Los colombianos están a punto de quedarse sin las EPS: análisis advierte “apagón financiero en el sector salud”

Los sistemas de salud constituyen un pilar importante en el bienestar social de cualquier país. Más allá de la prestación de servicios médicos, el sistema de salud es garantía del derecho fundamental a la vida. Hoy por hoy, uno de los mayores desafíos a nivel global, producto del envejecimiento poblacional y otros factores, es proveer estos servicios de manera sostenible y eficiente, escenario en el que Colombia no es la excepción. Si bien el sistema colombiano logró un aseguramiento universal, enfrenta retos estructurales y presupuestales, que se acentuaron en los últimos años.

Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicó un informe que detalla cómo factores como el déficit presupuestal, el aumento de la demanda en servicios de salud y la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC) generaron presiones que podrían llevar a un “apagón” en la prestación de servicios de salud.

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Para empezar, dice el mismo, las presiones de uso sobre el sistema aumentaron de forma significativa de manera reciente. Es así que, desde 2020, la crisis sanitaria por covid-19 transformó los patrones de demanda en servicios de salud. Entonces, al comparar el consumo de los hogares de 2019 con 2024, después del incremento en recreación y cultura, la salud presenta el segundo mayor aumento en participación, al pasar del 8,0% al 8,9%

Lo anterior, refleja que el sistema de salud enfrenta en la actualidad una mayor demanda de servicios sin precedentes, lo que genera presiones en su capacidad operativa y financiera.

“En ese sentido, vale la pena preguntarse si los recursos para atender el creciente uso son suficientes. Al respecto, el Ministerio de Salud ha afirmado que la unidad de pago por capitación (UPC), es decir, los recursos con los que el sistema cuenta mayoritariamente para atender la prestación de servicios, ha sido suficiente en los últimos años, y que los incrementos se han determinado utilizando la misma metodología aplicada desde 2023″, sostuvo la entidad.

Sin embargo, aclara que las cifras reflejan un escenario opuesto. Al respecto, remarca que las entidades promotoras de salud (EPS) insisten en que el sistema presenta un hueco financiero con el que les es imposible seguir garantizando la prestación de servicios por mucho tiempo más. Estas atribuyen la situación a una UPC que no reconoce, entre otras cosas, el incremento en las frecuencias de uso del sistema, el envejecimiento poblacional y la mayor siniestralidad.

Frente a esto, en Anif estiman una insuficiencia significativa de la UPC en los últimos años, lo que puede llegar a acumular un déficit presupuestal de cerca de $20 billones. Insiste la asociación en que esta falta de recursos se originó por la disparidad entre el incremento decretado de la UPC junto con los presupuestos máximos necesarios y las necesidades financieras del sistema.

“En nuestro estudio colaborativo junto con Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo) se evidencia que el déficit acumulado en los últimos tres años asciende a $19,8 billones, con $9,9 billones correspondientes solo a 2024 ($8 billones por insuficiencia en UPC y $1,9 billones en presupuestos máximos)”, indicó.

Según el estudio, en 2022 el aumento fue 2,4 puntos porcentuales (pp) inferior al requerido; en 2023, 2,6pp por debajo; y en 2024, 3,6 pp menor. La situación podría agravarse de manera importante para 2025, donde se estimó un incremento del 16,4% en la UPC, pero solo se decretó un 5,3%, lo que dejó 11,1 pp por debajo de lo que se recomienda, lo que profundiza de manera considerable el déficit del sector.

Así, el insuficiente aumento de la UPC deterioró la gravedad de las finanzas de las principales EPS. Las cinco mayores entidades aseguradoras vieron reducir de manera dramática su patrimonio:

• De cifras sólidas en 2019 ($400.000 millones para Nueva EPS y Sura, $300.000 millones para Sanitas y Salud Total), pasaron en 2023 a situaciones críticas con Sanitas en números negativos (-$100.000 millones) y otras cercanas a cero.
• Para el primer semestre de 2024, varias reportan patrimonios nulos. Lo anterior, como resultado de mayores presiones financieras del sistema que fueron apalancadas con sus patrimonios y forzaron el consumo de reservas técnicas, lo que provocó intervenciones de la Superintendencia de Salud.

