Polémica por propuesta de la Alcaldía de Bogotá de cobrar por antejardines en predios privados: de qué trata

Aunque el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en varias ocasiones, ha proferido ciertas medidas sobre la competencia que tiene el Distrito sobre el aprovechamiento del espacio público y las delimitaciones con el terreno privado, incluso, cuando hay comercio, hay un reciente proyecto de resolución de la institución que busca imponer un cobro del 0,5% sobre el valor integral de los predios privados por el uso de los antejardines.

Esta medida está desatando una fuerte ola de críticas y denuncias, especialmente, porque ha sido rechazada de manera tajante por comerciantes, gremios y algunos concejales, que consideran que esta propuesta atenta contra la propiedad privada y afecta especialmente a los pequeños negocios.

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De acuerdo con la información divulgada por Fenalco y los detalles del documento de la resolución que publicó el diario Citytv, esta medida “por medio de la cual se reglamenta la autorización del uso temporal con aprovechamiento económico de los jardines en Bogotá D.C. para la actividad de comercio y servicios gastronómicos, conforme a las disposiciones de los decretos distritales 555 de 2021 y 315 de 2024 y se dictan otras disposiciones”, como se lee en la resolución.

Esta medida incluiría, en medio de todo el andamiaje, un cobro de un 0.5% que se aplicaría sobre el valor integral en el cálculo de la retribución económica por aprovechamiento del espacio público. Según un aparte de la iniciativa, ese 0,5% será el Factor Inductivo de Renta (FIR), y tendrá “fundamentos técnicos, económicos y normativos que garantizan su equidad, proporcionalidad y sostenibilidad en el tiempo”.

Las críticas no se hicieron esperar. Por ejemplo, el presidente de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, se pronunció y fue enfático al señalar que “los antejardines son propiedad privada y ya tributan a través del impuesto predial. Sin embargo, el Distrito los está considerando como bienes de uso público para imponer cobros adicionales, lo que contradice el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política de Colombia”.

“No tiene ninguna lógica ir contra la Constitución, contra el derecho a la propiedad privada”, comentó durante su entrevista con el medio, en la que concluyó que los comerciantes se oponen “radicalmente” a la iniciativa.

Por su parte, los expertos indican que la contribución resulta necesaria. Citado por el medio, Eder Velandia, profesor e investigador de la Universidad de La Salle, indica que “lo que estamos haciendo es un aprovechamiento de un espacio que no debía haber sido construido, y eso, infortunadamente, está generando no solamente problemas en temas de espacio público, en temas de visibilidad y seguridad vial, sino también estamos viendo que, poco a poco, se están reduciendo los espacios que tienen los ciudadanos”.

La perspectiva de Darío Hidalgo, profesor e investigador experto en temas de movilidad, de la Universidad Javeriana de Bogotá, está alineada al proyecto, debido a que los espacios que pierde la ciudadanía, aunque sean parte de la propiedad privada, suelen ser usado, “en algunos casos para explotación comercial. En ese sentido (los comerciantes) violaron la norma urbanística y corresponde que eso que se les había otorgado como espacio privado está siendo aprovechado económicamente en contra de la norma, y por eso hay esa posibilidad de que la entidad pública entre a cobrar”.

Desde el sector comercial, mientras tanto, se argumenta que la medida podría tener un impacto negativo en los negocios, particularmente en aquellos que dependen del uso de estos espacios para su funcionamiento. Un vocero de Fenalco se sumó a las palabras de Orrego, y expresó que “no tiene lógica que quieran ejercer control policial cuando el Código Nacional de Policía no los considera espacio público”.

La propuesta, que forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2021 y fue formalizada en el Decreto 493/2023, genera aún más incertidumbre después de la derogación de este decreto mediante el Decreto 315/2024. No obstante, los gremios han manifestado su preocupación y han anunciado que seguirán luchando contra la implementación de este cobro, considerando que afectaría principalmente a los pequeños emprendedores que aún utilizan sus antejardines como fuente de ingresos.

Además del cobro, los críticos han señalado los trámites adicionales que la medida implicaría, lo que contrasta con la política de simplificación administrativa que promueve el gobierno distrital. La imposición de un control policivo sobre estos espacios privados, según los opositores, es otro punto de conflicto, ya que el Código Nacional de Policía establece que los antejardines no son considerados espacio público.

Frente a esta controversia, Fenalco ha enviado observaciones formales al IDU solicitando la retirada de esta propuesta y subrayando la necesidad de respetar el derecho a la propiedad privada. Según el gremio, la medida no solo carece de justificación legal, sino que también representa una carga económica adicional para los propietarios, especialmente en un contexto de desafíos económicos para los pequeños comercios de la ciudad.