Expertos en salud enviaron carta al presidente del Congreso y criticaron la reforma aprobada por la Cámara de Representantes

En un contexto de creciente preocupación por el futuro del sistema de salud en Colombia, un grupo de exministros y exviceministros de salud y protección social remitió una carta al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, expresando su desacuerdo con la reciente aprobación del proyecto de ley 312 de 2024, conocido como la reforma a la salud en la Cámara de Representantes.

La misiva, fechada el 10 de marzo de 2025, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de esta reforma para el bienestar de la población colombiana y subrayó la necesidad de un enfoque más técnico y participativo en la elaboración de políticas de salud.

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El grupo, compuesto por expertos en el sector salud, considera que la aprobación del proyecto de ley en segundo debate por parte de la mayoría de la Cámara de Representantes es un paso desafortunado y peligroso.

Según los firmantes, el proyecto mantiene elementos estructurales que no responden a las necesidades actuales del sistema de salud ni solucionan los retos que enfrenta.

Además, señalaron que la votación en la Cámara se llevó a cabo sin un análisis profundo y sin la debida discusión basada en evidencia técnica y científica, lo que falsea el ideal de un diálogo democrático y transparente.

También, en la carta se criticó la falta de participación ciudadana y la ausencia de un plan claro con objetivos, metas y recursos definidos, por lo que los firmantes argumentaron que el proyecto no protege adecuadamente los avances en el goce efectivo del derecho a la salud y que su financiación es incierta.

Por otro lado, destacaron que la transición propuesta no garantiza la continuidad de los tratamientos para los pacientes, lo que podría generar un caos en el flujo financiero del sistema.

Uno de los puntos más preocupantes es la posible dificultad en el acceso a los servicios de salud, pues según la carta, la reforma propuesta podría llevar a una fragmentación de las responsabilidades entre múltiples agentes estatales, lo que complicaría la atención a los usuarios y pacientes.

Esto se debe a que varias entidades compartirían funciones que actualmente recaen en las EPS, lo que podría generar confusión y retrasos en la atención.

Además, la carta advirtió sobre el riesgo de una mala gestión financiera, dado que la Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud, no cuenta con las capacidades necesarias para desarrollar las tareas asignadas por la reforma.

Por tal motivo, los firmantes argumentaron que confiar en el desarrollo súbito de capacidades podría ocasionar serias dificultades en la administración de recursos, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del sistema.

Otro de los puntos críticos es la posible desaparición del aseguramiento, lo que retrocedería el sistema de salud a una etapa primaria en la que el pagador único hacía insostenible e ineficiente el Seguro Social.

La carta también señaló que la reforma podría llevar a una asignación de subsidios mediante presupuestos históricos, un método que ya ha demostrado ser ineficaz e ineficiente.

En ese sentido, la concentración de decisiones de ejecución de gasto en un solo actor también multiplica los riesgos de corrupción, error e inoperancia, por lo que los firmantes argumentaron que la ejecución de recursos públicos exige controles rigurosos y que la reforma propuesta no garantiza suficientes salvaguardas contra la corrupción.

En la misiva, los ministros y exviceministros también expresaron preocupación por el bienestar de los trabajadores del sector salud, pues según los firmantes, la reforma podría poner en riesgo las condiciones laborales de cientos de miles de trabajadores, a pesar de las promesas de mejorar el empleo en el sector.

La falta de un aval fiscal claro para la sostenibilidad de la reforma es otro punto de preocupación, ya que podría llevar a una desfinanciación estructural del sistema.

En consecuencia, el grupo de expertos hizo un llamado a estabilizar la operación del sistema de salud y a solucionar la crisis actual antes de emprender una reforma que no aborda los problemas fundamentales.

De acuerdo con lo que se lee en la misiva, consideran que el país necesita una reforma basada en evidencia, con un sólido sustento técnico y una verdadera participación social de académicos, centros de pensamiento, expertos, profesionales de la salud, gremios y, especialmente, de los usuarios y pacientes.

La carta concluyó con una invitación a reflexionar sobre la importancia de construir una reforma que garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos, basada en los principios constitucionales y en la Ley Estatutaria de Salud.

Por lo que los firmantes instaron a las autoridades a priorizar la estabilización del sistema y a trabajar en una reforma que realmente responda a las necesidades y expectativas de la población.