El “Hombre Marlboro”, Euclidio Torres y Máximo Noriega declararán ante la Corte por dinero en campañas de congresistas

La Corte Suprema de Justicia ha intensificado las investigaciones sobre la presunta financiación irregular de las campañas de congresistas del Pacto Histórico, citando a declarar a figuras clave como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’; al dirigente político Máximo Noriega; y al empresario Euclides Torres.

Las diligencias, que serán lideradas por el magistrado César Reyes, buscan esclarecer los presuntos aportes no reportados que habrían recibido los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez.

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Según informó El Tiempo, Reyes se trasladará a Barranquilla para escuchar los testimonios de Lopesierra y Noriega, mientras que la declaración de Torres está programada para el martes 11 de marzo en Bogotá.

Estos testimonios son clave en las indagaciones que surgieron tras las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que varios congresistas habrían recibido dinero de fuentes no declaradas.

De acuerdo con el testimonio de Nicolás Petro, Flórez habría facilitado contactos con el Clan Torres, a través de Euclides Torres, para obtener recursos para la campaña en la región Caribe.

Por su parte, Escaf habría actuado como enlace con el empresario Christian Daes para gestionar fondos destinados a actividades de la campaña presidencial.

Lopesierra, quien ganó notoriedad por su pasado en el narcotráfico, inicialmente intentó evadir su declaración mediante un recurso de desacato, pero finalmente aceptará comparecer ante la Corte. Su testimonio podría revelar los mecanismos usados para canalizar recursos no declarados hacia las campañas políticas.

La investigación se intensificó luego de que la Fiscalía revelara que Nicolás Petro habría recibido más de 400 millones de pesos de Lopesierra entre 2021 y 2022. Chats extraídos del teléfono de su expareja, Daysuris Vásquez, muestran cómo se habrían coordinado las entregas de dinero.

Petro inicialmente confesó haber recibido fondos de Lopesierra y del empresario Gabriel Hilsaca, pero luego se retractó, alegando presión política para incriminar a su padre.

Esta contradicción ha complicado el caso, sumando incertidumbre sobre la veracidad de los testimonios y los verdaderos responsables de la presunta financiación irregular.

Las audiencias que se realizarán en marzo serán decisivas para determinar si existieron irregularidades en la campaña presidencial de 2022. La Corte busca esclarecer si los congresistas investigados fueron intermediarios en la recepción de recursos y si estos fondos provinieron de fuentes ilegales.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Nicolás Petro sigue en marcha, con la Fiscalía buscando probar los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El caso podría tener implicaciones políticas significativas para el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta un escrutinio cada vez mayor sobre la transparencia de su campaña.

En un giro significativo dentro del proceso judicial que involucra a dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Víctor Forero y Juan Camilo López, la defensa presentó el testimonio de un fiscal que podría cambiar el rumbo del caso.

Según informó Semana, los funcionarios, quienes estuvieron a cargo de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fueron capturados hace dos semanas bajo la acusación de haber interferido en una investigación relacionada con otro funcionario del CTI, conocido como alias Pacho Malo, en Buenaventura.

Durante la audiencia en la que se discutía la medida de aseguramiento contra Forero y López, la defensa introdujo como prueba la declaración de un fiscal que aseguró que las acciones de los acusados se limitaron a cumplir órdenes directas emitidas por él mismo.

Este testimonio contradice la versión de la Fiscalía, que sostiene que los investigadores actuaron por cuenta propia y fuera de sus funciones.

El fiscal, cuya declaración fue presentada por la defensa, explicó que las actividades de los investigadores formaban parte de un programa metodológico previamente establecido.

Según detalló, este programa estaba relacionado con un caso de alto perfil que requería apoyo del nivel central de la Fiscalía. En este contexto, se designó a Forero y López para llevar a cabo labores de policía judicial bajo su supervisión directa.

“Cuando son casos de connotación, casos relevantes, nosotros pedimos apoyo al nivel central y así fue que se designó a dos investigadores, Víctor Forero y el señor Juan Carlos López, a quienes les di órdenes de policía judicial”, afirmó el fiscal, según consignó Semana.