Soldados del Ejército Nacional desarrollan intensos enfrentamientos con presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia, municipio de Anorí, Antioquia.
Según informes oficiales del Ejército Nacional, dos supuestos miembros de esta estructura criminal han muerto en los operativos, mientras que se reporta la incautación de material de guerra, intendencia, comunicaciones, explosivos y municiones.
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Las acciones hacen parte de una estrategia para desmantelar la estructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo, señalada como responsable del asesinato del líder social Jaime Gallego. El operativo, que sigue en desarrollo, busca reducir la capacidad operativa de este grupo armado ilegal que mantiene una fuerte presencia en el nordeste antioqueño.
Hallazgo de escolta con vida tras el ataque
La intervención militar ocurre luego de que se confirmara que Didier Berrío, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a Jaime Gallego, fue encontrado con vida en el municipio de Yolombó. Berrío, quien había desaparecido tras el ataque en el que murió el líder social, fue hallado junto al vehículo oficial que custodiaba.
El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, detalló que agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantan entrevistas con Berrío para esclarecer las circunstancias del crimen y profundizar en la identificación de los responsables. Según el escolta, fue liberado en un punto que no logró precisar y luego condujo hasta Yolombó, donde fue rescatado por las autoridades.
Investigación en torno al asesinato de Jaime Gallego
El homicidio de Jaime Gallego, ocurrido en la vereda El Jabón del municipio de Vegachí, mantiene en alerta a defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Las autoridades, por su parte, concentran esfuerzos en la inspección de la zona donde se produjo el ataque, con el objetivo de reunir pruebas que permitan determinar no solo el modus operandi de los responsables, sino también sus vínculos con la estructura criminal del Clan del Golfo.
Este grupo armado, con presencia histórica en el nordeste de Antioquia, disputa el control de economías ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión y la minería ilegal. La creciente violencia en este sector ha llevado a organizaciones sociales a exigir protección para los líderes comunitarios, quienes enfrentan constantes amenazas en su labor por los derechos humanos y la defensa del territorio.
Ante los hechos violentos recientes, se espera que en las próximas horas las autoridades departamentales y nacionales realicen un consejo de seguridad. Durante este encuentro se evaluarían nuevas estrategias para contrarrestar al Clan del Golfo y asegurar la protección de la población civil en las áreas afectadas.
Entre las medidas que podrían anunciarse destaca la oferta de recompensas por información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de Gallego y otros actos de violencia en la región. En paralelo, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier actividad sospechosa que permita fortalecer las investigaciones en curso.
La presencia activa de grupos armados ilegales en el nordeste antioqueño evidencia la continuidad de una violencia que ha resistido a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad del Estado. A pesar de los operativos constantes, el Clan del Golfo mantiene capacidad operativa y control en zonas estratégicas, lo que agrava la situación de seguridad en el territorio.
El impacto sobre las comunidades es profundo. Líderes sociales y defensores de derechos humanos permanecen en riesgo, mientras la población civil enfrenta desplazamientos, intimidaciones y limitaciones para vivir en paz. El reciente asesinato de Jaime Gallego resalta la vulnerabilidad de quienes trabajan por los derechos de sus comunidades y la necesidad de medidas efectivas para protegerlos.
La situación sigue siendo crítica y exige una respuesta integral del Estado, que contemple tanto el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad como la implementación de medidas sociales y económicas que reduzcan el riesgo de violencia. A medida que avanzan las operaciones en Anorí, el país observa con preocupación la evolución de este conflicto en una zona histórica e intensamente golpeada por la actividad armada ilegal.
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