Reforma a la salud superó su trámite en la Cámara de Representantes: experto analizó las preocupaciones tras el proyecto

En un desenlace que estaba dentro de los cálculos, tanto de la oposición como el Gobierno, fue aprobada en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que pretende modificar el sistema de salud en Colombia, en una votación que incluyó finalmente 83 artículos. De los 62 inicialmente radicados, 61 fueron avalados, y se añadieron 22 más, consolidando un triunfo legislativo para el Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, el proyecto continuará su trámite en el Senado de la República, donde deberá superar dos debates adicionales.

El doctor Erwin Hernández, profesor e investigador en Atención Primaria y Salud Pública de la Universidad de La Sabana, analizó para Infobae Colombia el impacto y las dificultades que enfrenta la modificación que cursa en el Capitolio, en medio de dificultades para lograr consensos. Según explicó, la aprobación en la Cámara era previsible, pues el texto ya había sido discutido el año pasado; aunque criticó la rapidez del proceso, al argumentar que no se dio una discusión profunda sobre el articulado.

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Hernández recordó, en primer lugar, cómo la iniciativa se hundió en la Comisión Séptima del Senado, lo que podría repetirse debido a que allí “las fuerzas políticas para la discusión terminan siendo diferentes”. Según el investigador, los senadores analizarán el articulado con mayor profundidad y, en consecuencia, descubrirán que persisten problemas estructurales en el sistema de salud que la reforma no resolvería; por lo que avizoró su fracaso.

“El Gobierno ha insistido en que la reforma es necesaria para solucionar las fallas del sistema, pero esto no es cierto”, afirmó Hernández, al afirmar que normativas como la Ley 1438 de 2011, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 ya facultaban la implementación de medidas como los Equipos Básicos de Salud, que han existido desde 2011 sin aplicarse correctamente.

Uno de los principales problemas del sistema de salud es el financiamiento, y como lo adelantaron algunos de los representantes, como Catherine Juvinao, no tiene documento de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda. Al respecto, Hernández fue enfático en indicar que el Gobierno decidió no aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que define los recursos asignados por cada afiliado al sistema. Esto, señaló, impacta negativamente la atención médica, retrasando la entrega de medicamentos y alargando las listas de espera para consultas con especialistas.

“La atención primaria es el mecanismo que el país necesita, pero el Gobierno la está implementando con su propia interpretación, que no necesariamente es la correcta”, advirtió el académico. Según el investigador, una adecuada atención primaria debería fortalecer la prestación de servicios y reducir las barreras de acceso, pero el modelo propuesto no está generando los resultados esperados, por lo que cree inconveniente que esta iniciativa tenga el éxito que prevé el Gobierno.

Y, entre otras, uno de los aspectos que entra en la ecuación es la falta de personal sanitario, que a su juicio se presenta como un obstáculo crítico para la redefinición del sistema de salud. Hernández reveló que Colombia tiene aproximadamente 130.000 médicos, de los cuales 30.000 son especialistas, lo cual serían insuficiente para atender a toda la población bajo el esquema propuesto. Y alertó sobre el bajo número de egresados de las facultades de medicina: un total de 7.000 por año, lo que hace inviable una expansión rápida del personal médico.

A su vez, el académico también criticó la propuesta de traer médicos integrales comunitarios, impulsada por algunos sectores del Gobierno. Desde su perspectiva, esta medida podría afectar la calidad del servicio, ya que estos profesionales no tendrían el mismo nivel de formación que los médicos colombianos.

Teniendo en cuenta este panorama, Hernández advirtió que la reforma no soluciona el problema del acceso a citas médicas. Antes de 2023, los pacientes podían obtener una consulta con un médico general entre dos y cinco días, y con un especialista en una o dos semanas; sin embargo, las citas con especialistas pueden tardar hasta tres meses, en una situación similar a la de otros países con sistemas de salud universales, como Canadá.

Y con ello, el académico señaló que una mala implementación de la reforma podría derivar en una contrarreforma que aumentaría las listas de espera y obligaría a los pacientes a recurrir a consultas privadas, e incrementaría el gasto de bolsillo de la población. En su concepto, generaría una mayor desigualdad en el acceso a la salud, pues beneficiaría solo a quienes tienen recursos económicos para costear consultas particulares.

Tras su tránsito por la Cámara de Representantes, el futuro de la reforma dependerá del análisis que haga el Senado, por la Comisión Séptima, en la que justamente hace un año, se hundió el primer intento de reforma, que en ese entonces estaba compuesto por 143 artículos. De ser aprobada en esta instancia, deberá enfrentar su último debate en la plenaria de la corporación, en donde la discusión política es más amplia y compleja y; a juzgar por los antecedentes, esta proposición en específico no cuenta con la misma acogida que en la Cámara.

Con este camino definido, concluyó que, si bien la iniciativa resalta la importancia de la atención primaria en salud, su diseño e implementación no garantizan una solución efectiva a los problemas del sistema y dijo que cualquier cambio debe priorizar la calidad en la prestación del servicio y que los recursos sean suficientes para cubrir la demanda de la población.