Wilson Ruiz insistió en que juicio contra Uribe está lleno de irregularidades: “La justicia no puede ser utilizada como presión política”

Si hay un caso de índole judicial que ha concentrado la atención nacional por la envergadura del personaje es el que se lleva a cabo en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, acusado de la comisión de los presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. El ex jefe de Estado se convirtió en el primer mandatario en ser llevado ante los tribunales para que respondiera por los señalamientos en su contra, en un proceso en que pasó de demandante a demandado

Uno de los críticos de la manera en la que se está adelantando este juicio es el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, que en diálogo con Infobae Colombia advirtió lo que, a su juicio, serían las aparentes irregularidades que se han registrado en este proceso, incluso antes de que el exmandatario tuviera que comparecer ante la jueza 44 con conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, tras el escrito de acusación formalizado por la fiscal Marlene Orjuela.

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Y apuntó hacia quienes estarían, desde su óptica, ejerciendo presión para que se dicte sentencia condenatoria contra el exmandatario, en una carrera “contrarreloj”, pues la fecha para la prescripción cada vez está más cerca. El hombre que ha sido señalado de haber jugado un papel determinante en la creación del Bloque Metro de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la hacienda Guacharacas, y del mismo modo, al Bloque Cacique Nutibara, sigue siendo el eje central de todo este entramado.

“Desde mi punto de vista, el caso del expresidente Uribe ha estado marcado por anomalías que ponen en entredicho la imparcialidad de la justicia en Colombia. Es un proceso judicial sin precedentes en el país, no solo por tratarse de un expresidente, sino porque ha estado cargado de cuestionamientos sobre el manejo de las pruebas, la actuación de la Fiscalía y las decisiones de los jueces”, expresó, en primer término, Ruiz, que se encargó de explicar en profundidad su concepto jurídico.

Este no es un pronunciamiento menor, pues viene del hombre que, justamente, estuvo al frente del organigrama que comprende el sistema de administración de justicia en el territorio nacional, entre 2020 y 2022, y que también ofició como presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, entre 2013 y 2014.

Wilson Ruiz: El debido proceso es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y en el caso de Álvaro Uribe ha habido serias dudas sobre su aplicación. Desde el inicio del proceso, se ha evidenciado una persecución jurídica que se aleja del principio de imparcialidad. Recordemos que la investigación comenzó en la Corte Suprema de Justicia y luego pasó a la Fiscalía cuando Uribe renunció a su curul en el Senado.

Pese a que ha sido reiterativo el llamado de la defensa del expresidente sobre la forma irregular como se obtuvieron las conversaciones que sostenía con su abogado, Diego Cadena, y que, de acuerdo con la jurisprudencia, no deberían ser tenidas en cuenta, sucedió todo lo contrario. Esto ya generó una controversia sobre el cambio de juez natural; sin embargo, continua.

Además, se han admitido pruebas en su contra sin el rigor necesario y se ha negado la posibilidad de practicar otras que podrían demostrar su inocencia. Incluso la reciente suspensión del juicio por parte del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que la jueza Heredia actuó con falta de imparcialidad, es contradictorio y la misma Sala Especial de Instrucción ya le llamo la atención a la jueza, pues abandonó otros procesos por darle exclusividad al del expresidente Uribe y esto no tendría nada de malo, si la justicia fuese así de eficiente en todos los casos.

Esto confirma que el proceso ha estado lejos de ser transparente y equilibrado. Es evidente que la justicia no puede ser utilizada como una herramienta de presión política. El ciudadano del común, se preguntará, si eso le pasa a un expresidente de la república, ¿qué esperarán las personas de a pie o gente del común?...

Wilson Ruiz: El Código Penal establece que la acción penal prescribe en un tiempo equivalente al máximo de la pena establecida para el delito imputado. En el caso de Uribe, los delitos de soborno y fraude procesal tienen como fecha de prescripción el 8 de octubre de 2025.

Sin embargo, la gran preocupación aquí es que el proceso ha estado lleno de dilaciones que podrían terminar favoreciendo una estrategia de desgaste en su contra. Si la Fiscalía no actúa con celeridad y objetividad, se corre el riesgo de que se prolongue indefinidamente, afectando el derecho del expresidente a una justicia pronta y efectiva. La prescripción es un límite legal que protege a los ciudadanos de procesos eternos y su aplicación debe respetarse sin maniobras políticas.

Las actuaciones de la jueza y la fiscal han generado desconfianza en el proceso, pues hace pocos días se supo que quien acusa por parte de la Fiscalía al expresidente Uribe fue una funcionara nombrada por un ex fiscal General de la Nación (Eduardo Montealegre), que no solo es públicamente enemigo del expresidente Uribe, sino que ya tiene el reconocimiento como víctima dentro del proceso. No suena muy imparcial ese escenario.

Además, la suspensión del juicio por falta de imparcialidad de la jueza es una prueba clara de que no se están garantizando las condiciones necesarias para un proceso justo. La imparcialidad es un principio esencial en la administración de justicia y cualquier sesgo en la conducción del proceso vulnera los derechos del acusado.

Por otro lado, la Fiscalía tiene el deber de actuar con objetividad, pero en este caso ha habido señales preocupantes de un manejo politizado del caso. Las pruebas deben ser valoradas de manera justa, sin filtraciones a los medios que afecten la presunción de inocencia de Uribe. La Fiscalía debe demostrar que su actuación no está influenciada por sectores que buscan perjudicar al expresidente Uribe por razones políticas.