Organizaciones campesinas del Catatumbo le exigieron al presidente retractarse por “estigmatizarlos” en el Consejo de Ministros

En medio de una creciente crisis en la región del Catatumbo, organizaciones campesinas le solicitaron al presidente Gustavo Petro que rectifique declaraciones realizadas durante un consejo de ministros televisado el lunes 3 de marzo.

Según el mandatario, varias de estas organizaciones estarían “permeadas” por grupos armados ilegales y “subordinadas a las armas”.

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Estas afirmaciones generaron un fuerte rechazo por parte de los movimientos sociales, que consideran que dichas palabras profundizan la estigmatización y aumentan los riesgos para sus líderes y comunidades.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), las declaraciones del presidente no solo afectan la imagen de las organizaciones, sino que también suprimen garantías fundamentales para la participación política y agravan las condiciones de seguridad en la región.

En el documento, Ascamcat expresó que estas palabras “agudizan la estigmatización de nuestra organización campesina, suprimen nuestras garantías para la participación política, profundizan las condiciones de riesgo e incrementan las dificultades para la concreción de los esfuerzos que hemos desplegado”. Además, exigieron que cualquier avance en la firma del denominado Pacto Catatumbo esté precedido por un diálogo humanitario que garantice la autonomía y el reconocimiento de las comunidades afectadas.

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), fundada hace dos décadas, ha sido un actor clave en la defensa de los derechos del campesinado en una región históricamente golpeada por la violencia y el abandono estatal.

Según detalló la organización en su comunicado, su labor se centra en la reconstrucción del tejido social, la promoción de alternativas de desarrollo y la exigencia de derechos fundamentales como la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. También han denunciado prácticas como ejecuciones extrajudiciales y han trabajado en propuestas para la sustitución de cultivos ilícitos.

Sin embargo, este trabajo no ha estado exento de riesgos. En los últimos años, al menos 17 líderes de la organización han sido asesinados, y varios más enfrentaron procesos judiciales que, según Ascamcat, fueron utilizados como herramientas de persecución. Ante esta situación, muchos de sus dirigentes cuentan actualmente con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y la organización ha sido reconocida como sujeto de reparación colectiva mediante la Resolución 7765 de 2021.

Las palabras del presidente Gustavo Petro fueron interpretadas por las organizaciones campesinas como un retroceso en los esfuerzos por construir paz en el Catatumbo. Según el comunicado, estas afirmaciones no solo afectan la percepción pública de las organizaciones, sino que también incrementan los riesgos de seguridad para sus miembros y dificultan la implementación de iniciativas humanitarias y de desarrollo en la región.

En este contexto, Ascamcat y otras organizaciones reiteraron su compromiso con la paz y la búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado. Actualmente, junto a 40 movimientos sociales, participan en la primera Comisión de Verificación Humanitaria en el municipio de Tibú, un esfuerzo que busca visibilizar la crisis humanitaria en la región y exigir medidas concretas para el desescalamiento de la violencia.

En su comunicado, la asociación de campesinos resaltó que cualquier avance hacia la firma del Pacto Catatumbo debe estar precedido por un diálogo humanitario que garantice la participación y el reconocimiento de las comunidades afectadas. Este diálogo, según la organización, debe incluir medidas para el retorno seguro de líderes desplazados, firmantes del acuerdo de paz y otras personas en situación de vulnerabilidad.

Además, la organización destacó que este proceso debe enfocarse en garantizar transformaciones sociales profundas en la región, las cuales son necesarias para superar las condiciones de exclusión y violencia que han marcado la historia del Catatumbo. “Nuestra convicción por la defensa de la vida nos compromete con la construcción de paz”, afirmó Ascamcat en su comunicado, enfatizando que su trabajo ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

El rechazo a las declaraciones del presidente Petro no se limita a Ascamcat. Otras organizaciones sociales de la región, como Asojuntas, MPC, Cisca y Asuncat, también han expresado su preocupación por los efectos de estas afirmaciones. En conjunto, los movimientos han solicitado al mandatario que rectifique sus palabras y reconozca el papel fundamental que estas organizaciones han desempeñado en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el Catatumbo.

El comunicado de Ascamcat concluye con un llamado al presidente para que reconsidere sus declaraciones y se comprometa a garantizar las condiciones necesarias para el diálogo y la participación política en la región.

En un contexto marcado por la violencia y la ausencia de garantías estatales, las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo, en Colombia, enfrentan una situación crítica.

Según informó la Defensoría del Pueblo, estas poblaciones han sido históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales que han violado de manera sistemática el principio de distinción, un pilar fundamental del derecho internacional humanitario.

“También ha visibilizado el sentido de sus luchas y reconoce que estas se han desarrollado en contextos extremadamente hostiles, donde los grupos armados ilegales han vulnerado de manera estructural el principio de distinción”, dice una publicación de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la Defensoría, las comunidades han desarrollado iniciativas de organización y defensa de los derechos humanos, a pesar de operar en un entorno hostil.

Estas luchas, que buscan visibilizar las necesidades y derechos de los habitantes del Catatumbo, se ven constantemente amenazadas por la presión ejercida por actores armados ilegales.

“No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil”, concluye la Defensoría.

Estos grupos, mediante su poder militar, fuerzan a la población civil a alinearse con sus intereses, lo que incrementa el riesgo para líderes sociales y organizaciones comunitarias.