Cinco altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron citados a debate de control político en el Senado de la República, con el propósito de evaluar los avances y resultados de las medidas de conmoción interior establecidas para la región del Catatumbo (Norte de Santander), tras más de cincuenta días desde que iniciaron las confrontaciones armadas entre los grupos armados que operan en esta región.
La discusión se realizará en la plenaria del Senado del martes 11 de marzo, que será liderada por los integrantes de la comisión accidental para el seguimiento y análisis del decreto expedido por el Gobierno nacional en enero de 2025.
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Entre los funcionarios citados por el legislativo se encuentran los ministros Martha Carvajalino (Agricultura), Ángela María Buitrago (Justicia), Pedro Sánchez (Defensa) y Diego Guevara (Hacienda), así como la presencia de Alexander López, saliente director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien había presentado su renuncia al cargo, y que aceptada por el presidente Gustavo Petro.
“Como Miembros de la Comisión Accidental para el seguimiento y análisis del informe presentado por el Gobierno Nacional sobre las razones que determinaron la declaración de Conmoción Interior, solicitamos que se cite a los jefes de las carteras (...) para que se pronuncien respecto de la motivación, justificación, fines, destinación de los recaudos, protección y retorno de los habitantes de la región del Catatumbo y apoyo a las autoridades territoriales, de los siguientes decretos legislativos expedidos en virtud del Decreto 0062 del 2025″, se lee en la citación.
Decretos de conmoción de interior para el Catatumbo
Desde el 24 de enero de 2025, fecha en la que el Gobierno Petro declaró el estado de Conmoción interior en esta región del norte colombiano, se han expedido un total de 18 documentos que abordan esta crisis, que ha dejado más de 55.000 desplazados y cerca de 30.000 confinados en sus viviendas.
Entre los documentos publicados en la página oficial de la Presidencia de Colombia, se destacan aspectos referentes al abastecimiento y transporte de combustibles líquidos y gas, reorientación de rentas de destinación específica, destinación de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y medidas extraordinarias de protección para personas y comunidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos, entre otros.
De hecho, uno de los decretos ordena al Ministerio de Defensa la limitación del uso de sustancias y productos químicos que se usen para la producción de clorhidrato de cocaína, y en caso de que las sustancias tengan que circular por el territorio, estos deberán contar con los documentos oficiales que certifiquen esta disposición.
“Quien transporte sustancias y productos químicos controlados en una cantidad superior a la definida en el artículo 6 de la Resolución 0001 de 2015, deberá presentar a las autoridades, cuando le sea requerido, los documentos o la información que permitan corroborar el origen y el destino lícitos de las sustancias y productos químicos sometidos a control”, se lee en el decreto 134 de 2025.
También, se contempla una normativa con el que el Gobierno podrá limitar, suspender o sustituir en su totalidad los servicios de abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, es decir, el cierre temporal de las estaciones de servicio (EDS) y la limitación o suspensión temporal de la comercialización y distribución de combustibles líquidos.
Los demás decretos presentados por la administración Petro se refieren a la financiación de proyectos de inversión con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40 por ciento (Decreto 131), medidas extraordinarias e integrales de protección para personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos y el DIH (Decreto 137) y el uso del espectro radioeléctrico en los servicios terrestres fijos y móviles con fines de socorro y seguridad a las entidades públicas y organismos humanitarios (Decreto 133).
El Catatumbo, ubicado en el noreste de Colombia, es una región estratégica tanto por su ubicación fronteriza con Venezuela como por su importancia en el cultivo de coca, lo que la convierte en un territorio disputado por diversos grupos armados. La declaratoria de conmoción interior busca otorgar al gobierno herramientas excepcionales para enfrentar esta situación, pero su implementación ha generado controversia y dudas sobre su efectividad.
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