Con lo anterior, las consecuencias para los ciudadanos ya son evidentes. Las quejas y reclamos sobre servicios de salud aumentaron de manera considerable frente a años anteriores, así como el número de tutelas relacionadas con el derecho a la salud. En detalle, para enero de 2025, las quejas radicadas en la Supersalud aumentaron un 55,1% frente a enero de 2024.

Además, se observa un crecimiento anual sostenido en los últimos meses, con un pico en diciembre de 2024 de 72,8%, que contrasta con el comportamiento en meses de años previos.

Asimismo, el número de tutelas aumentó. En 2024, alcanzó la cifra de 903.000 tutelas relacionadas con salud, según cifras de la Corte Constitucional. Estos indicadores muestran que los usuarios enfrentan mayores dificultades para acceder a citas médicas y procedimientos, viéndose obligados a recurrir a mecanismos legales para proteger su derecho a la salud.

Otro indicador que muestra el grave deterioro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) es el notable aumento en la contratación de seguros de salud privados. Según el informe preliminar de resultados del sector asegurador publicado por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), durante 2024 la demanda de seguros de salud particulares creció un 24%, lo que evidenció la búsqueda de alternativas de los ciudadanos para garantizar su atención médica.

A raíz de esta crítica situación, la Corte Constitucional reiteró la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud. En el auto 007 del 23 de enero de 2025, declaró un incumplimiento general en la suficiencia de la UPC y ordenó su reajuste para 2024 y 2025, al considerarla insuficiente para las necesidades del sistema.

También señaló la falta de recursos en los presupuestos máximos, destinados a medicamentos, servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC. Al respecto, el Gobierno respondió con solicitudes de aclaración, acciones que demoran el reajuste necesario para atender los servicios de salud. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, destacó avances en infraestructura y equipamiento hospitalario, con la priorización de zonas rurales. No obstante, según el análisis, si bien estas inversiones son necesarias para robustecer el sistema, no resuelven la crisis financiera que amenaza la sostenibilidad del sistema.

De manera reciente, el Gobierno impulsa por segunda vez una reforma a la salud que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, Anif ya advirtió que, si bien es cierto que la atención primaria es clave para mejorar los estándares de salud y reducir las presiones financieras en el largo plazo, la reforma ignora los avances del modelo actual en términos de aseguramiento y carece de una estrategia financiera sostenible.

Aunque aún no se emitió un concepto fiscal del Ministerio de Hacienda, esta cartera dio a conocer un documento (publicado en la gaceta 1456 de 2024 del Congreso de la República) con consideraciones fiscales del proyecto de reforma a la salud. El documento indica que el impacto fiscal estimado puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), manteniendo la sostenibilidad del Sgsss y de las finanzas públicas. Lo anterior condicionado a que las obligaciones corrientes del sector salud acumuladas al cierre de 2024 sean cubiertas, pagos que del Ministerio de Salud aún no ha reconocido.

“Abolir el esquema de aseguramiento con el cual las EPS han hecho una especie de contención financiera, generará que los recursos necesarios para suplir las necesidades del sistema de salud incrementen drásticamente, lo que terminaría por profundizar la actual crisis, empeorando los tiempos de espera y presionando la ya delicada situación de las finanzas públicas”, agregó la entidad financiera.

En suma, dice que el sistema atraviesa momentos críticos. Por eso, insiste en que sin acciones rápidas y claras que propendan por el cumplimiento de los pronunciamientos de la Corte, el sistema seguirá debilitándose hasta volverse insostenible, lo que afectará a los millones de usuarios que hoy están cubiertos.

“La reforma debe contemplar, más allá de la atención primaria, mecanismos que fortalezcan financieramente el sistema actual y que le permita responder a las nuevas realidades del país. De no hacerlo, se generará un enorme retroceso en el acceso a los servicios de salud que el país ha ganado en las últimas décadas”; puntualizó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.