“Estamos apostando a la utilización de quienes ya están a punto de cumplir la pena para hacer trabajo social”: Ministra de Justicia sobre situación carcelaria en Colombia

El martes 4 de marzo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, participó en el Precongreso del Derecho Procesal, Capítulo Cali, realizado en la Universidad Santiago de Cali. En medio de su agenda, concedió una entrevista a El País, de Cali, donde abordó diversos temas relacionados con su gestión y las recientes transformaciones en el gobierno de Gustavo Petro.

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En su conversación con el medio, la ministra destacó que el Gobierno continúa en marcha con el objetivo de solucionar los problemas del país. Aseguró que, si bien algunas decisiones han sido más acertadas que otras, la administración mantiene la intención de mejorar constantemente sus políticas. Asimismo, resaltó la importancia de la autocrítica dentro del Ejecutivo, señalando que las revisiones internas y los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro buscan fortalecer las estrategias gubernamentales.

Uno de los temas abordados en la entrevista fue la corrupción dentro de las cárceles y el reto que representa para la Justicia. La ministra enfatizó en la rapidez con la que actúan los delincuentes en comparación con la respuesta del sistema judicial, lo que obliga a las instituciones a mejorar su articulación para enfrentar estos desafíos con mayor eficacia.

En relación con la lucha contra la extorsión, Buitrago explicó que su Ministerio y la Gobernación del Valle del Cauca han puesto en marcha un plan piloto. La iniciativa surgió a partir de reuniones con la gobernadora durante la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (COP16), donde se identificaron preocupaciones comunes sobre los centros de detención y la seguridad carcelaria. A través de este plan, se busca fortalecer la colaboración entre la administración departamental y el Ministerio de Justicia para implementar políticas públicas que ataquen la extorsión tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.

La ministra también detalló algunas de las problemáticas más urgentes en las cárceles del Valle del Cauca, mencionando deficiencias en infraestructura, condiciones humanas y programas de resocialización. Resaltó que algunos establecimientos penitenciarios del departamento tienen muchos años de funcionamiento y requieren adecuaciones. Además, señaló que el Gobierno está promoviendo la participación de personas próximas a cumplir su condena en labores de trabajo social como parte de su reinserción a la sociedad.

Frente al problema del hacinamiento carcelario, Buitrago informó que se están evaluando diversas estrategias para redistribuir a la población penitenciaria y mejorar las condiciones de reclusión. Una de las alternativas en estudio es la utilización de Centros Transitorios de Seguridad, además de la entrega de nuevos centros carcelarios en el transcurso del año. Adicionalmente, el Ministerio está impulsando jornadas jurídicas para identificar casos en los que se pueda conceder la libertad condicional o beneficios por rebaja de penas a quienes cumplan con los requisitos legales.

“En los centros penitenciarios hay muchas necesidades desde el punto de vista humano, de infraestructura, de resocialización y a eso le estamos haciendo una apuesta mirando cada uno de los centros. Eso sí, debo reconocer que hay centros penitenciarios muy viejos en el departamento, por lo que requieren algunas adecuaciones”, señaló.

Se refirió a los procesos de resocialización de la sociedad penada carcelariamente en el país:

“También le estamos apostando a la utilización, en diferentes zonas del país, de quienes ya están a punto de cumplir la pena para que nos ayuden realizando obras de trabajo social. Esto significa demostrarle a todos que estas personas quieren ser útiles para la sociedad”.

Estas jornadas, organizadas con la Defensoría Pública y consultorios jurídicos, permiten revisar los expedientes de los internos y determinar si han cumplido con el tiempo necesario para acceder a beneficios penitenciarios. Según la ministra, este proceso busca garantizar que las personas privadas de la libertad no permanezcan más tiempo en prisión del estipulado por la ley debido a la falta de representación legal o recursos jurídicos.

En su balance sobre estas iniciativas, Buitrago expresó confianza en que quienes cumplen con los requisitos para obtener la libertad condicional merecen acceder a este derecho, conforme a la normatividad vigente. Sin embargo, manifestó preocupación por los casos en los que la falta de acceso a la defensa legal impide que algunos reclusos puedan beneficiarse de estas medidas.

También se refirió a las acusaciones generales que señalan que una parte muy alta de las extorsiones efectuadas en Colombia se hacen desde centros penitenciarios.

“Cuando llegué al Ministerio de Justicia, no me canso de repetirlo, todo el mundo decía que la extorsión ocurre solo en las cárceles, pero no es así. Vaya y pregunte cuál es el nivel de extorsión en los centros penitenciarios. Resulta que en la calle están extorsionando, en las plazas, en los centros comerciales y en la ruralidad también lo están haciendo. En muchas ocasiones esta también puede ser una disculpa para no investigar hacia afuera. Por eso yo siempre digo que necesitamos establecer desde qué punto o dónde se están cometiendo extorsiones. Hay que investigar, pues es muy fácil atribuirlo a un solo sitio, pero estamos viendo que es un fenómeno común en cualquier parte de Colombia”, dijo.