En un contundente golpe contra la minería ilegal en Antioquia, las autoridades lograron desarticular dos estructuras criminales que operaban en los municipios de Buriticá, Bolombolo y Jericó. Estos grupos, dedicados a la explotación ilícita de oro, generaban millonarias ganancias mensuales, al tiempo que causaban un grave impacto ambiental en la región.
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Golpe a la minería de aluvión en el río Cauca
El primer operativo tuvo lugar en los municipios de Bolombolo y Jericó, en una zona cercana al río Cauca. Allí, efectivos de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, llevaron a cabo una acción estratégica para frenar la extracción ilegal de oro de aluvión, una actividad altamente destructiva para los ecosistemas hídricos. Como resultado de la intervención, se logró la destrucción de diez dragas tipo buzo, utilizadas para extraer el mineral directamente del cauce del río. Cada una de estas máquinas tenía un valor aproximado de $12 millones y en conjunto generaban alrededor de $150 millones diarios para los grupos delincuenciales.
Las investigaciones determinaron que esta estructura criminal obtenía más de $4.500 millones mensuales con sus operaciones ilícitas, lo que representaba un importante flujo de recursos para financiar otras actividades delictivas. Con esta acción, se debilitó significativamente la capacidad operativa de estas organizaciones, que no solo promovían la economía ilegal, sino que contribuían al ciclo de violencia en la región.
“Con esta intervención de la Policía Nacional descubrió que estas estructuras criminales ganaban más de $4.500.000.000 al mes, además de detener el fortalecimiento de la capacidad operativa de estos grupos que mantienen el ciclo de violencia y degradación ambiental”, se lee en el comunicado emitido por las autoridades.
Intervención en Buriticá: minería subterránea bajo control criminal
De manera simultánea, otra operación se desarrolló en el municipio de Buriticá, donde las autoridades desmantelaron una red que controlaba la explotación subterránea del oro. Durante la intervención, se hallaron 317 granuladores, equipos esenciales para el procesamiento del mineral, con un valor total que supera los $380 millones. Las estimaciones apuntan a que esta red criminal generaba ingresos superiores a los $15.000 millones mensuales.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue la contaminación ambiental derivada de estas actividades ilegales. Se identificó la presencia de grandes cantidades de mercurio, una sustancia altamente tóxica empleada en el proceso de amalgamación del oro. El uso indiscriminado de este químico estaba afectando la quebrada Encalichada, una fuente de agua clave para el acueducto municipal, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la zona.
Material incautado y afectaciones a estructuras criminales
En el marco de estos operativos, las autoridades incautaron una serie de elementos utilizados en la minería ilegal, entre los que se destacan:
- 16 motores especializados para la extracción del oro.
- 1.700 gramos de mercurio, con graves consecuencias para la salud y el ecosistema.
- 300 gramos de ANFO y 500 gramos de explosivos empleados para la apertura de socavones.
- Una pistola traumática con su respectivo proveedor y seis cartuchos calibre 9 milímetros.
- Herramientas como motobombas y taladros utilizadas en la perforación de los yacimientos.
Además, se intervinieron cinco puntos de energía que abastecían los túneles mineros, debilitando las operaciones clandestinas. Estas acciones representaron un golpe directo a estructuras delictivas como el Clan del Golfo, que se beneficiaban económicamente de esta actividad ilícita.
“Se intervinieron cinco puntos de energía que abastecían los socavones de la minería ilegal, debilitando las operaciones de estos grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo, que se lucraba de esta actividad”, especificó la institución.
Con estos operativos, las autoridades buscan no solo frenar la explotación ilegal de recursos naturales, sino también contrarrestar el poder financiero de los grupos criminales que se lucran de la minería ilegal. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y evitar la reactivación de estas actividades en la región.
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