
La reforma a la salud aprobada en la Cámara de Representantes sigue generando polémica y preocupación en diversos sectores del país. Con 90 votos a favor y 28 en contra, la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro logró superar su segundo debate en el Congreso, dejando atrás las críticas y objeciones de la oposición y de varios expertos en salud. Sin embargo, aún debe sortear dos debates más en el Senado para convertirse en ley.
Este proyecto, radicado en septiembre de 2024 por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, propone una reestructuración radical del sistema sanitario colombiano. Entre sus principales cambios está la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSV), eliminando su función de gestión del riesgo financiero. Además, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) asumirá el rol de pagador único, lo que significa que centralizará los recursos y la auditoría de los servicios de salud.
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Otro de los cambios más significativos es la implementación de la Atención Primaria en Salud (APS) como eje central del modelo, enfocándose en la prevención y promoción de la salud. Este enfoque ha sido una de las principales apuestas del Gobierno, aunque también ha generado controversia debido a los riesgos que podría implicar la eliminación de la gestión integral del riesgo financiero y operativo.
“Un retroceso en la seguridad social”: exministro
Frente a este panorama, el exministro de Salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, lanzó una severa advertencia sobre los efectos negativos que podría traer esta reforma. A través de un video, expresó su preocupación por lo que considera un grave retroceso en el sistema de seguridad social colombiano.
“La aprobación por la Cámara de Representantes de esta reforma es desafortunada por varias razones. Primero, porque no cumple con los mínimos constitucionales para reformar un sistema que regula y protege un derecho irrenunciable y fundamental a un seguro de salud como tenemos los colombianos”, afirmó el exministro. También criticó la falta de claridad en la ruta que tendrán los usuarios y pacientes dentro del nuevo modelo. “No tiene una ruta clara para usuarios y pacientes y eventualmente no está pensado en ellos, sino en modificar unas entidades y centralizar los recursos financieros”.

Para el exministro, la reforma significa un retorno a un modelo obsoleto que ya demostró ser ineficaz en el pasado, como lo fue el Seguro Social. “Se le van a poder generar más barreras de acceso a los usuarios y pacientes con este proyecto de ley si llega a convertirse en una verdadera ley. Y en tercer lugar, es un retroceso en la seguridad social, un retroceso a un pagador único que ya tuvimos con el Seguro Social, que mostró sus ineficiencias, su inefectividad, y que actualmente estamos viendo en el modelo de salud del magisterio”, señaló.
El exministro insistió en que la desaparición de la gestión integral de riesgos de salud, financiero y operativo podría llevar al sistema a un colapso. “Allí debería existir alguien encargado, una entidad encargada de esa labor que es fundamental y que diferencia a esa primitiva seguridad social a donde nos quieren devolver, de los avances que tiene la seguridad social en el mundo y que Colombia ya había venido adoptando”, concluyó.
Un proyecto que avanza entre controversias

La reforma a la salud ha sido una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro, pero también una de las más cuestionadas. Su primera versión logró superar los dos primeros debates en el Congreso, pero fue archivada en el Senado, lo que obligó al Ejecutivo a presentar una nueva propuesta. Esta segunda versión llegó tras un acuerdo con seis EPS del régimen subsidiado y bajo la presión de dos órdenes judiciales de la Corte Constitucional relacionadas con el financiamiento del sistema.
En el debate en la Cámara, se aprobaron 22 nuevos artículos, entre los que se incluyen medidas para fortalecer el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la creación de un observatorio de salud mental y un mecanismo para agilizar la convalidación de títulos en salud obtenidos en el extranjero. De los 62 artículos que conforman la reforma, 50 fueron modificados durante el proceso de discusión.
Ahora, la iniciativa pasará a la Comisión Séptima del Senado, donde se espera un debate aún más tenso, dado que en ese escenario el Gobierno ha encontrado mayor resistencia a su propuesta. El desenlace de esta reforma definirá el rumbo del sistema de salud colombiano en los próximos años, en medio de un debate polarizado entre quienes defienden la necesidad de un cambio estructural y quienes advierten sobre los riesgos de retroceder a un “modelo primitivo e ineficiente”.
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