de acoso sexual en el ámbito educativo culminó con la destitución y una inhabilidad de 18 años para ejercer cargos públicos de un exdocente en el municipio de Cabuyaro, departamento del Meta, Colombia. Según informó la Procuraduría General de la Nación, la decisión se tomó tras una investigación que confirmó conductas inapropiadas por parte del educador hacia una estudiante menor de edad.

De acuerdo con la Procuraduría, el exdocente, cuyo nombre no fue revelado, incurrió en comportamientos que vulneraron la dignidad y los derechos de una estudiante. Los hechos investigados revelaron que el hombre realizó insinuaciones de carácter sexual hacia la menor, aprovechándose de su posición de autoridad como profesor. Estas acciones fueron calificadas como una falta gravísima cometida con dolo, es decir, con plena intención y conocimiento de sus actos.

La sanción impuesta por el ente de control no solo implica la destitución del cargo que ocupaba el docente, sino que también lo inhabilita para ejercer funciones públicas durante los próximos 18 años. Esta medida busca garantizar que el acusado no pueda reincidir en conductas similares dentro del ámbito educativo o en cualquier otro espacio relacionado con el servicio público.

El caso fue investigado bajo los lineamientos del Código Disciplinario Único, que establece las normas de conducta para los servidores públicos en Colombia. La Procuraduría subrayó que la sanción impuesta responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de este tipo de conductas.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la Procuraduría General de la Nación fijó su posición frente a las denuncias sobre una supuesta irregularidad en la elección de Hernán Penagos Giraldo como Registrador Nacional del Estado Civil.

Este pronunciamiento del Ministerio Público se dio en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del proceso que llevó a Penagos a ocupar el cargo, ya que se le señala de que su elección tiene presuntas inconsistencias en el procedimiento que lo designó.

De hecho, las críticas se centran en posibles irregularidades que habrían afectado la transparencia del proceso. Este contexto llevó a la Procuraduría a intervenir y emitir un concepto oficial sobre el caso, buscando aclarar los hechos y garantizar el cumplimiento de las normas legales.

El caso ha involucrado a varias figuras de relevancia en el ámbito político y judicial. Entre ellas se encuentran el procurador Gregorio Eljach, la fiscal Luz Adriana Camargo y el contralor Rodríguez, quienes han participado en reuniones y discusiones relacionadas con el tema.