Un conflicto entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escaló el pasado 11 de marzo tras una serie de declaraciones en la red social X.
La disputa se centró en el embargo de más de 83 mil millones de pesos a las cuentas de la Nación, ordenado por un juez, debido a una deuda con Centrales Eléctricas del Norte de Santander, filial del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín).
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El origen de la controversia se remonta al 4 de marzo, cuando un juez decretó que las cuentas de la Nación serían congeladas como medida para saldar la deuda. Según Federico Gutiérrez, su administración recurrió a la vía judicial tras la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional.
“Petro ya se comporta como un dictador. La venganza no tardó mucho; se quiere tomar a EPM. Convoco a todas las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender a nuestra empresa 100% pública. Este puede ser el comienzo del fin. Colombia debe despertar”, expresó el alcalde en su cuenta de X.
El presidente Petro no tardó en reaccionar, declarándolo en la misma plataforma:
“Dictador es el que embarga cuentas de la Nación cuando la ley dice que las cuentas de la Nación son inembargables”. Minutos más tarde, Gutiérrez respondió con contundencia: “¿Le está usted diciendo dictador a un juez de la República por el hecho de no gustarle su fallo en derecho? Muy grave. Se le olvida que usted es el jefe de Estado. No actúa como tal. Le recuerdo que en Colombia hay independencia de poderes, así a usted no le guste”.
Contexto del rifirrafe entre Petro y Gutiérrez
De acuerdo con El Tiempo, el pasado 11 de febrero Edwin Palma, nuevo ministro de Minas, abordó el tema en redes sociales y realizó una solicitud formal a la Superintendencia de Servicios Públicos para investigar a EPM y sus filiales. Palma calificó la situación como una estrategia política.
““Tal y como indica el señor Presidente esta es una maniobra política y electoral si se quiere decir. El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de las nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión. Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos”, dijo.
Además, señaló que el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos para cumplir con los pagos a las filiales del sector energético vinculadas con EPM.
““Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos. Que no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía. Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos. Porque durante mi paso por Air-e, EPM no se mostró nada generoso con los usuarios que atiende esa compañía. Teniendo energía en exceso. Presionando las tarifas al alza en contra de los usuarios. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño”. Afirmó Palma.
El Ministerio de Minas emitió una carta dirigida a la Superintendencia de Servicios Públicos, solicitando una inspección inmediata a EPM y sus filiales. El documento señala que el objetivo de la intervención es “verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios”.
“En atención a las competencias que la Constitución Política y la ley asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales " data el domumento
El Ministerio también solicitó determinar si es necesario implementar medidas correctivas.
El conflicto entre Petro y Gutiérrez refleja una fractura entre el Gobierno nacional y algunos actores regionales en temas clave como la gestión de los servicios públicos y el manejo de recursos del Estado. Mientras tanto, el enfrentamiento agrava el panorama de polarización política en Colombia y plantea interrogantes sobre cómo incidirá en futuras elecciones o decisiones políticas en el país.
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