La Procuraduría General de la Nación emitió una preocupante alerta sobre el retroceso en la participación de mujeres en cargos públicos de nivel decisorio en Colombia. Según el informe anual del año 2024, la implementación de la Ley de Cuotas, que establece una representación femenina de al menos el 30% en estos cargos, presenta serias deficiencias en su cumplimiento.
De acuerdo con el Ministerio Público, el balance del 2024 presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) carece de información suficiente. De las 6.374 entidades obligadas a reportar, solo 1.728 presentaron información completa, lo que dificulta la evaluación precisa del cumplimiento de la Ley 581 de 2000.
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El objetivo de esta norma es corregir la discriminación histórica que ha limitado el acceso de las mujeres a puestos de poder y promover una mayor representación femenina en la toma de decisiones dentro del sector público. Sin embargo, a pesar de los avances, los recientes hallazgos de la Procuraduría ponen en evidencia que aún existen obstáculos para su plena implementación.
El informe del Ministerio Público también revela que muchas entidades omitieron datos cruciales sobre los nombramientos realizados mediante el sistema de ternas, lo que impide un análisis detallado de la situación. Ante este panorama, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha instado al Dafp a garantizar reportes completos y oportunos por parte de las entidades públicas.
Además, solicitó la adopción de medidas de política pública que prevengan retrocesos en la participación femenina en cargos decisorios y el fortalecimiento del seguimiento y control del cumplimiento de las Leyes 581 de 2000 y 2424 de 2024, que regulan este asunto.
El organismo de control también reafirmó su compromiso con la igualdad de género y advirtió que intensificará sus acciones para garantizar que la Ley de Cuotas se cumpla efectivamente en todas las entidades del Estado.
El panorama actual de la participación femenina en el Estado
Según datos divulgados por el portal Portafolio, basados en información del DAFP, a finales de 2024 el 48,26% de los cargos directivos en el sector público son ocupados por mujeres. Este porcentaje es clave hacia la meta del 50% establecida por el Gobierno nacional para 2026.
El promedio se desglosa en dos niveles: el Máximo Nivel Decisorio (MND), donde la participación femenina es del 46,62%, y el Otro Nivel Decisorio (OND), que alcanza el 49,92%. En total, 3.825 mujeres ocupan cargos en el MND y 3.782 en el OND.
El análisis de la Función Pública también detalla la participación femenina en las distintas ramas del poder público:
- Rama Ejecutiva: 44,67% de los cargos en MND son ocupados por mujeres, mientras que en OND la cifra asciende al 50,76%.
- Rama Legislativa: la participación femenina en MND alcanza el 50%, mientras que en OND se registra un notable 80%.
- Rama Judicial: las mujeres representan el 48,65% en MND y el 58,33% en OND.
- Órganos autónomos: el porcentaje en MND es del 48,57% y en OND llega al 51,62%.
- Órganos de control: la participación femenina alcanza el 45,35% en MND y 42,79% en OND.
A pesar del avance en la participación femenina en el sector público, la alerta de la Procuraduría sobre el retroceso en la información reportada y en el cumplimiento de la Ley de Cuotas pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control. La equidad de género en la administración pública sigue siendo un desafío que requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones para garantizar una representación justa y equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisión del Estado.
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