Presunto desfalco en la Universidad de Antioquia: exfuncionario habría desviado más de $135 millones usando los datos de su padre

Un presunto caso de corrupción ha sacudido a la Universidad de Antioquia luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara que un exfuncionario habría desviado recursos destinados al pago de pensiones hacia una cuenta bancaria a nombre de su padre.

El señalado, Alexander Builes Arroyave, fue imputado por los delitos de peculado por apropiación y acceso abusivo a un sistema informático.

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Según la investigación, los hechos ocurrieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022, periodo en el que Builes Arroyave, quien trabajaba en la división de talento humano de la universidad, habría manipulado el Sistema de Gestión de Personal (Sipe) para redirigir al menos 135 millones de pesos a una cuenta bancaria creada con los datos de su padre, quien no tenía vínculo laboral con la institución.

El material probatorio indica que el exfuncionario habría cometido al menos 24 actos delictivos, alterando la información de beneficiarios o reemplazando los datos de pensionados fallecidos por los de su padre, según Caracol Radio.

Este mecanismo le habría permitido apropiarse de recursos destinados a jubilados, afectando directamente a los pensionados legítimos.

A pesar de que el nombre del padre fue usado en el esquema fraudulento, la Fiscalía aclaró que este no tenía conocimiento de las acciones de su hijo.

“El material de prueba indica que el dinero era sustraído del pago a otros pensionados o reemplazando a personas fallecidas en los registros”, señaló el ente acusador.

Durante la audiencia de imputación de cargos, Builes Arroyave no aceptó los cargos en su contra. No obstante, la Fiscalía sigue investigando para determinar el destino final de los fondos desviados y verificar si hay otros implicados en el caso.

Este no es el primer incidente reciente que afecta a una institución académica en Medellín. En septiembre de 2024, un grupo de encapuchados destruyó un cajero automático dentro de la sede de la Universidad Nacional, utilizando artefactos explosivos para robar el dinero y luego huir del lugar. La explosión causó graves daños materiales y puso en alerta a la comunidad universitaria.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el hecho como un acto de terrorismo y criticó el uso indebido de la autonomía universitaria para cometer delitos. “Estos encapuchados no son estudiantes ni hacen protesta social, son terroristas, criminales y merecen ser tratados como tal”, afirmó.

En medio de la emergencia, el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional intentó ingresar a las instalaciones de la universidad para atender la situación y garantizar la seguridad en el lugar.

Sin embargo, según reportó RCN Radio, no se les permitió el acceso. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre las limitaciones que enfrentan las autoridades para actuar en casos de emergencia dentro de los campus universitarios, donde la autonomía institucional suele ser un tema sensible.

Este antecedente subraya la necesidad de fortalecer la seguridad y los controles internos en las universidades públicas para proteger tanto los recursos financieros como la integridad de sus instalaciones y comunidades educativas.

Asimismo, el pasado 24 de febrero, un grupo de encapuchados irrumpió en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, generando caos y preocupación entre la comunidad académica.

Los sujetos sustrajeron hachas destinadas para emergencias, protagonizaron disturbios por más de dos horas y afectaron el transporte en la zona. Un estudiante logró impedir que uno de los encapuchados se llevara un hacha, enfrentándolo directamente en un gesto de valentía que fue captado en video.

El incidente desató fuertes reacciones de la comunidad universitaria, con representantes estudiantiles y docentes exigiendo mayor seguridad en los campus.

También se denunció un ambiente laboral deteriorado, con amenazas y escraches contra profesores, lo que ha intensificado la preocupación sobre la creciente vulnerabilidad de las universidades públicas frente a actos violentos.