La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia han solicitado la preclusión de un proceso penal en contra de Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien enfrenta acusaciones por el delito de instigación a delinquir.
Según medios como El Tiempo y W Radio, el caso, que se encuentra en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, está relacionado con un mensaje publicado por Prada en la red social X en agosto de 2020, en el que replicaba un comentario del abogado y periodista Hernando Herrera.
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De acuerdo con lo informado por la Corte Suprema, el mensaje en cuestión hacía referencia a declaraciones de Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y panelista en Caracol Radio, sobre posibles denuncias que congresistas del partido Centro Democrático planeaban presentar contra el exfiscal general Eduardo Montealegre.
Estas denuncias habrían sido una respuesta a las acciones legales anunciadas por Montealegre contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja.
Según el magistrado Jorge Caldas, quien preside la Sala de Primera Instancia, el caso se centra en determinar si el mensaje de Prada constituía una invitación a cometer un delito.
Durante una audiencia reciente, el procurador delegado José Fernando Ortega presentó un argumento clave para la solicitud de preclusión. Según Ortega, la denuncia formal de Montealegre fue presentada de manera extemporánea, lo que invalida el proceso penal contra Prada.
Ortega explicó que los mensajes objeto de la investigación fueron publicados entre el 25 y el 26 de agosto de 2020, pero Montealegre presentó la querella el 12 de marzo de 2021, excediendo el plazo legal establecido para este tipo de denuncias.
Prada podría ampliar su mandato
El 25 de febrero, con una votación de seis a cero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó una resolución que podría extender el mandato de su actual presidente, Álvaro Hernán Prada, por un año más.
Según informó El Espectador, la decisión fue tomada en una sala plena en la que tres magistrados se retiraron del debate, argumentando falta de garantías. Aunque el periodo de Prada finaliza oficialmente en septiembre, esta medida abre la posibilidad de que continúe en el cargo si la mayoría de los magistrados así lo decide.
La resolución, propuesta por el magistrado Alfonso Campo del Partido Conservador, modifica el reglamento interno del CNE para permitir la reelección del presidente de la entidad.
Entre los magistrados que respaldaron la iniciativa se encuentran Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz (Alianza Verde), Maritza Martínez (Partido de La U) y César Lorduy (Cambio Radical), además del propio Prada. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversias.
Tres magistrados, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez (Pacto Histórico) y Altus Baquero (Partido Liberal), decidieron no participar en la votación.
De acuerdo a lo que detalló el medio mencionado, estos magistrados argumentaron que no existían garantías suficientes para llevar a cabo el debate.
En particular, Velázquez presentó una recusación contra Prada por un posible conflicto de interés, pero esta fue rechazada por el propio presidente del CNE.
La magistrada Velázquez no descartó llevar el caso a otras instancias judiciales, lo que podría escalar el conflicto dentro de la entidad. Este episodio refleja una división interna en el CNE, que ya se ha evidenciado en otras decisiones clave, como las relacionadas con el expediente sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La posibilidad de que Álvaro Hernán Prada continúe al frente del CNE adquiere especial relevancia en un año en el que la entidad enfrenta decisiones trascendentales.
Según reportó El Espectador, el organismo debe resolver el caso sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro, un tema que ha generado gran expectativa en el ámbito político.
Además, el CNE tiene previsto gestionar un presupuesto cercano a un billón de pesos colombianos (aproximadamente 240 millones de dólares) para asuntos electorales.
Sin embargo, la crisis fiscal podría llevar a un aplazamiento de 600.000 millones de pesos (alrededor de 144 millones de dólares), lo que complicaría la ejecución de los proyectos planeados.
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