Revelan las primeras fotos de 28 policías y un militar secuestrados en Cauca: están rodeados por la población

Luego de una asonada que se registró el 6 de marzo de 2025 en el corregimiento de El Plateado, ubicado en zona rural de Argelia, Cauca, un total de 28 policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y de la Policía Nacional y un mayor del Ejército Nacional fueron secuestrados en la vereda La Hacienda. Se esperaba que los uniformados fueran liberados cerca de las 9:00 a. m. del 7 de febrero, pero siguen privados de la libertad.

El Ejército Nacional emitió un comunicado pidiendo a los actores armados involucrados la liberación de los integrantes de la fuerza pública. “Exigimos la liberación de los uniformados del Ejército Nacional y @PoliciaColombia que fueron privados de su libertad por integrantes del grupo armado organizado residual Carlos Patiño en El Plateado, #Cauca. Exigimos el respeto a su vida y su dignidad, son servidores de la patria que trabajan día a día por los colombianos desde esta región del país”, indicó la institución.

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Posteriormente, fueron divulgadas algunas fotografías que evidencian el estado en el que se encuentran los policías y el militar. De acuerdo con las imágenes, están en la casa comunal de la vereda La Hacienda, rodeados de decenas de personas que custodian el lugar y esperan la instalación de una mesa de diálogo en la que estará presente la iglesia católica y una misión supervisada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En las fotos se evidencia que los policías y el mayor del Ejército fueron despojados de sus pertenencias y con lo único que contarían es con botellas de agua que fueron dispuestas para mantenerlos hidratados durante su privación de la libertad. Llevan más de 20 horas en cautiverio. Fuentes consultadas por Noticias Caracol informaron que los uniformados no han sido agredidos durante su secuestro y que el mayor del Ejército fue el único al que se le permitió portar su arma de dotación.

El Ministerio de Defensa se pronunció sobre los hechos, condenando el secuestro de los integrantes de la fuerza pública. Informó, además, que la asonada y el posterior secuestro de los uniformados contó con la participación del grupo armado organizado residual Carlos Patiño y de ciudadanos civiles que fueron instrumentalizados por la estructura criminal. Los guerrilleros dejaron sus uniformes y se vistieron de civil para infiltrarse y atacar a la fuerza pública. De esta manera, quemaron dos vehículos oficiales y pusieron en riesgo la vida de los policías y soldados.

“Intentaron quemar vivos a nuestros policías y militares. Estás imágenes del Plateado, el 06 marzo 2025, hablan por sí solas. La justicia actuará como corresponde frente a este repudiable crimen. La paz es una política de Estado, y como pueblo, no descansaremos hasta conseguirla”, aseguró la cartera en la comunicación.

De igual manera, indicó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se están investigando los hechos y se está avanzando en la identificación de los responsables de los crímenes cometidos. Las personas involucradas tendrán que responder por los delitos de tentativa de homicidio y secuestro, por lo que las penas en prisión pueden alcanzar los 20 años. Pues, los actos constituyen crímenes de guerra que violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

“El GAOR Carlos Patiño representa una grave amenaza para la vida y la seguridad de las comunidades del Cañón del Micay y del Cauca. No solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, precisó el Ministerio de Defensa.

Por medio de un comunicado, las comunidades del Cañón del Micay se pronunciaron sobre los hechos, asegurando que la asonada reportada por las autoridades y los medios fue un mecanismo de defensa que adoptaron las comunidades organizadas que, presuntamente, buscaron establecer un diálogo pacífico con los uniformados. Esto, por quejas que tienen sobre proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio y por el incremento de la fuerza pública en el lugar.

Aseguraron que, en medio de la conversación, hubo amenazas y provocaciones por parte de los policías y militares, que después derivaron en ataques a la población con armas no letales, dejando así varios heridos. Posteriormente, los ciudadanos iniciaron un “ejercicio de acompañamiento” y de protección a 28 uniformados que, al parecer, habían quedado aislados y “expuestos”. Eso quiere decir que, según sus datos, no serían 29 uniformados los secuestrados, sino 28.

“Ante información errada por parte del Ejército, el Ministerio de Defensa y replicada por los medios de comunicación y las amenazas permanentes de un nuevo ataque por parte de la fuerza pública, se decide sostener el acompañamiento hasta que se generen las condiciones de seguridad para este grupo y la comunidad”, precisaron.