Ministerio de Ambiente publicó resolución que declara zona de reserva temporal en Santurbán: ambientalistas celebraron la medida

Mientras que defensores ambientalistas consideraron que la medida frenara todo tipo de actividades mineras en esta zona, otros aseguran que la decisión es inconstitucional

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Laguna Brava, Municipio de Arboledas,
Laguna Brava, Municipio de Arboledas, Páramo de Santurbán. Foto: Wikimedia Commons / Grupo Áreas Protegidas CORPONOR.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia publicó la resolución 0221 de 2025 con la que definió una zona de reserva de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo del páramo de Santurbán.

En el documento publicado por la cartera, se contempla una zona de 76.012 hectáreas, que cubre los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y parte de la ciudad de Bucaramanga.

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De igual manera, el ministerio resaltó que el objetivo de esta zona de reserva temporal es la protección de la biodiversidad y de los recursos hídricos que abastecen a Bucaramanga y a otros municipios de la región.

La normativa expedida por el Ministerio de Ambiente generó todo tipo de reacciones en los sectores sociales del departamento. Mientras que algunos consideraron necesaria esta resolución para proteger esta reserva ambiental, otros consideran que la medida es inconstitucional.

Por un lado, Danikka Macias, representante del Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, celebró el anuncio firmado por la entonces ministra Susana Muhamad.

“Esta noticia trae consigo un hecho concreto y es que se detiene durante 2 años la actividad minera de Aris Mining y de Minesa. Además, como lo habíamos venido denunciando, no afecta ningún tipo de actividad agrícola ni pecuaria del territorio en donde se va a despedir”, explicó la defensora en declaraciones citadas por W Radio.

Entre tanto, Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, afirmó que “esta resolución no tiene sustento técnico, viola el Acuerdo de Escazú y fomenta la minería ilegal. Miles de familias se verán obligadas a la pobreza y el desplazamiento si el Gobierno no revoca esta medida”.