JEP extiendió la medida cautelar sobre archivos de contrainteligencia de la Brigada XX del Ejército

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la prórroga de la medida cautelar que protege los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional, con el objetivo de preservar y asegurar la información contenida en ellos, lo cual resulta clave en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

Esta decisión responde, en principio, a una solicitud urgente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), que alertó sobre el riesgo de destrucción o alteración de estos documentos, algunos de los cuales contienen información sobre graves violaciones a los derechos humanos.

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La Brigada XX del Ejército Nacional fue desmantelada en 1998 tras múltiples señalamientos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, algunos de los cuales fueron denunciados incluso por organismos internacionales como el Gobierno de los Estados Unidos.

Esta brigada operó en el contexto del conflicto armado colombiano desde 1985 hasta su disolución a fines de la década de los 90, un período en el que las prácticas de inteligencia y contrainteligencia del Ejército generaron gran preocupación por su posible vinculación con crímenes de lesa humanidad.

Para la JEP, es fundamental contar con estos archivos, pues su contenido podría ser clave para esclarecer las circunstancias de estas violaciones y para identificar a los responsables. La providencia emitida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad explica que la prórroga de la medida cautelar responde a la necesidad de preservar la integridad de la información almacenada en diversas dependencias del Ministerio de Defensa, especialmente en el Archivo General del Ministerio de Defensa, el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi) y el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim).

Según el texto de la providencia, “los archivos resultan de invaluable importancia para establecer la verdad y construir la memoria histórica sobre lo acontecido en el desarrollo del conflicto armado no internacional”. Este es paso fundamental en el proceso de reparación integral de las víctimas, ya que los archivos contienen información que podría ser utilizada como evidencia en futuras investigaciones relacionadas con crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.

La medida cautelar extendida tiene una vigencia adicional de un año, a partir del 14 de marzo de 2025, con el fin de completar el proceso de revisión, indexación y traslado definitivo de los documentos al Archivo General del Ministerio de Defensa. Esta prórroga será clave para continuar con el análisis detallado del material recolectado, que ha estado bajo el estudio del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP.

En 2023, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizó inspecciones judiciales en diversas sedes militares, donde se encontraron cientos de cajas con material sensible. Dicho material fue digitalizado con el fin de evitar su deterioro y facilitar su análisis posterior; y la medida de protección se ha implementado para evitar que estos documentos sean destruidos o alterados, lo que podría obstaculizar la obtención de justicia para las víctimas del conflicto armado.

Esta prórroga representa un avance significativo en la construcción de una memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Además, facilita el acceso a la información que podría arrojar nuevos elementos probatorios en los macrocasos que la JEP tiene a su cargo, particularmente en los relacionados con crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos perpetrados por actores del Estado.

En su providencia, la JEP subraya que esto se logra bajo el principio de justicia restaurativa, con el fin de garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

El tribunal también ha dispuesto que las autoridades competentes sigan vigilantes sobre la seguridad de los archivos y que mantengan informada a la JEP sobre cualquier cambio o movimiento en los documentos. Además, se establecen nuevas directrices para asegurar la correcta gestión de la información contenida en estos archivos, y se especifica que las autoridades deben cumplir con todas las disposiciones establecidas por la JEP para evitar cualquier alteración de los documentos.