El representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, presentó el 5 de marzo de 2025 una nueva propuesta de reforma política con el objetivo de fortalecer la democracia en Colombia y combatir la corrupción.
La iniciativa tiene como base las recomendaciones del Acuerdo de Paz y las sugerencias de la Comisión de la Verdad y la Misión Especial Electoral. Según Uribe, este acto legislativo busca modificar varias reglas clave en el sistema político y electoral colombiano, promoviendo una participación más equitativa y mayor transparencia.
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La reforma propone modificar las reglas para el reconocimiento de la personería política de los movimientos y partidos políticos. Con esta medida, se busca permitir que nuevos partidos y movimientos, incluso aquellos sin representación significativa en el Congreso, puedan acceder a los mecanismos necesarios para participar activamente en la política del país.
El objetivo es garantizar una mayor pluralidad política y que las agrupaciones con menos recursos puedan competir en condiciones más equitativas.
La propuesta también plantea cambios en la financiación de los partidos políticos, con el objetivo de que todos los movimientos reciban recursos exclusivamente del Estado. Esta medida pretende evitar la influencia del sector privado en la política, lo que podría fomentar prácticas de clientelismo y corrupción.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva reforma es la instauración del voto obligatorio. Según el texto, el Estado sería el encargado de garantizar que la ciudadanía vote en las elecciones, aunque también se aseguraría el derecho a la objeción de conciencia para aquellos que no deseen o no puedan votar.
En estos casos, no se impondrían sanciones a quienes se acojan a esta opción por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Esta medida busca aumentar la participación electoral, mejorar la legitimidad de los procesos electorales y fortalecer la representatividad del Congreso.
Además de estas reformas, la iniciativa propone cambios en las reglas de participación política. Se incluiría la obligación de listas únicas, cerradas y paritarias, lo que garantizaría una representación equilibrada de género en las instituciones políticas. También se propone la creación de consultas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que la ciudadanía tendría un papel más activo en la selección de los candidatos.
En cuanto a la reelección, la reforma establece un límite de tres períodos consecutivos para los senadores, representantes y miembros de las asambleas departamentales. Con esta medida, se busca evitar la perpetuación en el poder de los políticos y fomentar una renovación en las instituciones, reduciendo la posibilidad de clientelismo y prácticas corruptas asociadas a la permanencia prolongada en el cargo.
Otro aspecto relevante es la modificación de las edades mínimas para ser elegido. Con la reforma, se permitiría que los ciudadanos puedan postularse a la Cámara de Representantes y al Senado a partir de los 18 años, con el fin de promover una mayor inclusión de los jóvenes en los procesos electorales y garantizar que sus intereses estén representados en el Congreso.
Finalmente, la reforma tiene como uno de sus objetivos garantizar la transparencia electoral y evitar la corrupción. Para ello, se implementaría un sistema más estricto de control y supervisión sobre las campañas, promoviendo un entorno electoral más honesto y equitativo. De esta manera, se busca asegurar que los procesos electorales sean más transparentes y menos vulnerables a las prácticas corruptas.
El acto legislativo ha recibido el respaldo de un grupo de congresistas de diversos partidos políticos, como Alejandro Toro, Pedro Suárez Vacca, David Racero Mayocra, Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, entre otros. La propuesta fue diseñada para transformar el sistema político colombiano, que ha sido objeto de críticas por prácticas de corrupción y falta de transparencia en los últimos años.
Uribe Muñoz afirmó que esta reforma tiene como propósito fortalecer la democracia en Colombia, promoviendo una mayor participación ciudadana y reduciendo los riesgos de corrupción. A través de estas modificaciones, se espera establecer una nueva etapa en la política del país, caracterizada por mayor transparencia, inclusión y renovación en las instituciones.
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