
Las agresiones que sufrieron una agente de seguridad y una funcionaria de inmigración en un complejo turístico, ubicado en Las Bahamas, por parte de una ciudadana colombiana, le valieron además de estropear lo que era un viaje para disfrutar de este destino paradisiaco, el pago de una millonaria sanción económica, como forma de compensar los daños causados a las dos mujeres.
La decisión se conoció por parte del togado que llevó el caso se hizo oficial el viernes 28 de febrero de 2025, pero ha dado de qué hablar los días siguientes la determinación que tomó el juez que llevó el caso, dejando un claro ejemplo de que los turistas tienen que ceñirse a las normativas en la isla, o de lo contrario el paseo les puede terminar saliendo caro.
En el caso de la ciudadana colombiana, identificada como Daniela Torres, de 30 años, varios medios locales confirmaron la resolución que tomó el magistrado principal Algernon Allen Jr., al hallarla culpable a la mujer por dos cargos de lesiones en contra de las dos funcionarias, y por su mal actuar tendrá que indemnizar a ambas mujeres, por 1.500 dólares (más de seis millones de pesos colombianos a la tasa de cambio del 4 de marzo de 2025).
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El portal The Tribune 242 aseguró que los hechos se presentaron en uno de los resorts que se encuentran en Barbados, cuya capital en Nassau, y hasta donde llegó la colombiana, pero un procedimiento de rutina terminaría por amargarle el viaje.

Mientras que el diario The Gleaner detalló que Torres se negó al parecer a mostrar su pasaporte de identificación a la funcionaria de inmigración Ashti Greenslade Campbell, que se lo pidió en el complejo turístico el sábado 22 de febrero.
Tras no colaborar con el procedimiento, Torres atacó a Campbell mordiéndola en uno de sus tobillos, y esto de inmediato provocó la intervención de la agente de seguridad Paula Adderley-Williams, que también terminó llevándose un recuerdo del viaje de la colombiana a las Bahamas, debido a que ella la mordió, pero en su pecho izquierdo.
Durante la audiencia, el magistrado Allen Jr., y gracias a la ayuda de un traductor de español que permitió que Daniela Torres se declarara culpable de los cargos, el togado la ordenó a indemnizar a Campbell con 1.000 dólares o enfrentarse a seis meses de prisión. Misma situación ocurrió con Williams, a quien le tuvo que abonar 500 dólares, o se veía expuesta a purgar una condena de tres meses de cárcel.

Familia colombiana enfrenta dificultades para repatriar el cuerpo de un joven fallecido en Barbados
En otro caso que se presentó en la isla caribeña, un joven colombiano de 28 años, identificado como Hugo Alberto Suárez, fue encontrado muerto en Barbados en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El fallecimiento ocurrió en enero de 2025, luego de que Suárez viajara a la isla caribeña a finales de 2024 para trabajar en una multinacional.
La familia del joven, residente en Chía, Colombia, enfrenta ahora un complejo y costoso proceso para repatriar el cuerpo, y por este motivo es que han solicitado apoyo gubernamental para darle un sepelio en su país natal.
Carlos Suárez, hermano del fallecido, explicó que Hugo Alberto había viajado el 23 de noviembre de 2024 para cumplir un contrato laboral con una empresa multinacional en Barbados. Sin embargo, poco más de un mes después, la familia recibió la devastadora noticia de su muerte. “El cuerpo de mi hermano fue encontrado sin vida por circunstancias que se desconocen”, afirmó Carlos en una entrevista con CityTV.

Un proceso de repatriación lleno de obstáculos
El traslado del cuerpo de Hugo Alberto Suárez a Colombia ha resultado ser un desafío considerable para su familia. Los costos asociados al proceso son elevados, lo que ha llevado a los allegados del joven a buscar apoyo económico en su comunidad local. En este sentido, los habitantes de Chía han mostrado solidaridad, contribuyendo con donaciones para aliviar la carga financiera de la familia.
A pesar de estos esfuerzos, los recursos recaudados no han sido suficientes para cubrir todos los gastos. Por esta razón, los familiares han solicitado la intervención de las autoridades colombianas. “En estos momentos necesitamos es el apoyo gubernamental de entidades de Colombia para poder repatriar a nuestro hermano”, expresó Carlos Suárez.
La familia Suárez ha insistido en la necesidad de que las entidades gubernamentales colombianas intervengan para agilizar el proceso. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las gestiones que puedan estar llevando a cabo las autoridades competentes en respuesta a esta solicitud.
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