Agarrón entre el Gobierno Petro y el alcalde de Bogotá por última decisión de Susana Muhamad como ministra de Ambiente: “Afectaría a miles de familias”

La polémica por la resolución del Ministerio de Ambiente sobre el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá ha desatado un enfrentamiento público entre el presidente Gustavo Petro, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y la exministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Este debate, centrado en la sostenibilidad ambiental y las implicaciones para el desarrollo urbano, ha generado tensiones políticas y sociales en la capital.

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El 3 de marzo, el Ministerio de Ambiente, bajo la dirección saliente de Susana Muhamad, publicó una resolución que establece lineamientos ambientales para planificar la sabana de Bogotá, una región clave para los ecosistemas y el desarrollo urbano del país.

Este territorio, compuesto por 39 municipios y la capital, alberga una rica biodiversidad con más de tres mil especies de fauna y cinco mil de flora, además de ser fundamental para la regulación hídrica y el equilibrio ecológico de la región.

La normativa propone proteger humedales y bosques secos, limitar la urbanización en zonas rurales y exigir evaluaciones ambientales para nuevas infraestructuras.

Según Muhamad, el proceso de elaboración fue participativo, con más de un año de consultas técnicas y sociales. Además, invitó a la ciudadanía a enviar sus comentarios sobre la resolución hasta el 14 de marzo, argumentando que se trata de una oportunidad para el diálogo y la colaboración.

“No es un tema menor, así que esperamos una amplia participación sobre un texto concreto”, dijo la exministra a través de redes sociales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó abiertamente la resolución y el proceso de consulta pública. Según el mandatario distrital, esta medida fue una “publicación obligatoria disfrazada de consulta” que podría derivar en un “fraude judicial”.

Para Galán, la resolución no solo afecta la planificación urbana de Bogotá, sino que también viola la ley y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza la participación ciudadana en decisiones ambientales.

En rueda de prensa el 5 de marzo a las 7:00 de la mañana, el mandatario afirmó que el gobierno Nacional estaría vulnerando la ley, ya que ni la Alcaldía Mayor de Bogotá, ni las autoridades locales, ni los medios de comunicación han recibido información detallada sobre el proyecto.

“La ley no es opcional, debe cumplirse. El gobierno está actuando de manera opaca”, sostuvo.

Galán destacó que el Plan Nacional de Desarrollo establece que los procesos relacionados con determinantes ambientales deben realizarse en coordinación con las entidades territoriales, y no limitarse a una simple comunicación de decisiones ya tomadas. Asimismo, advirtió que el proyecto de resolución podría afectar a miles de familias en Bogotá, cuyos predios quedarían incluidos en zonas catalogadas como humedales, lo que restringiría su uso y generaría incertidumbre respecto a la propiedad. También señaló que impactaría negativamente viviendas en proceso de construcción y pondría en riesgo a pequeñas empresas.

En medio de la intervención, el alcalde solicitó que la resolución sea retirada y que se inicie un nuevo proceso basado en la construcción conjunta con las autoridades locales.

“Pedimos que sea retirado y que se inicie nuevamente el proceso de construcción. Estamos de acuerdo con avanzar en decisiones que nos permitan reducir el riesgo de afectación al medioambiente. ¡Estamos totalmente de acuerdo con eso! Y es la apuesta de Bogotá, pero eso se hace construyéndolo colectivamente y no con una visión unilateral como lo plantea el gobierno Nacional”, fijo el mandatario.

Finalmente, Galán alertó que, si el Ministerio de Ambiente no retira el proyecto, se podrían comprometer decisiones judiciales de cumplimiento obligatorio tanto para Bogotá como para la Nación. Advirtió además que, de mantenerse esta postura, la Alcaldía recurrirá a instancias judiciales para defender la autonomía territorial y la institucionalidad de la ciudad.

“La ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional no son opcionales. Este gobierno parece no entenderlo, pero llevaremos el caso a donde sea necesario para proteger los derechos de los bogotanos y la autonomía de la ciudad”, concluyó.

En una entrevista con W Radio, mientras el alcalde de Bogotá estaba en rueda de prensa, subrayó que el ministerio tiene todas las facultades para llevar este caso y que, tras su expedición, corresponde a los municipios y al Distrito determinar el uso del suelo en sus territorios. Además, recordó que el plan de desarrollo expedido por el gobierno en 2022 ya establecía lo que iba a pasar.

Con respecto a los proyectos de infraestructura y movilidad que el alcalde considera afectados por la resolución, Muhamad señaló que Galán “está totalmente desinformado”. Afirmó.

“Me parece que es importante que lo pueda revisar con calma porque la resolución no detiene ninguna obra de movilidad. Lo que hace es generar unos lineamientos para que, los municipios, en sus planes de ordenamiento territorial y las autoridades ambientales, protejan unos suelos específicos”.

La exministra destacó que este plan busca proteger ecosistemas clave, restaurar áreas vulnerables al agua y preservar suelos agrícolas en la sabana de Bogotá, asegurando que las áreas previamente proyectadas para intervenciones urbanísticas no serán afectadas.

“Estamos protegiendo ecosistemas claves, trabajando para que se restauren por la vulnerabilidad de agua evidente que tiene la Sabana de Bogotá y protegiendo los suelos agrícolas”

Con relación a las acusaciones de Galán sobre falta de información y la no atención a sus solicitudes de diálogo, Muhamad afirmó: “Esto es un trabajo que no salió de debajo de la manga. Desde el año 2023 empezamos con este trabajo, el Distrito ha estado invitado a todas las mesas de trabajo técnicas”. puntualizó.

Asimismo, responsabilizó al Distrito por no enviar representantes adecuados a los eventos: “Que no deleguen secretarios, que fueron los invitados, no es responsabilidad nuestra”.

“Le solicito al alcalde leer con cuidado la resolución, tener una actitud constructiva y trabajar conjuntamente”, expresó. Además, lanzó una crítica sobre el manejo de la problemática hídrica en Bogotá, señalando: “Lleva un año de racionamiento de agua y no se ven claras las medidas estructurales que vamos a tomar y aquí está el Gobierno Nacional, por el contrario, ayudando para que podamos superar esta situación en el tiempo”. afirmó la ex ministra.

Aunque desde el ministerio aseguran que el proceso ha sido transparente y participativo, las dudas persisten. La oposición de Galán y su equipo señala que los lineamientos fueron impuestos sin un verdadero ejercicio de diálogo concertado con el Distrito. Entre tanto, la ciudadanía tiene hasta el 14 de marzo para participar en un proceso que podría definir el futuro ecológico, social y urbano de la sabana de Bogotá.

La situación plantea un desafío en torno a cómo equilibrar las prioridades de sostenibilidad ambiental con las necesidades de desarrollo e infraestructura de Bogotá, una de las regiones con mayor presión demográfica y económica del país. El debate gira en torno a si las restricciones planteadas por la normativa son necesarias para mitigar los efectos del cambio climático y proteger los ecosistemas o si, por el contrario, representan un freno para el desarrollo económico y urbano de Bogotá.